El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha propuesto el indulto de seis condenados por delitos continuados de coacciones graves y obstrucción a la Justicia. El caso es bien conocido en Gijón.
Entre los disparates que se han podido escuchar sobre esta cuestión destacan, como suele ocurrir cada vez que abre la boca, los vertidos por la inefable ministra Yolanda Díaz, repitiendo ese mantra de que el sindicalismo no es delito, y añadiendo que ha sido una «condena impropia de una democracia».
Lo que ha ocurrido, sin entrar en valoraciones subjetivas, es una sentencia condenatoria de un Juzgado de Gijón, ratificada primero por la Audiencia Provincial, y finalmente por el Tribunal Supremo. ¿Las habrá leído la ministra?
Y ello es así porque en nuestro país existe la posibilidad de recurrir a instancias superiores para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva recogido en nuestra Constitución.
No es nuevo que se utilicen sentencias que no gustan con fines políticos o ideológicos, pero resulta curioso que se apele a la defensa de la legalidad sólo cuando se trata de atacar a adversarios. Para el resto barra libre. Bajo el amparo del derecho a la acción sindical no cabe la coacción, igual que bajo el amparo del derecho a la libertad de empresa no cabe el acoso laboral, o bajo el amparo del derecho a la libertad de prensa la calumnia. La democracia se sostiene sobre el respeto a las reglas, también –y sobre todo– cuando no nos gustan. Confundir el compromiso político con la impunidad o la justicia con el oportunismo erosiona el Estado de derecho. Defender la libertad exige aceptar sus límites. Porque si en nombre de una causa todo vale, pronto nada valdrá.
Artículo de Manu Cifuentes
Publicado en El Comercio el 2 de Abril de 2026
