Pilar Fernández Pardo.
La norma aprobada en la reunión del Consejo de Ministros, celebrada el pasado jueves 20 de mayo, se suponía que era una disposición que, por la importancia y gravedad de las cuestiones que contendría, las más antisociales e injustas medidas nunca recogidas en una sola norma en toda la etapa democrática, habría sido estudiada y analizada concienzudamente por todos los miembros del Gobierno y, por supuesto, por el presidente Zapatero.
Esa disposición adoptó la forma y jerarquía de Real Decreto-Ley, que sólo puede ser aprobado previa “deliberación” del Consejo de Ministros en caso de, como establece la Constitución, “extraordinaria y urgente necesidad”. Una urgente necesidad “sobrevenida” en apenas unos días, tras años de inacción y negación de una realidad económica y social cada vez más grave en España. Ese Real Decreto Ley, a pesar de de tener como fecha el 20 de mayo, se publicó el lunes 24 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y de sus 59 páginas, sólo un cuarto de folio y un único artículo lo dedica a las medidas en materia económico-financiera de las entidades locales. En ese artículo se recoge que, a partir de la entrada en vigor del mismo, el día siguiente de su publicación, es decir, hoy martes, y hasta el final de 2011, las entidades locales, los municipios, no podían acudir al crédito a largo plazo para la financiación de sus inversiones.
El pasado domingo, el presidente Zapatero fue protagonista de un mitin ante los alcaldes y concejales de su partido, y en nada se refirió ni él ni sus ministros a esta radical norma de ámbito local. Fue ayer, lunes 20, cuando todos los responsables de las entidades locales españolas conocen, a través del BOE, esta radical disposición en materia de endeudamiento de los municipios y provincias.
Tras la reacción de las autoridades municipales de todo signo político de rechazo al desconocimiento y contenido de esta norma, 24 horas después el BOE de hoy recoge, bajo una pretendida “corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2010”, una auténtica modificación de la norma que afecta a los municipios, estableciendo que la prohibición de endeudamiento será a partir del 1 de enero de 2011 hasta el final de ese año.
Todo esto demuestra que todos los miembros de su Consejo de Ministros, incluido su presidente, no tenían elaborado ni conocían el contenido del texto del Real Decreto-Ley el día que lo aprobaron. Esto acredita la absoluta improvisación, incompetencia y falta de rigor en el trabajo que realizan los más altos responsables del Gobierno de nuestro país.
El hecho de que hoy, tras esa falsa corrección de errores, los alcaldes y cargos públicos del PSOE de toda España den por buena esta actuación, obedece a una consigna para tapar la irresponsabilidad, improvisación y mal hacer del presidente Zapatero y de sus ministros.
Es particularmente lamentable que el responsable de la Hacienda municipal de Gijón, Santiago Martínez Argüelles, se una a esta consigna y manifieste que el cambio en la norma del endeudamiento de los ayuntamientos, en concreto en lo que afecta a Gijón, se debe a un error en la publicación en el BOE y no a la verdad, que es que ha habido, de nuevo, otra improvisación, otra rectificación del Gobierno tras las críticas y reproches justificadamente recibidos.
Un profesor de Universidad, la persona que maneja los cientos de millones de euros del Presupuesto anual del Ayuntamiento, que proceden de los tributos que pagan todos los gijoneses, demuestra con ese seguidismo de una evidente mentira, que no está a la altura de las responsabilidades del cargo que ocupa.
