Gobierno y oposición discutieron en el Pleno del viernes sobre las políticas de empleo de la ciudad. Y, un día después, el secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, José Manuel Sariego, admitía que cumplir el compromiso electoral de la creación de 10.000 puestos de trabajo va a ser difícil para esta Corporación. Afirmación que ponía en bandeja al PP sus críticas.

Así lo hizo el concejal Gabriel Díaz, precisamente el encargado de recordar a alcaldesa, prácticamente semana a semana, desde que comenzara este último mandato, que no se estaba cumpliendo esa promesa electoral. «Era una mentira desde el principio», aseguró ayer el edil. «Han tardado mucho en reconocer que no lo iban a hacer, pero es que era pura propaganda», añadió. Sariego se refirió a esta cuestión en su discurso inaugural del comité municipal del PSOE en la mañana del sábado, mientras analizaba la complicada situación económica no sólo local, sino mundial. «Se confirma nuestra opinión. El programa electoral del PSOE fue el programa de las mentiras, porque los 10.000 empleos fue el proyecto estrella, el más publicitado», contestó Gabriel Díaz, a quien no le sirven las referencias a la crisis internacional: «Es muy descarado. Cuando las cosas van bien es fruto de sus políticas de empleo. Cuando van mal, es culpa de todos, menos de ellos». Ya en la última sesión plenaria, Díaz había preguntado por el Plan Innova, el pacto social firmado entre el Ayuntamiento y los agentes sociales y que en esta edición cuenta con un presupuesto récord de 447 millones de euros. Y es que los populares han demandado en varias ocasiones que se hagan cambios en dicho plan, para adecuarlo a la realidad del mercado laboral, porque «se redactó en un momento en el que no se admitía la crisis». A juicio del PP, el motivo por el que no se rehace el plan es para «mantener a los afines, pagar la paz social y financiar chiringuitos y semanas negras». Así las cosas, Díaz aseguró ayer que la situación es «para pedir la dimisión de más de uno». Y puso, de primero de la lista, al concejal José María Pérez, aunque no es el responsable del área de Empleo, pero sí uno de los más firmes defensores del Gijón Innova, como edil de Promoción Económica. A Pérez y a algunos de sus compañeros de filas (también mencionó Díaz a Begoña Fernández), tachó de «inútiles» en estas materias e incluso aseguró que «Gijón empezará a ir bien cuando todos estos estén en la cola del paro». Sea como fuere, «nosotros vamos a seguir exigiendo que cumplan sus promesas y hagan verdaderas políticas de empleo, no subvencionando a gente agradecida».

La presidenta y portavoz del PP en Gijón, Pilar Fernández Pardo, pidió hoy, en rueda de prensa en el Ayuntamiento, la unión de todos los partidos políticos para trabajar juntos ante el futuro "incierto" de Factorías Juliana, frente a la "pasividad" que dice muestran PSOE e IU, la cual está, según ella, "propiciando el cierre del astillero". Pardo lamentó que no se haya producido el encuentro que solicitado por el PP al Comité de Empresa de Juliana, cuyos representantes se reunieron hoy con el equipo de Gobierno tras la llamada recibida el pasado viernes por el segundo teniente de alcalde, José Manuel Sariego, a su vez secretario general del PSOE en Gijón. La edil manifestó que prefería no pensar en que los trabajadores hubieran recibido "medidas de presión" para no reunirse con el PP.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, sigue empeñado en incitar al consumo de productos españoles, lo que, según él, servirá para remediar la situación de enorme recesión, sin parangón, que vive España. Resulta bochornosa esta práctica del Gobierno de frivolizar con la crisis en que nos vemos inmersos todos los españoles. Una práctica que se hace extensible a los dirigentes socialistas asturianos. El homólogo de Sebastián en Asturias, el consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre, dice, en una entrevista publicada por LA NUEVA ESPAÑA, que «funcionarios, jubilados y prejubilados deben consumir», porque, «si ahorra quien tiene ingresos fijos, los precios bajan, las empresas cierran y el paro crece». ¿Esa es la solución mágica, señor Torre?

