Luis Crego.
Una sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, el pasado 13 de septiembre, ratifica otra resolución judicial (marzo de 2007) del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Ambos órganos judiciales resuelven lo mismo: declarar la nulidad, por ilegal, del acuerdo-convenio regulador de las condiciones de trabajo de los empleados públicos municipales para el periodo 2004-2007.
Este acuerdo regulador fue aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón en febrero y marzo de 2004. Conviene recordar que quien firmó ese acuerdo fue el concejal socialista, responsable entonces del área de personal, Pedro Sanjurjo.
Lo que los tribunales han declarado nulo, por ser contrario a Derecho, es haber hurtado a los funcionarios del Ayuntamiento el disponer de una mesa propia de negociación, como exigía la ley, donde pudieran negociar sus particulares condiciones de trabajo, carrera profesional, etcétera.
El gobierno municipal y Pedro Sanjurjo constituyeron una denominada ‘mesa general de negociación’ en la que se negociaban y debatían a la vez las condiciones del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento, pero también el personal laboral de las Fundaciones y del Patronato Deportivo Municipal, lo que desvirtuaba totalmente su composición.
La constitución de esa mesa y el acuerdo que se produjo en ella fue recurrido ante el TSJA. Ya en marzo de 2007, este órgano judicial sentenció que era nula la totalidad de ese convenio-regulador. A pesar de ello, el equipo de gobierno municipal recurrió este fallo judicial ante el Tribunal Supremo, únicamente con el afán de posponer y retardar el procedimiento judicial para, de esa forma, llegar a eludir la sentencia. El propio concejal Pedro Sanjurjo no tuvo reparos en manifestar que al alargarse el pleito, la sentencia que en su día dictara el Supremo carecería de relevancia, porque para ese momento ya habría un nuevo acuerdo. No resulta sorprendente que al teniente de alcalde Sanjurjo, que actualmente ostenta la responsabilidad del área de Urbanismo, le hayan anulado también el Plan General de Ordenación de Gijón.
La sentencia dictada ahora por el Supremo se conoce pocos días después de que otra resolución judicial haya declarado que el Ayuntamiento de Gijón está obligado a asumir todo el personal de las escuelas de 0 a 3 años como fijo de la plantilla municipal, lo que acarrea enormes consecuencias económicas para las arcas municipales. Estos fallos judiciales constatan que el gobierno de Felgueroso y, en este caso, en el ámbito de personal, vulnera las leyes de una manera prácticamente constante. Además, sin asumir ninguna responsabilidad, hace recaer sobre el conjunto de los gijoneses las consecuencias de sus actuaciones.
Un gobierno municipal que incumple constantemente la ley queda deslegitimado para hacerla cumplir a los ciudadanos.
Luis Crego Lorenzo
Secretario General del Partido Popular de Gijón
