“Reprobable, irresponsable y cuando menos negligente”. Así califica el concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Gijón Eduardo Junquera la actitud de miembros del gobierno municipal que no leen los documentos que firman.
Eduardo Junquera solicitó el pasado 4 de marzo, diversa documentación, en su condición de miembro del Pleno del Ayuntamiento, que constituye la Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA). Una petición que fue dirigida a la presidencia de la EMA, cuya titular es la concejala Dulce Gallego.
La respuesta se produjo ayer, 25 de marzo. En ella, Dulce Gallego se dirige a Eduardo Junquera como “Miembro del Consejo de Administración de la EMA” y “Consejero de la sociedad”, cuando Junquera fue cesado como consejero de la EMA, con el voto de los concejales del PSOE y de IU, en el Pleno celebrado en febrero de 2009. Obviamente, uno de las concejales que votó a favor del cese fue Dulce Gallego, quien, por otra parte, con cargo a los presupuestos de esa empresa que preside, encargó un llamado “informe jurídico” para pretender fundamentar esta decisión. Este acuerdo plenario fue recurrido en vía judicial por el Grupo Popular por ser contrario a Derecho y tomado como medida de represalia, porque Eduardo Junquera, en su condición de consejero de la EMA, estaba tratando de informarse, como era su obligación, de diversos asuntos que se realizaban en el seno de esa empresa municipal.
Para Eduardo Junquera, “resulta sorprendente y particularmente reprobable que, tras todas estas actuaciones de Dulce Gallego encaminadas, durante largo tiempo, a negar mis derechos como consejero de la EMA y, posteriormente, a expulsarme de esta sociedad, ahora ella misma firme un escrito oficial en el que aparezco como miembro del consejo de la sociedad. Se demuestra con esto que la presidenta de una empresa de la entidad y volumen de actividad como la municipal de Aguas, no llega ni tan siquiera a leer los documentos que dirige a un miembro de la Junta General y concejal del Ayuntamiento.
Esto coincide en el tiempo con la aprobación por parte de la concejala Esperanza Fernández de una Declaración Institucional, en una reunión del Consejo Municipal de Cooperación, en la que se afirmaba, entre otras cosas, que en España “se tortura, se persigue a inmigrantes, se envían soldados a matar civiles…”. Y cuando este hecho tan grave se dio a conocer, esta concejala socialista respondió “que no lo había leído”.
Es lamentable que los responsables de regir un Ayuntamiento como el de Gijón actúen de manera tan irresponsable. ¿Qué seguridad pueden tener los gijoneses de que los asuntos sobre los que deciden todos los concejales del equipo de gobierno han sido al menos leídos antes de ser firmados?, ¿cómo se explica esta forma de actuar?, ¿es ineptitud, vagancia, dejadez…?
En todo caso, la conducta que demuestran es cuando menos negligente, porque cuando un miembro del gobierno pone su firma en documentos, expedientes, resoluciones, etcétera, asume con ello todas las consecuencias que se puedan derivar”, o así debería ser”.
