Europa —de la que España es parte consustancial— no es una construcción improvisada ni una simple suma de territorios. Europa es el resultado de siglos de pensamiento, de cultura y de valores compartidos que han dado lugar a las sociedades más libres, abiertas y prósperas del mundo. Nuestra civilización se asienta sobre pilares sólidos y reconocibles: la filosofía griega, el derecho romano, el humanismo cristiano, el legado de la Ilustración y el desarrollo de las democracias liberales. Preservar estos fundamentos no es un ejercicio de nostalgia, sino una obligación política y moral.
En este contexto, la decisión de votar a favor de la propuesta presentada en el Pleno del Ayuntamiento de Gijón para regular y, en su caso, prohibir el acceso a instalaciones municipales a personas que utilicen prendas que cubran completamente el rostro —como el burka o el niqab— responde a la defensa de principios que en el Partido Popular consideramos irrenunciables: la igualdad entre hombres y mujeres, la dignidad de la persona y la libertad individual.
No se trata, por tanto, de señalar ni excluir a nadie por motivos religiosos, sino de establecer normas que garanticen una integración real, basada en el respeto a nuestros valores, sin renunciar a lo que somos. Integrar no significa aceptar sin límites cualquier costumbre. La tolerancia no puede confundirse —como sostienen los partidos de la izquierda— con la indiferencia ante prácticas que entran en conflicto con las bases de nuestro modelo de convivencia.
No podemos aceptar que ninguna tradición o práctica cultural sirva de excusa para vulnerar los derechos fundamentales de la mujer. La igualdad entre hombres y mujeres no es negociable ni depende del contexto. Resulta sumamente incoherente que PSOE, Izquierda Unida o Podemos enarbolen permanentemente la bandera del feminismo en España, pero en cambio relativicen o blanqueen desigualdades infinitamente más graves cuando proceden de otras realidades: un feminismo “particular”, condicionado por el sello del pasaporte.
Además, la regulación del uso de prendas que oculten totalmente el rostro tiene un componente claro de seguridad. La identificación de las personas que acceden a instalaciones públicas es un requisito básico para garantizar la protección de todos los ciudadanos y el correcto funcionamiento de los servicios. ¿Acaso alguien podría imaginar ingresar a una dependencia municipal con el rostro cubierto por un pasamontañas, un casco integral o cualquier otro elemento que impida la identificación visual inmediata por parte del personal responsable?
Carece igualmente de fundamento el argumento de que, por el momento, la incidencia de estos casos en Gijón sea reducida. Lo relevante, no es la cantidad de personas afectadas, sino la trascendencia de lo que está en juego. Garantizar derechos y seguridad no es opcional: es una obligación ineludible de cualquier gobierno. Desde el Partido Popular, defendemos este principio en toda España, sin excepciones.
Por consiguiente, nos reafirmamos en nuestro voto en el Pleno municipal y lamentamos que la proposición no saliera adelante, debido al rechazo de Foro —con la honrosa excepción del edil Pelayo Barcia—, a los cuestionables argumentos legales en los que se escudó la alcaldesa y, como era previsible, a la oposición de los partidos de la izquierda. Consideramos que se trata de un error, especialmente teniendo en cuenta experiencias en otras regiones de España, donde situaciones similares causan problemas crecientes. Lo más sensato sería actuar preventivamente.
Artículo de David Cuesta
Publicado En MiGijón el 11 de Febrero de 2026
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