- Por su interés, reproducimos literalmente el texto íntegro del comunicado emitido por el concejal Pablo González en relación a las denuncias de fraude detectadas en la Renta Social Municipal y las críticas vertidas por el presidente de la Unión de Comerciantes de Gijón.
No deja de ser sorprendente la violenta reacción que he recibido por parte del presidente de la Unión de Comerciantes ante las denuncias que hice públicas esta semana sobre la Renta Social Municipal, un pésimo sistema de política social, puesto en marcha a trompicones por el equipo de gobierno, fruto de una cesión a determinados intereses políticos y según parece, también económicos.
Que los 8 millones de euros no han solucionado casi nada hace meses que es un clamor en todo Gijón, al igual que las sombras de fraude (político y del otro), de las desigualdades en las concesiones de las ayudas y del agravio con la gratuidad de productos mal llamados de primera necesidad. Precisamente por eso sorprende recibir críticas furibundas por ser el “mensajero” de lo que piensan una mayoría de ciudadanos y sobre todo por alertar de los contrastados errores de un sistema que ni mucho menos está blindado a la picaresca.
En mi opinión, el presidente de los comerciantes se equivoca, debería de saber lo que piensan sus asociados de las pretendidas ventajas de la renta social municipal para el comercio gijonés, un programa que incrementa ligera y puntualmente las ventas en el sector, pero que no soluciona los problemas de fondo.
Como concejal del Partido Popular me hubiese gustado haber contado con el apoyo de la Unión de Comerciantes cuando propusimos rebajas de impuestos para los comerciantes, bonificaciones fiscales en caso de obras en la vía pública, o medidas para incrementar su volumen de ventas, no fue así, ni ellos, ni el gobierno, ni la izquierda quisieron apoyarnos, pero el Partido Popular seguirá insistiendo en lo que considera justo, en políticas a largo plazo de apoyo al comercio de proximidad.
Invito también al presidente de la Unión de Comerciantes a que entienda la situación, un concejal se debe a los intereses generales y no sólo los de un sector económico, al igual que él debería de atender los intereses de los comerciantes sin dejarse utilizar por el equipo de gobierno.
Pero yendo más allá, a Germán Heredia, presidente de la Unión de Comerciantes, al que conozco hace muchos años y con el que siempre he tenido una buena relación, franca y directa, como todas las buenas relaciones, le diría que después de una reflexión serena, debería de compartir conmigo la necesidad de inspección inmediata del programa de la Renta Social, que nosotros no apoyamos, pero que ya que se ha puesto en marcha, exigimos que los 8 millones de euros en impuestos que han salido del bolsillo de todos los gijoneses, incluidos los comerciantes, no terminen beneficiando intereses ocultos o inconfesables.
Pablo González.
Concejal del Ayuntamiento de Gijón