El diputado de la Junta General y presidente del Partido Popular de Gijón, Andrés Ruiz, reclamó ayer en la Comisión de Hacienda al consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, una actuación urgente del Gobierno asturiano para evitar que el edificio de los antiguos juzgados de la calle Decano Prendes Pando continúe deteriorándose tras once años de cierre y abandono.
Ruiz recordó que este inmueble, construidos en los años cincuenta, lleva más de una década cerrado y denunció que, pese a los compromisos adquiridos en 2022 por el presidente del Principado, Adrián Barbón, no se ha avanzado en la rehabilitación del edificio ni en su recuperación para uso social, tal y como se había anunciado mediante la instalación de un centro de mayores y la cesión gratuita al Ayuntamiento de Gijón.
Ruiz recordó, además, que el propio Principado cifró en 20 millones de euros la inversión necesaria para remodelar y adecuar el conjunto, de los cuales solo 4 millones podrían financiarse mediante fondos europeos. A ello se suma el escasísimo mantenimiento ejecutado en los últimos años, limitado a apenas 17.000 euros, lo que aumenta el riesgo de que la degradación estructural del inmueble avance y encarezca su futura recuperación.
Durante la comisión, Ruiz mostró su sorpresa ante la posibilidad, apuntada por el consejero de Hacienda, de que el Gobierno del Principado esté valorando usos alternativos vinculados a vivienda, una opción que calificó de “novedad” y que, según subrayó, se aleja del propósito histórico del edificio y del interés general de la ciudad de Gijón. ““El Partido Popular siempre ha creído que ese edificio debe ser para los vecinos, especialmente para nuestros mayores”, afirmó.
El diputado popular pidió al consejero que concrete esos “usos alternativos” y reclamó que el próximo presupuesto autonómico incluya ya partidas específicas de inversión destinadas a frenar el deterioro del inmueble y permitir su futura puesta en servicio. “Cada día que pasa será más difícil hacer una restauración del edificio y volverlo a poner en funcionamiento”, advirtió.
“El Principado tiene la responsabilidad de actuar cuanto antes. Es momento de invertir y de devolver a la ciudad un edificio que forma parte de su historia y que debe recuperar su función social”, concluyó.
