Lo hemos dicho muchas veces: si Gijón ha destacado o destaca, en algún aspecto de su política medioambiental, no es desde luego, en la depuración de sus aguas residuales. Ni tampoco destaca por cumplir las normativas comunitarias en materia medioambiental. Los responsables del gobierno municipal son insumisos en cuanto al cumplimiento de la legislación medioambiental. Desoyen las normativas, los decretos y las leyes, como demuestran los hechos.
Gijón es una de las ciudades españolas, con más de 100.000 habitantes, que no depuran sus aguas residuales, o lo hacen insuficientemente, incumpliendo así la directiva europea. Este problema tenía que haberse resuelto ya en 2006. Estamos en el año 2010 y se siguen vertiendo al mar sin tratar las aguas residuales de la zona Este de la ciudad, aguas residuales generadas por una población cercana a los 150.000 habitantes.
No debemos olvidar que esta falta de tratamiento tiene importantes efectos en nuestra costa, en nuestras playas, perjudicando las aguas de baño y la salud pública.
Desgraciadamente, Gijón no sólo aparece en la lista de ciudades españolas que incumplen la normativa comunitaria de tratamiento de aguas residuales. Para nuestra vergüenza, aparece también en otra lista, en la de ciudades españolas que vulneran la directiva comunitaria sobre la calidad del aire, al registrar valores excesivos de contaminación atmosférica, motivo por el que la Comisión Europea expedientó hace unos meses al Gobierno español.
Gijón también aparece en la lista de ciudades que incumplen la normativa comunitaria sobre la evaluación y gestión del ruido ambiental de 2002, y la ley del ruido, aprobada en 2003.
El gobierno municipal incumple reiteradamente el mandato de elaborar planes de actuación que tengan como objetivo reducir los niveles de contaminación atmosférica, acústica y de las aguas.
Todos estos incumplimientos medioambientales ya lo saben en Bruselas. Por eso, Gijón aparece en las listas negras de ciudades con altos niveles de contaminación. Ante ello, la concejala responsable de Medio Ambiente, Dulce Gallego, en lugar de trabajar activamente para solucionar estos problemas, centra todos sus esfuerzos en negarlos, insistiendo reiteradamente en que en nuestra ciudad no tiene ningún problema de contaminación ambiental, que es cosa de entidades asociativas, como ella denomina a la Coordinadora Ecologista, o del Partido Popular, al que acusa de exagerar los datos creando una alarma social injustificada.
Con su actitud, los responsables del gobierno municipal demuestran que están por encima de las leyes. Nunca el equipo de Felgueroso había llegado a tanta incuria, a tanta dejadez, y a tanta indisciplina en el cumplimiento de la legislación medioambiental.
Desde el Grupo Popular pediremos a la concejala Dulce Gallego, en el próximo Pleno municipal, que afronte con responsabilidad los problemas medioambientales de nuestra ciudad para solventarlos cuanto antes.
