Unos niños juegan en una escuela infantil.
La Comisión Regional de Educación del Partido Popular, reunida el pasado jueves, fijó postura sobre la problemática surgida con los educadores de las escuelas infantiles. Dicha comisión acordó pedir al Principado que sea esta Administración quien asuma el personal de toda la red. El PP también reclamará que este servicio sea universal, es decir, que sea igual en todos los ayuntamientos y no haya discriminaciones según el municipio.
El concejal popular gijonés Manuel Pecharromán, que participó en esa Comisión, valoró que a raíz de la sentencia del TSJA «cualquiera de los educadores del resto de escuelas asturianas puede denunciar y acabará siendo personal fijo de su respectivo ayuntamiento».
Pecharromán también criticó que en Gijón «hay ciudadanos de primera que usan la red del ciclo de 0 a 3 años y otros de segunda que llevan a sus hijos a guarderías privadas y lo pagan todo de su bolsillo». Además, explicó que mientras el coste mensual por plaza en una guardería privada oscila entre los 180 y los 240 euros en las escuelas públicas el coste asciende a 720 euros. El concejal también criticó el vacío legal en torno a este ciclo y que el Principado lo utilice como «instrumento par ahogar financieramente a los ayuntamientos que asumen el modelo».
Por otra parte, mañana se celebrará una Comisión de Hacienda extraordinaria, solicitada por el Grupo Popular para que Santiago Martínez Argüelles explique las consecuencias económicas para las arcas municipales que se derivan de la sentencia del TSJA que obliga al Ayuntamiento a integrar el personal de las escuelas infantiles en la plantilla municipal.
