El Partido Popular de Gijón apela a la necesidad de trasmitir «serenidad y tranquilidad» a la ciudadanía en un momento convulso para el urbanismo local. El edil Francisco Cubiella se mostró partidario de que la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación se realice con las máximas garantías para «no volver atrás». «Nuestra máxima preocupación es cómo hacerlo y en qué tiempos», apuntó tras la celebración de la comisión municipal de Urbanismo. Aunque la suspensión del proceso para la contratación del nuevo equipo redactor del PGO no formaba parte de los asuntos del orden del día de la reunión, sí que valoraron los populares, al término de la convocatoria, la necesidad de conocer en qué tiempos se desarrollará este proceso.
La única respuesta que recibieron de la concejala de Urbanismo, la casquista Lucía García Serrano, es que los técnicos están trabajando en ello y no podían ahora concretar cuánto se demorará el trámite. «Nos preocupa la deriva que está llevando toda la tramitación desde la anulación del plan urbanístico», apuntó Cubiella, al tiempo que reclamó una mayor concreción al equipo de gobierno acerca de los plazos. A su juicio, la suspensión del proceso de licitación de la redacción del PGO en tanto que se resuelven los recursos planteados a la contratación, excede del ámbito del urbanismo local, pues en este caso se convierte también en un problema de orden económico, habida cuenta de que son muchos los promotores, constructores y empresas del sector así como ciudadanos en situación de desempleo que podrían encontrar acomodo en este área si se agilizara la tramitación pendiente.
«Ante los recursos presentados por PSOE y la junta de compensación de Cabueñes, se optó por lo que creíamos que era lo más conveniente», razonó la edil de Urbanismo ante los requerimientos realizados desde el Grupo Popular. Según Cubiella, en este proceso «hay muchísimos intereses en juego», por ello, insistió en que confían «que sea el mínimo de tiempo posible» para que pronto vuelva a cobrar actividad el urbanismo local. De cualquier manera, los populares no ocultan su preocupación por la necesidad de que cualquier avance que se dé en este sentido goce de plenas garantías jurídicas y que no haya afectaciones graves para el municipio.