El Grupo Popular planteará que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Gijón estudien la posibilidad de emprender acciones legales contra Santiago Martínez Argüelles, actual portavoz del Grupo Socialista, por su responsabilidad ante un supuesto caso de malversación de fondos públicos, tras conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial que confirma que la parcela donde el Ayuntamiento invirtió más de cuatro millones de euros era y es propiedad de la Universidad de Oviedo.
El fallo de la Audiencia Provincial confirma, además, la sentencia del juzgado de Primera Instancia, número 6 de Gijón, que estimaba la demanda de la Universidad de Oviedo contra el Ayuntamiento, determinando que la parcela era y es propiedad de la institución académica. Este nuevo fallo avala, por tanto, la tesis que desde siempre sostuvo el Partido Popular de Gijón.
Cabe recordar que en la polémica sobre la ubicación de la Semana Negra, siendo alcaldesa Paz Felgueroso y Santiago Martínez Argüelles, concejal de Hacienda y responsable de Patrimonio, el Grupo Popular mantuvo que ese evento no era compatible con la actividad académica de la Universidad en el campus gijonés.
El entonces gobierno socialista, en coalición con IU, no atendió la reiterada reivindicación del PP y se empecinó en continuar adelante, de forma unilateral, con su idea de crear la parcela multiusos en Viesques, cuyo acondicionamiento costó más de cuatro millones de euros de las arcas públicas, “un enorme coste económico, que resulta imperdonable en esta época de crisis. Esa decisión del PSOE gijonés fue un ejemplo de improvisación, mentiras, retrasos y despilfarro, como tantas veces denunciamos desde el Partido Popular”, afirma Pilar Fernández Pardo.
La portavoz popular considera que “el responsable de este escandaloso derroche de dinero público tiene nombre y apellidos y no debería quedar impune. El Ayuntamiento de Gijón tiene la obligación de velar por los recursos que los ciudadanos ponen a su disposición, para que los administre diligentemente. Santiago Martínez Argüelles ha demostrado que no lo hizo y, por tanto, es también obligación de este Ayuntamiento reclamar los daños y perjuicios que la actuación caprichosa del responsable socialista ha causado a a las arcas públicas”.
