Pilar Fernández Pardo
La diputada nacional del Partido Popular por Asturias Pilar Fernández Pardo defenderá mañana, en el Pleno del Congreso de los Diputados, una moción de su Grupo Parlamentario instando al Gobierno a que se aclaren las circunstancias que han causado el sobrecoste de las obras de ampliación del puerto de El Musel, haciendo llegar al Congreso una documentación imprescindible para ser revisada por los distintos grupos parlamentarios.
La diputada Pilar Fernández Pardo espera que los grupos parlamentarios que conforman la Cámara, incluido el Grupo Socialista, apoyen con su voto esta moción, para poder así conocer en todo sus términos las razones del sobrecoste de las obras de El Musel, el procedimiento de adjudicación y las consecuencias económicas y de todo tipo que se pudieran derivar de este asunto.
Con independencia de que todo este asunto quede plenamente aclarado en todos sus términos, el Grupo Popular desea que un puerto tan importante como el de Gijón vea finalizadas sus obras en el plazo previsto y sirva, bien gestionado, de elemento fundamental para el desarrollo económico de ese municipio y de Asturias.
En su moción, que es consecuencia de una interpelación al ministro de Fomento, José Blanco, el pasado día 14 de octubre, el Grupo Popular pide el expediente completo de adjudicación de las obras de ampliación de El Musel, incluyendo los pliegos de prescripciones administrativas que sirvieron de bases para la licitación de la obra; el pliego de condiciones técnicas y el acuerdo o convenio firmado entre la Autoridad Portuaria e Hidrocantábrico para la explotación de la cantera de Aboño. El Grupo Parlamentario Popular pide, además, la oferta adjudicataria; el informe técnico de adjudicación de las obras firmado por la mesa de contratación y el expediente del modificado, así como las certificaciones de obra correspondientes y acreditar cómo la Autoridad Portuaria de Gijón podrá hacer frente al pago del crédito concedido por Fomento y sus condiciones.
En esta moción también se solicita que los miembros del Congreso apoyen que se depuren todas las responsabilidades políticas, administrativas y, en su caso, penales que se deriven de las irregularidades producidas e se inste al Gobierno a trasladar a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado la documentación requerida, a los efectos de ejercitar las oportunas acciones.
