OFICINA DE INFORMACIÓN | Repugna a la mera lógica la calificación de los hechos sucedidos el paso 1 de octubre como de “represión violenta” cuando ha quedado acreditado que la actuación de la fuerza pública se circunscribió, espacial y subjetivamente, a quien impedía por la fuerza la ejecución de un mandato del poder judicial.
Los efectivos policiales ejecutaron una orden judicial (no del gobierno) de desalojo de espacios públicos de los que previamente se habían apoderado grupos organizados con el apoyo logístico y material de toda una Administración autonómica actuando en abierta rebeldía.
Es preciso garantizar el imperio de la ley en vez de apoyar a quienes han exhibido impúdicamente su condición de facciosos dando muestras de su desprecio a la Constitución y a la legalidad democrática que hemos construido entre todos. Desde hace décadas vivimos en un Estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a las leyes. Porque, como todos sabemos, sin ese respeto no hay convivencia democrática posible en paz y libertad.
Quienes aprovechan el órdago independentista para generar inestabilidad en las calles y debilidad en las instituciones, quienes se conviertan en cooperadores necesarios y cómplices de los que quieren romper la soberanía nacional y no de los que la defienden, tendrán que responder ante los ciudadanos por su deslealtad en el actual momento de crisis.
En un momento en que la ciudadanía viven con desasosiego y tristeza los acontecimientos que están sucediendo en Cataluña, corresponde a los representantes públicos transmitir un mensaje de tranquilidad, de confianza y de esperanza.
Por todo ello, por el intento de algunos para quebrar el Estado y la convivencia, que esta misma tarde se ha querido forzar desde el Parlamento catalán, y por el sentido de responsabilidad que debe de caracterizar a los cargos electos, queremos pedir públicamente al Grupo Municipal de Xixón sí Puede, que retire su propuesta de condena de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el pasado día 1 de octubre, presentada ante el Pleno del Ayuntamiento de Gijón para su debate en la sesión ordinaria del 11 de octubre.
