El diputado y portavoz del PP en la comisión parlamentaria del Caso Cerredo, Rafael Alonso, ha exigido hoy la dimisión inmediata de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, al considerar que el dictamen aprobado por el Pleno de la Junta General sobre la comisión de investigación del accidente de la mina acredita su responsabilidad política en el fallo sistémico que permitió que se produjera la tragedia del 31 de marzo de 2025, en la que perdieron la vida cinco trabajadores.
Tal como ha recordado hoy Alonso en rueda de prensa, acompañado por el Presidente del PP local, Andrés Ruiz, y la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, “el pasado miércoles el Parlamento aprobó por amplia mayoría y con el único voto en contra del Grupo Socialista, el dictamen de la comisión de investigación promovida por el Partido Popular, que recoge que, aunque la Administración minera no provocó directamente el siniestro, sí existieron graves fallos de control, supervisión, inspección y coherencia autorizatoria que desembocaron en un fallo sistémico”. Como consecuencia de ello, subrayó el diputado “el texto aprobado reprueba la actuación de siete responsables políticos” y, por ende, “insta al Consejo de Gobierno a depurar responsabilidades, planteando expresamente el cese por parte de quienes continúan ocupando altos cargos públicos”.
El parlamentario popular afeó que, una semana después de la aprobación del dictamen, el presidente del Principado, Adrián Barbón, “sigue sin adoptar ninguna decisión, pese a haber asegurado tras la tragedia que se esclarecería todo «caiga quien caiga». Los asturianos no entienden que, después de una tragedia de esta magnitud, el Gobierno se niegue a cesar a quienes el propio Parlamento ha señalado por su responsabilidad política», denunció.
La actuación de Roqueñí al frente de Industria
Alonso calificó como “especialmente grave” el papel desempeñado por Nieves Roqueñí durante su etapa como consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico.
Entre los hechos recogidos durante la investigación destacan la autorización, en noviembre de 2023, de la transmisión de los derechos mineros de Combayl a Blue Solving sin una adecuada valoración de la solvencia técnica y económica de la nueva empresa; la falta de reacción ante la documentación presentada por Blue Solving que acreditaba la participación de Combayl en la actividad minera; la rebaja de la propuesta de sanción por la extracción ilegal de carbón realizada por Combayl en 2022; la autorización posterior de un proyecto de investigación complementario que le permitiría la extracción de hasta 60.000 toneladas de carbón; la ausencia del informe preceptivo del Instituto para la Transición Justa exigido por la Ley de Cambio Climático; el incumplimiento de la obligación de depositar la fianza exigida a la empresa sin que la Administración actuara y la realización de una única inspección durante meses, pese a que continuaban desarrollándose actividades similares a las que ya habían sido sancionadas.
Para el diputado, “todos estos hechos evidencian una cadena de decisiones y omisiones que contribuyeron al fallo sistémico descrito por la comisión de investigación”.
“Colocación política”
El diputado y presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, ha exigido la dimisión de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón al considerar que su nombramiento respondió «a un motivo estrictamente de colocación política y de colonización de una institución como es el puerto de Gijón». Ruiz aseguró que, durante los últimos meses, Roqueñí ha desarrollado «una labor de ataque a la ciudad» y de «dejadez» respecto a las infraestructuras que necesita el puerto para recuperar su actividad, al tiempo que ha ignorado el grave problema que supone el paso de más de un millar de camiones diarios por la avenida Príncipe de Asturias.
El dirigente popular criticó además el anuncio de un supuesto plan inversor de 86 millones de euros por parte de la Autoridad Portuaria, al considerar que «tiene letra pequeña». Según explicó, esa inversión está condicionada a un incremento del 40% en la facturación del puerto, pasando de los actuales 35 a 49 millones de euros en apenas un año, una previsión que calificó de irreal teniendo en cuenta que el puerto de Gijón ha registrado a comienzos de año la mayor caída del tráfico de mercancías de España, con un descenso superior al 24%. «Estamos ante otro quiebro político al que nos tienen acostumbrados los gobiernos socialistas», afirmó.
Asimismo, Ruiz denunció que las recientes modificaciones previstas para el acceso por Aboño no resolverán el problema del tráfico pesado en la zona oeste de Gijón y acusó a Roqueñí de renunciar a exigir al Gobierno de España y al Principado el cumplimiento del protocolo de accesos al puerto de 2005. En este sentido, reclamó la ejecución del desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña, la mejora del enlace de El Empalme y, sobre todo, la construcción de un acceso directo soterrado al puerto que permita humanizar la avenida Príncipe de Asturias. «La dejación de funciones de la presidenta de la Autoridad Portuaria empieza a ser negligente», concluyó, reclamando su dimisión o, en caso de que no se produzca, que el presidente del Principado, Adrián Barbón, proceda a su cese.
Capacidad y experiencia para la Autoridad Portuaria
Por su parte, la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, defendió que “la presidencia de la Autoridad Portuaria de El Musel debe recaer en una persona elegida por su capacidad, experiencia y compromiso con los intereses del puerto y de la ciudad, y no convertirse en un destino político”. Recordó que, tras el nombramiento de Nieves Roqueñí, “el Ayuntamiento de Gijón le ofreció toda su colaboración con el objetivo de trabajar conjuntamente por el futuro de la ciudad”, pero lamentó que esa disposición no haya encontrado respuesta y que la presidenta de la Autoridad Portuaria haya mantenido una actitud de confrontación con el Consistorio.
Pumariega puso como ejemplo el retraso de cinco meses que sufrió el proyecto Naval Azul debido a la controversia abierta por la Autoridad Portuaria sobre la titularidad de una franja costera, un conflicto que, a su juicio, “perjudicó un proyecto estratégico para la diversificación económica y la creación de empleo en la ciudad. Asimismo, subrayó que El Musel afronta desafíos clave como el impulso de la economía azul, el desarrollo de la ZALIA y la gestión de una importante capacidad inversora, por lo que consideró imprescindible una dirección basada en la lealtad institucional, la cooperación con el Ayuntamiento y la defensa del interés general”.
En este sentido, afirmó que Nieves Roqueñí “no ha demostrado reunir ese perfil” y sostuvo que “lo mejor para el futuro del puerto y de Gijón es su sustitución por una persona capaz de trabajar desde el consenso y la colaboración”.
