- El concejal Pablo González se ha entrevistado con la Federación de Vecinos ‘Les Caseries’ y mantendrá reuniones con otros vecinos, ya que el fallo podría afectar a más de 7.000 parcelas.
- Tras la sentencia del Supremo que rechaza que se equipare suelo de núcleo rural con urbano, los populares piden que el Ayuntamiento negocie con el Catastro el inicio del procedimiento para reducir los actuales valores catastrales.
OFICINA DE INFORMACIÓN | El Grupo municipal del PP ha iniciado una campaña dirigida a informar a los vecinos de la zona rural de las posibilidades que existen para reducir el recibo del IBI, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que rechaza que se equipare automáticamente el suelo de los núcleos rurales a suelo urbanizado.
El concejal Pablo González ha mantenido recientemente una primera reunión informativa con la Federación de Vecinos de la Zona Rural ‘Les Caseries’ y su idea es seguir haciéndolo con todos las asociaciones afectadas por este fallo judicial.
González explica que en Asturias “existe una clarísima inseguridad jurídica” en lo relativo a los Núcleos Rurales (NR) que afecta al ciudadano que paga un IBI Urbano por toda parcela (con o sin vivienda) que se califique en el plan General de Ordenación (PGO) como NR.
Ese perjuicio se cuantifica en recibos anuales del IBI “de hasta tres veces lo que se pagaría de no interpretarse lesivamente” para el ciudadano las discrepancias entre las legislaciones nacional y autonómica.
En este sentido, señala que la sentencia del Tribunal Supremo 90/2018, de este mismo año relativa a la valoración de terrenos expropiados de la ZALIA, deja claro que el valor de los terrenos calificados como Núcleo Rural, no pueden valorarse como urbanos por la mera calificación urbanística de Núcleo Rural, sino que ha de observarse la realidad, es decir, “se valorarán como urbanos aquellos que cumplen todos los requisitos de los terrenos urbanos, y se valorarán por un valor inferior a aquellos que no los cumplan.
Entre otros, agrega el popular, los requisitos que ha de cumplir una parcela urbana han de ser: acceso a camino rodado y aceras, acceso a la red de saneamiento, de comunicaciones, de agua, de electricidad, puntos de luz, integración en la ‘malla urbana’, etc… “Y es obvio que miles de fincas que se califican como Núcleo Rural no cumplen todos esos requisitos y por tanto no se pueden valorar 100% urbanas”.
Esta valoración en la que todo NR se valora como cien por cien urbano se refleja en el valor catastral que es la base imponible de impuestos municipales como el IBI y la Plusvalía.
Implicación del Ayuntamiento
Así, desde el PP indican que el cambio del Valor Catastral, que depende del Catastro, se puede hacer de muchas maneras, “y en este tema es precisamente donde queremos que el Ayuntamiento se implique, porque la información que necesita el Catastro para valorar una finca (comprobando que elementos urbanos tiene la misma) puede facilitarla el Ayuntamiento, y de hecho puede hacerlo para todas las de Gijón, e incluso puede instar o negociar con el Catastro la apertura de ese procedimiento”.
“Al final el Ayuntamiento no quiere hacer nada para no renunciar a lo que recauda por IBI”, concluye Pablo González, que se ha comprometido no obstante, “a hacer todo lo posible para implicar al Ayuntamiento en la defensa de este cambio de valoración, que es un problema general y que trasciende a la problemática de unos o dos vecinos, ya que estamos hablando de 7.152 parcelas”.
