La concejala del PP, Dorinda García, señaló que existe «poco margen para la duda» sobre el uso de información privilegiada para lucro personal por parte del ex arquitecto jefe municipal, Ovidio Blanco, el cual compró y revendió dos veces la misma parcela en Cabueñes de la que supuestamente obtuvo un beneficio de más de 600.000 euros al recalificarse y pasar a ser urbanizable tras la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Parcial de Cabueñes.
Así lo dijo en rueda de prensa en el Ayuntamiento, en la que recalcó que Blanco gozaba de la «plena confianza» del presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, quien fuera alcalde de Gijón hasta 1999, así como de la actual regidora, Paz Fernández Felgueroso, el consejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía, quien fue jefe del Servicio de Urbanismo en Gijón, y de los ediles anterior y actual de Urbanismo, Jesús Morales y Pedro Sanjurjo, respectivamente.
García se preguntó por las responsabilidades políticas que pudieran tener en el asunto todos ellos, ante la operación comercial realizada por Blanco. También recordó que este último trabaja para Sogepsa -como profesional autónomo-, organismo presidido por el consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Ordenación el Territorio, Francisco González Buendía, y del que el único representante del Ayuntamiento de Gijón es la alcaldesa. Para la concejala, este asunto es la «punta del iceberg» de 30 años de Gobierno socialista. También señaló que en la opción de compra de la parcela firmada entre Blanco y su esposa con la inmobiliaria Urbis, cuya escritura pública es de fecha del 11 de julio de 2005 por importe de 90.150 euros, se pone como condicionante que la tramitación del PGOU se apruebe y la parcela quede incluida.
En este sentido, la edil apuntó que de no ser así Urbis podía cancelar la opción de compra. Como ejemplo, indicó que si en lugar de 600 se hubiera contemplado una edificabilidad de 500, el contrato hubiera sido cancelado, por lo que dijo que Blanco tenía que conocer cómo iba a quedar redactado el Plan Parcial de Cabueñes.
Asimismo, criticó las «contradicciones y falsedades» manifestadas por el equipo de Gobierno en torno al asunto y tildó del «inaceptable» que la alcaldesa telefoneara a la fiscal jefe de Gijón, Rosa Álvarez, una vez remitida la documentación para que investigaran del caso. «No queremos pensar que el Ayuntamiento quiera interferir en la investigación», dijo. Pese a ello, dijo no dudar de que la Fiscalía actuará «con absoluta independencia».
Por todo ello, García, acompañada del edil del PP Pablo Fernández, exigieron la constitución de la comisión de investigación –denominada de otra manera según el Reglamento municipal–, al considerar que no es el mismo ámbito que la de Urbanismo, donde sólo puede la oposición realizar tres preguntas, o el jurídico, con alusión a la Fiscalía.
En su opinión, el rechazo de Felgueroso a crea esta comisión, que entra dentro del ámbito político, es para «eludir» su responsabilidad. También puso en duda que el Ayuntamiento no conociera las transacciones de Blanco, ya que el notario debe remitir las escrituras al Consistorio para establecer las plusvalías. «No pasaría desapercibido», aseguró sobre las operaciones mercantiles de Blanco.
Con todo, la concejala no entró a valorar si existe o no delito, ya que eso, a su juicio, debe determinarlo la Fiscalía. García aseguró que el PP está a disposición de la Fiscalía y que entregarán la documentación que se les pida. «No somos nosotros los que no queremos investigar», añadió Fernández. El edil se preguntó por la relación de Blanco con la empresa Hoyant, a la que compró y vendió la parcela, y si existen más casos de compra-venta en la que haya participado el ex arquitecto jefe municipal. «Se tiene que crear esta comisión cuanto antes», apostilló. También enfatizó que Hoyant comprara el terreno a 4,5 euros el metro cuadrado para luego venderlo a Blanco perdiendo dinero.
