Ante la respuesta, que únicamente contiene descalificaciones insultantes, del responsable socialista Iván Álvarez Raja, a la denuncia de trato de favor del PSOE gijonés a la empresa Centro de Estudios Arsenio Toral, S. A., el Grupo Popular se ratifica en todo lo manifestado:
Que se han sucedido un cúmulo de coincidencias que nos llevan a sospechar que existe un trato de favor hacia la empresa Centro de Estudios Arsenio Toral y sus responsables, muy cercanos al secretario general del PSOE gijonés, José Manuel Sariego.
Que esta empresa ha propiciado la operación de compra-venta de los locales del PSOE de Gijón y recibe con frecuencia subvenciones para cursos de formación.
Que, además, el Ayuntamiento ha alquilado a dicha empresa dos espacios para albergar escuelas-taller, y está pagando también el alquiler de otros cuatro locales que, pretendidamente, se destinan a aulas de estudio. No consta con respecto a estos alquileres que el Ayuntamiento haya utilizado los mecanismos legales obligatorios (publicidad de la oferta, libre concurrencia, selección de la más adecuada…), recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público, para elegirlos y abonar, en consecuencia, un precio por su uso.
Iván Álvarez Raja, a quien ni la FSA quiso en la lista de diputados regionales, fue colocado por su ‘padrino’, José Manuel Sariego, como gerente del Centro de Transportes de Gijón, empresa pública en la que desarrolla una actividad en absoluto compleja, y por la que percibe unos ingresos superiores a los 60.000 euros anuales. Los ‘méritos’ de Raja consisten únicamente en una nefasta gestión en el Teatro Jovellanos y en el área de Festejos de Gijón, pero esta gestión queda compensada por su “cercanía” a quien le protege, el máximo responsable de la Agrupación Socialista gijonesa.
Mala conciencia debe tener el PSOE gijonés cuando recurre a las descalificaciones insultantes y absurdas, que nada tienen que ver con los hechos que denunciamos, para evitar responder a ellos.
La única pretensión del Grupo Popular es que todas las empresas y/o ciudadanos de Gijón puedan acceder a ofertar al Ayuntamiento sus servicios y concurrir a todos los contratos públicos en igualdad de condiciones.
