El PP ha solicitado formalmente a la Consejería de Cultura del Principado de Asturias que abra de forma urgente e inmediata un expediente sobre el mantenimiento de los hallazgos arqueológicos en la Campa Torres para evitar que prescriban posibles infracciones administrativas de carácter muy grave de las leyes de Patrimonio Cultural de Asturias y Patrimonio Histórico Español. Este tipo de infracciones prescriben a los diez años y las excavaciones motivo de polémica terminaron en el año 2000. El PP ha calculado que a partir de septiembre de este año cualquier irregularidad puede quedar impune y quiere evitar que ocurra lo mismo que en la vía judicial. El fiscal que atendió la denuncia popular sobre la Campa Torres asumió la existencia de indicios de delito, pero archivó el caso al haber prescrito cualquier delito hace años.
«Los responsables socialistas en lugar de hacer cumplir la ley en este caso se han dedicado a encubrir a sus compañeros. Aquí hay un daño claro al patrimonio arqueológico asturiano y ni el Ayuntamiento ni la Consejería de Cultura han denunciado o abierto un expediente sancionador», explicaba ayer el concejal Manuel Pecharromán, que, junto a su compañera María Jesús Rodríguez, firma la petición de la apertura de este expediente administrativo en su calidad de miembros del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias. Pecharromán adelantó que la Consejería de Cultura podría incurrir en un delito de prevaricación si no tramita este expediente investigador.
Al tiempo, y ya en el ámbito estrictamente municipal, Pecharromán firma un ruego dirigido al concejal de Cultura, Justo Vilabrille, para que informe sobre posibles denuncias o quejas realizadas por Francisco Cuesta sobre el deficiente almacenamiento y conservación de los materiales hallados en las campañas arqueológicas de la Campa. Cuesta, actual responsable del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, fue codirector de las excavaciones y una de las personas que el PP considera responsables del hecho de que centenares de cajas con materiales arqueológicos de diferente valor estuvieran durante una década en un almacén de cuya existencia no se tenía conocimiento. Los populares, sin embargo, centran sus ataques en los responsables culturales de los gobiernos regional y local. Sobre todo en Mercedes Álvarez, ahora consejera de Cultura y en aquellos años concejala de la misma área en Gijón.
Sobre la responsabilidad de la actual directora del museo, Paloma García, Pecharromán no va más allá de indicar que «pueda llamar la atención su desconocimiento de la existencia de ese almacén, pero es verdad que en los planos del museo, que hizo la hermana de Cuesta, no aparece».