Vamos, que la culpa de todo lo que está ocurriendo la tienen, según usted, los ciudadanos de a pie que deciden ahorrar. Eso, los que lo consiguen. Porque la inmensa mayoría de los jubilados, prejubilados y muchos empleados públicos a los que usted les llama a consumir apenas llegan con sus ingresos a cubrir sus necesidades básicas. Resulta, por si no lo sabe, que los funcionarios, los prejubilados y los jubilados tienen hipotecas y también pagan la luz, el agua, los impuestos...

Mientras, el presidente del Principado acaba de realizar, una vez más, una declaración que, no por reiterada, resulta más creíble: «Asturias está mejor preparada que nunca» para afrontar la crisis. El mismo día que Vicente Álvarez Areces hablaba de la «preparación» de Asturias, la dirección de ArcelorMittal anunciaba en Madrid la posibilidad de plantear expedientes de regulación de empleo a lo largo de este año en sus plantas españolas y de recurrir a la congelación salarial para sortear la crisis.

El propietario del grupo siderúrgico, Lakshmi Mittal, afirmaba que la decisión de paralizar uno de los altos hornos de Gijón y la aplicación de expedientes de regulación temporales dependerá de la evolución del mercado del acero.

¿Estamos más preparados que nunca, señor Areces?, ¿podremos seguir consumiendo acero español, señor Sebastián?, ¿podrán seguir consumiendo los trabajadores de ArcelorMittal y de otras tantas empresas con implantación en Asturias que se vean afectados por expedientes de regulación o en el paro, señor Torre?

Al contrario que los dirigentes del PSOE, no podemos frivolizar con el paro, con la destrucción de miles de empleos, en Asturias y en Gijón. Nuestra ciudad está viviendo una situación de deterioro económico y social sin precedentes. La desaparición de empresas de todos los sectores productivos ha hecho saltar todas las alarmas en Gijón. ¿Acaso está haciendo alguna gestión la alcaldesa Paz Felgueroso ante los graves problemas que afectan a trabajadores de empresas, como ArcelorMittal y sus auxiliares, Suzuki, las factorías de construcción naval, Trefilería Moreda, empresas del sector textil, como Amberlu y Royal Oxford, Porcelanas del Principado, Crady y Unión Ibérica de Soldadura...? Estos son sólo algunos ejemplos de empresas afectadas por la crisis, una crisis que no se resuelve, señor Torre, con una llamada al consumo, porque, ¿cómo se puede consumir cuando no se tienen ingresos?

La actual sede del albergue Covadonga fue inaugurada hace sólo 12 años para un uso de medio siglo. Sin embargo, el Consistorio alega ahora que las instalaciones se han quedado pequeñas para acoger la demanda existente y, por eso, defiende su traslado. Una postura que no entiende el PP, ya que el PGOU permitiría ampliar la actual superficie del inmueble en un 15%, al ser una parcela dotacional. «Los intereses del gobierno municipal no parecen ser los que nos están diciendo», afirmó Pablo Fernández.

La concejalía de Urbanismo defendió también el traslado «por el mal estado del edificio». Sin embargo, Pablo Fernández aseguró ayer que «el expediente encargado a tal efecto sólo recoge la caída de un cascote». Aun así, añadió que si la construcción está deteriorada, «deberíamos pedir responsabilidades a las personas que permitieron su construcción, entre los que está Pedro Sanjurjo, pues ya pertenecía por entonces al gobierno local».

Por último, insistió en que el coste total del cambio de sede del albergue Covadonga supondrá dos millones de euros más a las arcas municipales. «A los cinco millones que costará el nuevo albergue habrá que sumar otros dos por el derribo del existente».

