Victoria Delgado, Ángeles Fernández-Ahúja y Raquel Vega, en la rueda de prensa celebrada en la sede del PP gijonés.
El Partido Popular ha denunciado hoy los retrasos “injustificados y deplorables” que sufre la tramitación del salario social, del que dependen más de 6.000 familias asturianas, 600 de ellas gijonesas. Así lo han puesto de manifiesto en una rueda de prensa, celebrada en la sede del PP gijonés, la diputada regional Victoria Delgado, la presidenta del partido en Gijón, Ángeles Fernández-Ahúja, y la concejala Raquel Vega.
La diputada del PP en la Junta General del Principado advertido de que la tramitación de esta percepción, “que tiene carácter de emergencia”, puede llegar hasta los 19 meses de media, cuando el plazo legal para resolver los expedientes es de dos. También ha recordado que recientemente el Grupo Parlamentario del PP se dirigió al presidente del Principado, Javier Fernández, en relación a este asunto, ya que es de su «exclusiva competencia» resolver la situación, y le ha pedido que «vuelque todos sus esfuerzos organizativos y económicos en la Consejería de Bienestar Social».
Victoria Delgado ha reprochado al Gobierno socialista el hecho de que excuse la demora en el pago del salario social en una aplicación informática y en la falta de recursos humanos. En este sentido, ha expuesto la iniciativa parlamentaria presentada por el PP en la Junta General y pendiente aún de debate, para que el Ejecutivo del Principado cumpla con el plazo establecido legalmente, precisamente una Ley aprobada por un Gobierno del PSOE en su día.
La diputada regional ha informado, además, de que el Gobierno regional está obligado a cumplir el decreto estatal, por el que si la solicitud del salario social no se resuelve en un plazo máximo de seis meses y, por lo tanto, el solicitante no tiene respuesta de la Administración, se da por aprobada debido al ‘silencio administrativo’. Algo que deberá aplicarse en todas las solicitudes realizadas al día siguiente de la aprobación del citado decreto.
Delgado ha confiado en que esta proposición no de Ley cuente con el respaldo del resto de los grupos parlamentarios, para resolver así la situación de «ilegalidad» en que se encuentra la Consejería de Bienestar Social. «Es verdaderamente inmoral», ha dicho sobre el retraso en la resolución de los expedientes, a lo que ha propuesto trasvasar funcionarios de otras consejerías a la de Bienestar para agilizar la tramitación.
Por su parte, la presidenta del PP gijonés también ha criticado “la nefasta y errática” política del PSOE en materia social y ha manifestado que “resulta curioso que quienes en todo momento enarbolan la bandera de la política social estén precisamente hipotecando la vida diaria de más de 6.000 asturianos», ha rechazado. Fernández-Ahúja ha recordado que este problema ya se viene arrastrando en Asturias desde el año 2007.
La presidenta del Partido Popular de Gijón ha acusado al concejal de Empleo de Gijón, Fernando Couto, y al portavoz socialista en el Ayuntamiento, Santiago Martínez Argüelles, de «marear la perdiz» en estos últimos días respecto a los destinos que se le deben dar a los remanentes obtenidos en las empresas municipales. También ha lamentado que, paralelamente, el gobierno local de Foro pretenda «cortar de forma radical el grifo» al adelanto del pago del Salario Social.
En este sentido, la concejala del Grupo Popular Raquel Vega ha propuesto que el superávit de las empresas municipales de agua y Medio Ambiente, EMA y Emulsa, se destine a empleo y servicios sociales, y en concreto, a la partida destinada al adelanto del Salario Social. “Nos preocupa muchísimo el problema que sufren más de 600 familias gijonesas, que tienen nombres y apellidos. Los responsables políticos no podemos darles la espalda y no se nos ocurre mejor manera de atenderlas que destinando parte de los beneficios de las empresas municipales a resolver esta situación”, afirmó.
