Esta semana hemos conocido que el gobierno de Pedro Sánchez ha concedido el indulto a «Los seis de la Suiza», condenados a tres años y medio de prisión por coacciones graves y atentado contra la administración de justicia, tras participar en una campaña de acoso sindical en Gijón. Con esta medida, podrán quedar en libertad de manera inmediata.
Los indultados, vinculados a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), fueron declarados culpables por presionar al propietario de la pastelería La Suiza, situada entonces en la avenida Schultz, en el marco de un conflicto laboral que se remonta a 2016 y que surgió tras la denuncia de una trabajadora por acoso laboral y sexual, la cual fue rápidamente sobreseída.
La sentencia —ratificada incluso por el Tribunal Supremo— dejó claro que llevaron a cabo, durante meses, una campaña sistemática y coordinada de hostigamiento, intimidación y boicot, dirigida tanto al negocio familiar como a sus empleados. Estas acciones provocaron el cierre definitivo de la pastelería, afectando gravemente los ingresos del empresario y poniendo en riesgo la estabilidad laboral de todo su personal, además de generar un daño moral y psicológico considerable a las víctimas.
Desde entonces, se inició una ofensiva promovida por sindicatos y sectores de la izquierda contra la decisión judicial, que alcanzó su punto álgido con el reciente alegato del cantante Rodrigo Cuevas en el programa La Revuelta de Broncano, y de la que se ha hecho eco el gobierno de Pedro Sánchez, más preocupado, como de costumbre, por proteger a activistas radicales que por garantizar la seguridad jurídica.
Desde el Partido Popular consideramos que convertir el indulto —una medida excepcional concebida para casos muy concretos— en un instrumento que da la impresión de responder a intereses políticos o sindicales debilita gravemente la confianza en la justicia y pone en tela de juicio la neutralidad de las instituciones.
Además, se crea un precedente peligroso: que las campañas de presión social o mediática puedan modificar las decisiones de los jueces resulta inaceptable. La fortaleza del Estado de derecho reside precisamente en su imparcialidad y en la certeza de que todos los ciudadanos, sin distinción, responden ante la ley por sus actos.
Por tanto, queremos manifestar nuestro profundo desacuerdo con esta medida arbitraria, que en modo alguno responde a la necesidad de corregir un eventual error judicial, sino que obedece únicamente a la voluntad de satisfacer las exigencias de los correligionarios políticos del presidente Sánchez, excarcelando a seis culpables.
Artículo de David Cuesta publicado en MiGijón
