Imagen del edificio del Ayuntamiento de Gijón.
Los concejales populares Dorinda García y Pedro Muñiz han denunciado «un problema más en la gestión del personal del Ayuntamiento de Gijón» que ha terminado en los tribunales. Una sentencia del juez de lo contencioso-administrativo demuestra el uso y abuso de los procedimientos ilegales por parte del equipo de gobierno.
Los hechos que han explicado los concejales populares sucedieron en 2007 y fueron juzgados el año pasado, con sentencia de junio de 2009. Afectan a 12 agentes de la Policía Local que se incorporaron en 2007 como funcionarios en prácticas, pero ejercieron después funciones propias del puesto y no de las prácticas. La normativa municipal establece para esos casos que el funcionario cobre un complemento salarial, cuestión que en aquel momento les reconoció y aprobó, firmando una resolución, el concejal de Hacienda y encargado del personal municipal, Santiago Martínez Argüelles.
Pero, un año después, Argüelles modificó esa resolución, alegando que había sido un error, y pidiendo a los agentes que devolvieran los importes recibidos en determinados meses. Al parecer, se obligó a los policías a firmar un documento en el que se comprometían al reintegro. En caso contrario, se les descontaría la cantidad de una nómina. Según Pedro Muñiz, aunque en el expediente no constan las cifras se trataba de entre 500 y 600 euros por funcionario.
Los policías recurrieron aquel cambio de criterio ante los tribunales. Y el juzgado de lo contencioso administrativo les dio la razón, pero «sin entrar ni siquiera en el fondo de la cuestión, en si tenían o no derecho a cobrar» aquellas cantidades. Les da la razón porque «considera que este Ayuntamiento no respetó los procedimientos establecidos». La sentencia afirma que el gobierno municipal no podía rectificar su resolución con otra contraria, sino que debería haber acudido a los tribunales. Pedro Muñiz dijo que no se había tratado de ningún error, sino que «no hay criterio. Primero se dice a y luego, b».
