A raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), que obliga al Ayuntamiento de Gijón a incluir a los trabajadores de las escuelas de 0 a 3 años en su convenio colectivo, el Grupo Popular ha solicitado la convocatoria de una Comisión Extraordinaria de Hacienda para que el gobierno municipal explique las consecuencias que se pueden derivar de dicho fallo judicial.
El concejal Manuel Pecharromán considera que esta situación es consecuencia de “las chapuzas del PSOE” en materia educativa, al tiempo que afirma que el Gobierno del Principado es el que tiene las competencias en esta materia y, por lo tanto, “la Administración regional debería haber contratado al personal de las escuelas infantiles”.
El Grupo Popular siempre ha defendido que estos educadores fueran contratados por el Gobierno del Principado mediante oposición, lo que hubiera facilitado la movilidad y carrera profesional de este personal. Por el contrario, la alcaldesa Paz Felgueroso se empeñó en extender este nefasto modelo.
Pecharromán recuerda que el Grupo Popular lleva años advirtiendo de los efectos negativos que podía suponer la contratación en precario de estos educadores, como así ha sucedido. La sentencia del TSJA obliga ahora al Ayuntamiento a asumir las plantillas de las escuelas de bebés, un fallo que costará a las arcas municipales una cantidad ingente de dinero.
En una situación de crisis como la actual, con las arcas municipales bajo mínimos, esta sentencia supone un fuerte varapalo para la economía local. El concejal responsable del personal municipal, Santiago Martínez Argüelles, tendrá que explicar cómo se negoció el pésimo convenio municipal que ahora deberemos pagar todos los gijoneses. Deberá también aclarar cómo piensa hacer frente al enorme gasto que traerá consigo asumir a estos educadores en la plantilla municipal: ¿qué bienes o servicios quitará a los gijoneses para poder mantener esta nueva ‘estructura’ de personal?, ¿subirá aún más los impuestos municipales?
