“Uno de los derechos fundamentales de las instituciones democráticas es el derecho a controlar la acción de gobierno. Y ello es posible gracias al Derecho a la Información, que es el que tenemos los miembros de la Corporación, los concejales, y los ciudadanos, a través de los medios de comunicación”. Así comenzaba el concejal popular Luis Crego su intervención en la rueda de prensa de hoy, en la que informó de que el Grupo Popular ha interpuesto un recurso ante el juzgado de lo contencioso-administrativo contra el gobierno municipal por “violación de derechos fundamentales”, al negarse a facilitar las facturas solicitadas por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Gijón.
Luis Crego explicó que es obligación del único grupo de la oposición fiscalizar las miles de facturas que emite este Ayuntamiento y en las que se refleja en qué se gasta, por qué importe y a quién se abonan, unos recursos que proceden de las tasas e impuestos de todos los gijoneses. “Estamos hablando de los gastos del Ayuntamiento de Gijón, que es la segunda empresa mayor del municipio, detrás de ArcelorMittal, en número de empleados y en volumen de gastos”, recordó.
El concejal popular informó de que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón se reúne semanalmente para dar su visto bueno a las cientos de facturas que pasan por ese órgano municipal. Para poder acceder a ellas, los concejales del Grupo Popular tienen que seguir una serie de pasos, como pedir por vía reglamentaria el acceso a la relación de facturas, pedir las más relevantes, etcétera.
El pasado 14 de abril, el Grupo Popular tuvo acceso a multitud de relaciones de facturas, aprobadas en diversas Juntas de Gobierno de varios meses y que recogen miles de justificantes de gasto. Para evitar duplicidades, los doce concejales pusieron en común las que interesaban a cada uno y se pidieron todas en bloque, bajo la firma de Luis Crego.
La sorpresa llegó el 19 de abril, cuando Alcaldía respondió que “no pueden formularse peticiones genéricas e indiscriminadas para evitar colapsar la Administración pública”. “Lo que se pretende de manera grosera es negar el derecho a la información de en qué se gasta y cómo se gasta este Ayuntamiento el dinero de todos los gijoneses”, criticó Crego. Por ello, el Grupo Popular interpuso la pasada semana un recurso ante el juez, que espera que se resuelva en unas semanas. “Es lamentable y reprobable que tengamos que pedir tutela judicial para acceder a esa información”, concluyó el concejal.
