Tras aprobarse hoy en el Congreso de los Diputados que el decreto de horarios comerciales se tramite como proyecto de ley, la diputada nacional por el Partido Popular Ángeles Fernández-Ahúja considera que se debe “analizar la fórmula que más beneficie al desarrollo local” de Gijón y Oviedo, las dos ciudades asturianas que deben delimitar al menos una zona de gran afluencia turística para tener libertad horaria.
Fernández-Ahúja está convencida de que “desde el respeto a la nueva norma y con diálogo es posible consensuar la mejor solución posible”. Por ello, asegura que “el Partido Popular tiene la mano tendida a todos los colectivos implicados”. “Lo fácil y cómodo es el ‘no’ por el ‘no’, pero si queremos evolucionar habrá que explorar las posibilidades que ofrece este proyecto”.La también presidenta del PP gijonés destaca que más de 500 ayuntamientos españoles han solicitado al Gobierno del Partido Popular acogerse a la clasificación que permite una absoluta libertad de horarios de apertura para los negocios. “No parece que sea un disparate incentivar el comercio, fomentar el consumo y contribuir a la creación de empleo”, sostiene.
“Lo coherente es buscar el equilibrio, cómo converger los intereses de los comercios y los potenciales consumidores. Por ello es necesario que en Gijón y Oviedo se llegue a un consenso con los comerciantes para fijar las zonas y las fechas de libre horario comercial”, afirma.
Asimismo, la diputada popular explica que el proyecto de ley, abierto ahora a la presentación de mejoras, vía enmiendas, recoge una serie de reformas para fomentar la competitividad y la reactivación económica. Concretamente, a favor del comercio, limita las tasas de las tarjetas de pago en favor de los comerciantes; estimula la internacionalización de las pequeñas empresas a través del fondo para operaciones de inversión en el exterior, baja la retención de los autónomos al 15% cuando su rendimiento no supere los 15.000 euros anuales, y permite la posibilidad, con carácter general, de abrir un establecimiento sin necesidad de autorización administrativa previa, bastando la declaración responsable.
