El concejal Manuel Pecharromán, en rueda de prensa.
Rueda de prensa del portavoz del Grupo Popular, Manuel Pecharromán: «Les quiero informar de una iniciativa que llevaremos al próximo Pleno Municipal y que está relacionada con un hecho muy grave producido en el anterior mandato socialista en este Ayuntamiento. El ex concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, hoy presidente de la Junta General del Principado, envió a los servicios municipales de su Concejalía una comunicación por la que se establecían nuevos criterios para la instalación de terrazas en la ciudad, en base a un supuesto acuerdo de la Junta de Gobierno de 12 de abril de 2011, que no está en la acta. Acuerdo que no existe. Estamos hablando de que Sanjurjo mintió. Dio una directriz fundamentándose en un acuerdo falso.
Y, por ello, se estaba y se está tramitando mal gran parte de la instalación de terrazas en Gijón. Se estaba regulando y sancionando en base a un acuerdo que no tiene respaldo jurídico. ¿Cuáles son las consecuencias de esta acción del ex concejal de Urbanismo? Eso es lo que queremos saber y preguntaremos al gobierno local. A priori, parece que habría que revisar expedientes y los hosteleros afectados podrían solicitar indemnizaciones.
Queremos saber si esta práctica era habitual en el gobierno del PSOE o si era solo una práctica de la Concejalía de Sanjurjo. También queremos saber, y se lo preguntaremos a la alcaldesa en el Pleno, qué acciones piensa llevar a cabo el gobierno local y que se nos aclare si hay conocimiento en los servicios municipales de que se hubiera producido alguna otra instrucción o comunicación falseada o sin respaldo legal.
Fíjense que estamos hablando del mismo protagonista que nos ha llevado a que Gijón tenga anulado el Plan General de Ordenación, el PGO. El mismo que ha hecho que el Ayuntamiento no tenga seguridad jurídica. Todo esto es gravísimo.
Desde el Partido Popular queremos llegar hasta el final. Hay que aclarar todo. Estamos hablando de que Sanjurjo transmite un acuerdo que no se ha tomado y que produce efectos frente a terceros. Y lo hace a sabiendas de que es falso que la Junta de Gobierno haya tomado ese acuerdo. Podríamos, incluso, estar hablando de prevaricación.
Estamos en un Estado de Derecho, y los ciudadanos está protegidos y obligados por leyes y normas.
Si una autoridad municipal, como es el actual presidente de la Junta General, se las inventa, el Estado de Derecho debe actuar”.
