El fallo del juzgado de lo Contencioso-Administrativo que desestima el recurso de Dora Alonso contra la decisión del gobierno casquista de Gijón, que la destituyó como secretaria municipal por convocar un Pleno legal con el que la alcaldesa, Carmen Moriyón, no estaba de acuerdo, sienta, a juicio del portavoz del Grupo Popular, Manuel Pecharromán, «un peligroso antecedente» a nivel nacional en la defensa de la imparcialidad de los funcionarios.
El fallo «evidencia una contradicción muy clara, ya que se justifica la pérdida de confianza de la alcaldesa en Dora Alonso pese a haber cumplido ésta con la legalidad», advierte el portavoz popular.
«Al hablar de cargos de libre designación o confianza, la ley presupone el buen hacer de los gobernantes y su cumplimiento de la ley como prometemos al asumir nuestro cargo. ¿Qué tiene que hacer una secretaria general cuando el equipo de gobierno pretende incumplir la ley, como en el caso de la ordenanza de fachadas? A partir de ahora lo que puede ocurrir es preocupante y contradictorio», expone Pecharromán.
El PP considera que hay una gran diferencia entre el responsable de la asesoría jurídica del Ayuntamiento y la Secretaria General de Pleno. «La asesoría está para buscar argumentos jurídicos en la defensa de las decisiones del gobierno o la alcaldesa pero la secretaria debe ser imparcial y velar por la legalidad del procedimiento», matiza.
