El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ha puesto en marcha, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, las obras para reparar los daños causados por los últimos temporales, y Asturias es la primera región en la que han empezado a ejecutarse los trabajos de emergencia. Las actuaciones se centran en el acceso a la playa de Luarca, el arreglo de la escollera de Salinas, el refuerzo de anclajes en el paseo gijonés de San Lorenzo y en la intervención en el espigón de El Puntal (Villaviciosa).
El Ejecutivo de la Nación ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes, que implica a varios ministerios (el ya citado de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; el del Interior; Hacienda y Administraciones Públicas; Fomento; Empleo y Seguridad Social e Industria, Energía y Turismo) para paliar los efectos de los temporales y recobrar la normalidad en las zonas afectadas antes de que comience la temporada de verano.
La celeridad y el rigor con el que ha actuado el Consejo de Ministros en nuestra comunidad autónoma, primera Administración que aprueba una disposición normativa y una consignación presupuestaria para reparar los destrozos del temporal, evidencia una vez más el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy con Asturias y con los damnificados por la virulenta tormenta de viento y mar.
La magnitud de los hechos y sus graves consecuencias han llevado al Gobierno de España a aplicar de manera inmediata los principios constitucionales de solidaridad y equidad, mediante la adopción de un conjunto de medidas paliativas para favorecer el restablecimiento de los servicios, la reparación de los daños producidos, tanto públicos como privados, y la vuelta a la normalidad de las zonas siniestradas.
En primer lugar, el Estado ha activado un crédito extraordinario para hacer frente a la reparación de los perjuicios provocados por las fuertes borrascas del 1 y el 2 de febrero, cuya reparación corresponde al Magrama. Las primeras intervenciones comenzaron la semana pasada en nuestra región por un importe de 355.000 euros.
En Asturias, las actuaciones se centran en la retirada de escombros y apertura del acceso a la playa de Luarca (Valdés), la reparación de la escollera de Salinas (Castrillón), el cierre de las infraestructuras dañadas y refuerzo de anclajes en el paseo de San Lorenzo (Gijón) y la cimentación de la oquedad producida en la escollera de El Puntal (en Villaviciosa).
Los daños producidos durante el temporal han alcanzado tanto a bienes de particulares, fundamentalmente locales comerciales, viviendas y vehículos situados en las inmediaciones de zonas de playa o portuarias; como a bienes de titularidad pública de las distintas Administraciones: dominio público marítimo terrestre, en particular playas y puertos de titularidad estatal, así como diversas infraestructuras municipales y autonómicas.
Desde el inicio de la situación, el Gobierno de España ha adoptado las medidas necesarias tanto para prevenir, desde un principio y en colaboración con otras administraciones afectadas, los riesgos que para personas y bienes pudiesen derivarse de la sucesión de temporales y la mantenida situación de alerta, como para dar información y atención a los damnificados y evaluar los daños efectivamente producidos, a fin de poder dar una respuesta ágil y proporcionada, atendiendo, en tiempo y forma, a todos los daños personales y a infraestructuras públicas causados por estos temporales.
El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros incluye una amplia batería de medidas, que incluyen desde actuaciones relacionadas con la disminución de cargas tributarias, hasta ayudas a las empresas y particulares afectados, y medidas para facilitar la reparación de los bienes dañados y restablecer la calidad de vida en las zonas afectadas.
Reparación de daños materiales y personales
Asimismo, establece ayudas destinadas a paliar daños personales y materiales de viviendas y enseres, incluidos los sufridos en establecimientos agrarios y marítimo-pesqueros; actuaciones en la costa, en el dominio público hidráulico y en las infraestructuras rurales de uso general en las comunidades autónomas afectadas; reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias; y medidas laborales y de Seguridad Social.
En el ámbito laboral, se recogen medidas de flexibilización del régimen laboral y exenciones de cuotas de la Seguridad Social. Se incluye la moratoria de hasta un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas y los trabajadores por cuenta propia que hayan sufrido daños o pérdidas de actividad directamente derivadas del temporal, como es el caso de pescadores y mariscadores.
En beneficios fiscales, contempla la exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las ayudas por daños personales, y respecto de los bienes dañados, exención de cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, reducción de cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas o la habilitación prevista para el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para reducir los módulos de las actividades agrarias para fijar la cuota de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Valor Añadido.
Por otro lado, dada la naturaleza de los daños, y atendiendo al importante número de establecimientos mercantiles que en playas y zonas costeras han resultado dañados, el Real Decreto Ley, además de las medidas de ayuda más comunes ante este tipo de sucesos catastróficos, contiene disposiciones específicas para ayudar en particular a empresas de pequeño tamaño que hayan visto afectados sus establecimientos turísticos y de otra naturaleza, ampliando las ayudas ya existentes.
Además, para que los municipios costeros concernidos puedan reparar los daños antes del comienzo de la temporada turística, se incluye una convocatoria especial de préstamos bonificados a través del Fondo Financiero para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT), con el fin de financiar las obras de reparación de las infraestructuras turísticas municipales y establecimientos turísticos privados que hayan quedado afectados.
Una comisión de seguimiento integrada por los ministerios citados en coordinación con las comunidades autonómicas velará por el cumplimiento de las disposiciones recogidas en el Real Decreto. Las actuaciones de restauración de las infraestructuras de titularidad estatal contempladas se financiarán mediante créditos extraordinarios con cargo al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria.
En el caso del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, las actuaciones, medidas y obras de emergencia que va a impulsar este departamento ascienden a unos 44 millones de euros en las fachadas costeras atlántica y cantábrica, de los que 35 millones se destinarán a actuaciones y obras de emergencia; nueve millones para las relativas al dominio público hidráulico; y cerca de 600.000 euros en materia de obras de emergencia para infraestructuras rurales.
Flexibilización de los trámites
En el ámbito del Ministerio de Interior, se flexibilizan los requisitos exigidos para la concesión de ayudas en situaciones de emergencia, de manera que se amplía de uno a dos meses el plazo para presentar las solicitudes para cualquiera de estas ayudas, y se reduce de seis a tres meses el plazo para resolver.
Por otro lado, se contemplan ayudas por daños personales (fallecimiento o incapacidad), por daños materiales en viviendas habituales y enseres, ayudas a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, pesqueros y turísticos, y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes.
También se incluyen ayudas a las Corporaciones Locales por los gastos causados para hacer frente a estas situaciones de emergencia, como, por ejemplo retirada de arenas o limpieza de vías y paseos marítimos. Asimismo, se facilita la acreditación de la titularidad de los inmuebles afectados, además de prever otras ayudas como la exención de determinadas tasas de tráfico a los damnificados.
En relación con las infraestructuras locales, se prevé la posibilidad de financiar hasta el 50 por 100 del coste de la reparación de los servicios afectados y se tramitarán por el procedimiento de emergencia las obras de reparación o restitución de todo tipo de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal.
