(LA NUEVA ESPAÑA) El Impuesto de Sucesiones es uno de los tributos más injustos de nuestra economía. No sólo por la doble imposición que supone, sino también por la cantidad de ineficiencias que genera a su paso. Frente al argumentario de la izquierda se encuentra la realidad: este impuesto deslocaliza patrimonios haciendo que éste y otras figuras tributen fuera de Asturias, haciéndonos perder millones de euros y echando por tierra ese supuesto halo de igualdad con el que algunos pretenden disfrazar esta injusticia. Todo esto, sumado a las escandalosas cifras de rechazos de herencias en nuestra tierra, ha colocado a este impuesto en el centro de la vida política asturiana.
Fue en el año 2012 cuando el Partido Popular de Asturias, presidido por Mercedes Fernández, comenzó a situar la eliminación del Impuesto de Sucesiones en el eje central del debate político. No había margen: los asturianos éramos los españoles que más impuestos pagábamos de España y la sociedad comenzaba a despertar de la pesadilla que suponía el infierno fiscal socialista. Por ello, ya en el año 2015, el Partido Popular pactó unos presupuestos que lograron entre otras cosas rebajar el tramo autonómico del IRPF, haciendo pasar a las rentas asturianas de ser las terceras más gravadas de España a tributar sobre la media. Después de esto, conscientes de que menos impuestos son más economía, más empleo y más libertad individual, se continuó reclamando la supresión del Impuesto de Sucesiones para los herederos directos como gran símbolo de la injusticia provocada por la voracidad recaudatoria del socialismo asturiano.
Ya a finales de 2016, ante la incapacidad de la izquierda para dar unos presupuestos a Asturias, se produjo una oportunidad que no se podía dejar pasar: rebajar el Impuesto de Sucesiones de una manera notoria. De esta manera, ante un parlamento con 28 escaños de 45 favorables a mantener prácticamente intacto el impuesto, se lograron avances significativos que permiten acercarnos al objetivo final de su eliminación. Dar al botón del “sí” a los presupuestos para el año 2017 ha supuesto que el llamado “error de salto” pase a la historia en Asturias, duplicar el mínimo exento de 150.000 a 300.000 euros, disminuir de 10 a 3 años la obligación de mantener la vivienda habitual heredada e introducir importantes bonificaciones para las explotaciones agrarias. Beneficios concretos que permitirán que muchas familias no paguen el Impuesto de Sucesiones, así como que aquellas que deban todavía pagarlo puedan ver su cuota reducida hasta en 29.200 euros. No se trata del final del camino pero es un avance claro logrado en un parlamento mayoritariamente partidario de este injusto impuesto.
El Partido Popular podría haber mirado para otro lado, enrocándose en una posición maximalista que no lograse beneficio alguno y que además paralizase las cuentas autonómicas. Sin embargo, se optó por los hechos y no solamente por las palabras, reeditando un pacto presupuestario cuyos beneficiarios tienen nombres y apellidos. A partir de 2019 un gobierno presidido por Mercedes Fernández y con mayoría en la Junta General será quien dé una respuesta definitiva a esa mayoría social que clama y se moviliza en las calles, la cual no será otra que la supresión definitiva del Impuesto de Sucesiones en Asturias.
Andrés Ruiz
Presidente de Nuevas Generaciones de Gijón
