El Partido Popular presentará una denuncia ante la Inspección General de Servicios del Principado de Asturias para que investigue la compra de la parcela de la ITV de Granda, las circunstancias que rodearon la operación y los gastos derivados de la adquisición y puesta en funcionamiento de unas instalaciones que permanecen cerradas desde el pasado mes de mayo y cuyo futuro está en entredicho.
Así lo anunció hoy el presidente del PP de Gijón y diputado autonómico, Andrés Ruiz, durante su intervención en la Comisión de Ciencia, Industria y Empleo de la Junta General del Principado, en la que exigió explicaciones al Gobierno de Adrián Barbón por una actuación que, según denunció, ha supuesto un considerable despilfarro de dinero público pese a las reiteradas advertencias sobre la falta de idoneidad del emplazamiento elegido.
Ruiz explicó que la denuncia solicitará que se investiguen la legalidad de la compraventa, el cumplimiento de los procedimientos administrativos y la posible existencia de negligencias en todo el proceso, así como las circunstancias y los gastos que se han ido sucediendo desde la adquisición del inmueble.
«Sería lógico, si acaso el gobierno tiene intención de esclarecer qué ha ocurrido con la ITV de Granda, que se apoyase esta investigación», afirmó el diputado popular, quien reclamó transparencia para determinar cómo y por qué se adquirió una nave de más de cincuenta años de antigüedad, ubicada en suelo rural y cuya elección había suscitado desde el principio un amplio rechazo vecinal y político.
El presidente del PP gijonés recordó que ITVASA destinó 900.000 euros a la adquisición de la parcela y la nave, a los que se añadieron 460.000 euros presupuestados para su adecuación y otros 253.000 euros para el suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos de inspección. En conjunto, más de 1,6 millones de euros de inversión inicial, a los que habría que sumar otros gastos cuyo importe todavía no se conoce.
Entre ellos, Ruiz citó los derivados de la modificación del proyecto inicial, las reparaciones realizadas tras las inundaciones de 2024, las medidas de seguridad adoptadas con motivo del cierre de mayo de este año y los nuevos estudios técnicos encargados para determinar la viabilidad de la nave.
El diputado popular advirtió de que la factura acumulada podría superar ya los dos millones de euros, sin contar las nuevas reparaciones que serían necesarias para recuperar la actividad. ITVASA ha reconocido que estas actuaciones podrían costar más de un millón de euros, motivo por el que incluso contempla el cierre definitivo de la estación.
Ruiz responsabilizó políticamente de esta situación al Gobierno de Adrián Barbón y al entonces consejero de Industria, Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, por haber mantenido la apuesta por Granda pese a las advertencias sobre la ubicación, los accesos y las condiciones del inmueble.
«Fueron advertidos por vecinos, grupos políticos y técnicos de que no era buena idea comprar una ruina», reprochó Ruiz, quien cuestionó también la rapidez con la que se materializó la compraventa y reclamó que se aclaren las razones por las que se optó por ese emplazamiento.
El futuro del servicio en Gijón
El presidente del PP gijonés exigió igualmente al Ejecutivo autonómico que aclare qué solución plantea para garantizar el futuro del servicio de ITV en Gijón. Entre las posibilidades que se estudian figuran la rehabilitación de las instalaciones de Granda, la concentración de la actividad en Tremañes o una permuta de terrenos con el Ayuntamiento.
Sobre esta última alternativa, Ruiz advirtió de las consecuencias que podría tener la utilización de la parcela municipal del Camino del Melón, donde actualmente se realizan prácticas y exámenes de conducción de motocicletas y vehículos profesionales, una cuestión que ya ha suscitado la preocupación de las autoescuelas.
Finalmente, el diputado popular insistió en que el Gobierno regional debe dar explicaciones y asumir las responsabilidades que correspondan por una operación que ha comprometido importantes recursos públicos y que, apenas unos años después de la apertura de la estación, puede terminar con su cierre definitivo.
«¿A quién tenemos que pedir explicaciones de todo este despropósito?», preguntó Andrés Ruiz, quien aseguró que el Partido Popular no se conformará con las explicaciones ofrecidas hasta ahora y recurrirá a los mecanismos de fiscalización de la Administración para tratar de esclarecer lo ocurrido.
