(EL COMERCIO) En Vic, un puñado de separatistas quiso reducir la Cabalgata a una simplona exhibición de esteladas puestas en los farolillos de costumbre. Les salió el “tiro” por la “culata”; como suele ocurrir cada vez que se retuercen los acontecimientos en provecho propio; y el público asistente, salvo excepciones, le dio un buen “corte” de “mangas” a la politización de la noche de la “ilusión”. Aun así, Cataluña sigue siendo la gran cuestión política a la que debe enfrentarse el gobierno de Mariano Rajoy. Y no va a ser fácil; hay quienes llevan décadas tejiendo una inmensa y sólida red con el “hilo” del “Madrid nos roba”, inculcando hasta los tuétanos que “ser catalán” excluye “ser español”; hasta el punto de que formaciones nacionalistas como Convergencia, Ezquerra o la CUP, exhiben como “trofeo” su insumisión a la ley y al Tribunal Constitucional, cuando éste simplemente reitera algo tan obvio como que la soberanía reside en el pueblo español. Por cierto, al igual que lo ha hecho la pasada semana el Constitucional alemán respecto a Baviera.
No obstante el problema “catalán”, a día de hoy es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado la cuestión de mayor urgencia, no sólo de cara a la viabilidad de la presente legislatura; sino y sobremanera de cara a nuestro inmediato futuro socioeconómico. Si no salen los Presupuestos, la recuperación puede resentirse y la estabilidad política quebrarse; y no nos conviene ni lo uno ni lo otro.
Por otro lado, y en el ámbito del País Vasco, acaba de entrar en vigor la nueva Ley de Derecho Civil que, en materia sucesoria, limita la legítima de hijos y demás descendientes a un tercio de la herencia, permitiendo el “apartamiento” de éstos sin esgrimir motivo alguno. Dicha normativa foral contrasta notablemente con la vigente en territorio de Derecho Civil Común, caso de Asturias; en la medida que ésta pone importantes cortapisas a la libertad de testar – la legítima a favor de hijos se eleva a dos terceras partes del caudal hereditario- al tiempo que su desheredación se articula como excepcional y en base a justa causa legal.
En realidad, la nueva Ley vasca no hace sino avivar el debate acerca de la libertad de un individuo a la hora de ordenar la sucesión sobre sus propios bienes; y, por consiguiente, hasta qué punto unos hijos que se han desinteresado o no cuidado a sus padres deben adquirir forzosamente las dos terceras partes de su herencia.
Es natural que los padres dejen sus bienes a los hijos; pero también lo es que decidan no hacerlo cuando el comportamiento de los mismos no esté a la altura de las circunstancias, garantizando la ley dicha opción en un plano de igualdad, y no como excepcional. De hecho, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo está sentando doctrina en tal sentido, al atemperar el rigor del Código Civil, y respondiendo de este modo a las circunstancias del modelo de sociedad actual, a la que por desgracia no es ajena la desatención o el abandono de los progenitores por unos hijos, que se saben herederos por ley.
En el País Vasco, el número de consultas a las Notarías a fin de cambiar el testamento ha experimentado un incremento significativo. La cuestión está abierta; y, me temo que sin marcha atrás. No en vano, toda norma debe adecuarse a la realidad social del tiempo en que vivimos.
Ángeles Fernández-Ahúja
