El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Gijón llevará al próximo Pleno, que se celebrará el día 5 de agosto, iniciativas relacionadas con el desempleo, el PGO y los contratos y adjudicaciones municipales, así como propuestas para la creación de un Servicio Municipal de Urgencias Sociales y convertir nuestra ciudad en ‘puerto base’ de cruceros.
La portavoz del Grupo Popular, Pilar Fernández Pardo, partiendo de la brutal destrucción de empleo en Gijón y del incumplimiento de generación de puestos de trabajo por parte del PSOE en el mandato anterior, preguntará a la alcaldesa, Carmen Moriyón, sobre las medidas que piensa aplicar para crear empleo en nuestro municipio.
En su iniciativa, Fernández Pardo afirma que “el paro es, sin duda, uno de los principales problemas de Gijón”, y recordará que el gobierno local anunció que estaba dispuesto a “colaborar desde ya” en un plan de choque contra el desempleo. Por ello, la portavoz popular tiene interés en conocer las medidas concretas que plantea el equipo de Foro.
Por su parte, el concejal Eduardo Junquera trasladará a la alcaldesa un ruego para solicitar que se ponga en marcha en Gijón un Servicio Municipal de Urgencias Sociales que intervenga en todas aquellas situaciones de urgencia social, tanto individuales como colectivas, que se produzcan en la vía pública, en domicilios particulares o en cualquier otro lugar del municipio de Gijón, durante las 24 horas del día de los 365 días del año.
Junquera explicará que en nuestra ciudad se producen a diario multitud de situaciones que requieren de la intervención de los servicios de emergencias. “Estas situaciones, que son atendidas por los servicios de urgencias sanitarios, en la mayoría de las ocasiones no responden a problemas médicos, sino sociales, que surgen a cualquier hora del día o de la noche y que necesitan una respuesta inmediata y puntual, sin perjuicio de que posteriormente su tratamiento y seguimiento, se efectúe por la red normalizada de los servicios sociales municipales”.
Por su parte, la concejala Maite Menéndez presentará un ruego dirigido al concejal de Desarrollo Económico y Empleo, Fernando Couto, para solicitar que el gobierno local ponga en marcha todas las iniciativas posibles encaminadas a lograr que Gijón se convierta en ‘puerto base’ de cruceros.
En su iniciativa, la concejala popular recordará que el turismo representa más del 7% del Producto Interior Bruto (PIB) del municipio de Gijón, constituyéndose como un importante motor económico y generador de empleo. Según Menéndez, “nuestra responsabilidad es hacer de Gijón más atractiva al visitante, intentando sacar rendimiento de las características que nos diferencian del resto de ciudades competidoras, nuestra apertura al mar Cantábrico y el puerto de El Musel ampliado”.
El concejal Manuel Pecharromán pedirá a la concejala de Administración Pública y Hacienda, Carmen Alsina, que adopte las medidas necesarias para hacer públicos los contratos, mayores y menores del Ayuntamiento, empresas municipales y organismos autónomos, aclarando todas las relaciones que se hayan podido producir con las empresas implicadas en el ‘caso Riopedre’.
En la presentación de su ruego, Pecharromán hará referencia a las irregularidades detectadas en el último informe provisional dela Sindicaturade Cuentas sobre las contrataciones realizadas por el entonces gobierno local de Gijón, formado por PSOE e IU, y al ‘caso Riopedre’, aún bajo investigación judicial y que ha implicado al ex consejero de Educación, a altos cargos de esa Consejería y a dos empresarios que dirigen sendas compañías con las que la anterior Corporación mantuvo relaciones permanentes de contratación. Por todo ello, el concejal popular considera que el Ayuntamiento está obligado a un ejercicio de “transparencia máxima”.
Por último, el concejal Pablo Fernández se dirigirá a la concejala de Urbanismo, Lucía García, para preguntar sobre las modificaciones que pretende realizar el gobierno local al planeamiento urbanístico.
El edil del Grupo Popular advertirá de que el Plan General de Ordenación, aprobado con fecha de 13 de mayo de 2011, está siendo cuestionado por diversos colectivos vecinales de nuestro municipio y corre serios riesgos de ser anulado, como ocurrió con el anterior PGOU, aprobado por PSOE e IU. Fernández quiere conocer también si con las modificaciones que piensa realizar el gobierno de Foro se va a eliminar el riesgo de anulación del nuevo plan.