Los ediles del PP les transmitieron a los responsables de ambas entidades la posibilidad de que puedan continuar ubicadas en el espacio en que ahora se encuentran, junto a las estaciones de ferrocarril y autobús, y colindante a la gran área urbanística que habrá de crearse con la eliminación de las vías ferroviarias. "El PP defiende, si fuera necesario, una modificación del PGOU, para permitir que la parcela que ahora ocupa el edificio en que se encuentran el Albergue y Proyecto Hombre, que tiene un carácter dotacional, sea aumentada. De esa manera, se conseguiría adaptar el inmueble, ampliándolo, a las necesidades que demandan ambas entidades y que el PP comparte"

Tampoco ha habido respuesta por parte de la alcaldesa de Gijón a nuestras preguntas sobre sus gestiones para garantizar el futuro del astillero. En el último Pleno del Ayuntamiento de Gijón, preguntamos a Paz Felgueroso sobre qué actuaciones está realizando a favor del astillero y de otras tantas compañías instaladas en nuestro concejo, que también sufren enormes problemas. No fue capaz de citar ni una sola actuación.

No obstante, nuestra intervención en el Pleno sirvió para «movilizar» al equipo de gobierno. Ese mismo día, por la tarde, el secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, José Manuel Sariego, citaba al comité de empresa de Juliana a una reunión con el equipo de gobierno municipal. Ambas partes acordaron crear un grupo de trabajo «para evitar el cierre del astillero». Como consecuencia inmediata a ese acuerdo, los sindicatos desconvocaron las manifestaciones de protesta anunciadas por el propio comité de empresa «en la plaza Mayor, ante el despacho de la alcaldesa, y ante la sede del PSOE de Gijón», porque, según había afirmado días antes el presidente del comité de empresa, «el PSOE es el máximo responsable de lo que le ocurra al astillero; fue el gobierno del PSOE el que nos privatizó».

Desde el Grupo Popular saludamos que, al fin, el equipo de gobierno se decida, o haga como que lo hace, como demuestra la experiencia, a buscar soluciones para un sector, el naval, que es estratégico para Gijón y su economía. Pero tenemos serias dudas de la voluntad política del gobierno municipal para garantizar el futuro de Juliana y su industria auxiliar.

El ex secretario de CC OO en Factorías Juliana dijo esta semana en estas mismas páginas, en una entrevista publicada por LA NUEVA ESPAÑA, que le preocupa la actitud de los sindicatos en Asturias y Gijón. «Hay un goteo permanente de empresas yéndose al garete: Mina La Camocha, las auxiliares de Arcelor y del naval. Cerró Naval Gijón y callaron. Y ahora, con Juliana, no hacen nada». El ex dirigente de Comisiones Obreras pide responsabilidades a la SEPI, y apunta también a la alcaldesa de Gijón. «Lo que tiene que hacer es ponerse al frente de la protesta. Lo hizo la de Cádiz, Teófila Martínez (Partido Popular), cuando se cocían las privatizaciones y el astillero de Cádiz, que está en el centro de la ciudad, ahora está en la empresa pública Navantia. Aquí Felgueroso se inhibió y ya sabemos cómo acabó la historia». Pues eso. Que Paz Felgueroso no es Teófila Martínez.

Asimismo, recordó que PSOE e IU rechazaron en su día la necesidad de un parque de ocio y señaló que el PP había propuesto en su día la creación de un grupo de trabajo para analizar los pros y contras de la mejor ubicación, así como la constitución de un sistema de participación ciudadana para que el proyecto contara con el mayor respaldo vecinal posible.

En cuanto a las obras de adecuación de la parcela, el concejal dijo desconocer el proyecto del Equipo de Gobierno, como por el ejemplo cómo va a ser el saneamiento, los puestos, el alumbrado o si se van a modificar líneas de Emtusa, entre otras cosas, e incluso cómo se contrataron las obras y quién redactó el proyecto. También pidió que se adapte el festival a las actividades del campus universitario para no interferir y apuntó que el anuncio de celebrar el festival en la última quincena de julio sonaba "a improvisación".

Tras recordar, de nuevo, la promesa electoral del PSOE en la campaña de las últimas elecciones municipales de crear 10.000 empleos en Gijón durante el presente mandato, Díaz elevó ya a 12.000 los empleos que «debe» la alcaldesa. Por último, pidió, «por inútil», la dimisión de Begoña Fernández, y preguntó «cuántos parados ya no cobran el subsidio en Gijón».

Para el PP, la verdadera cifra de parados en Gijón es de 28.235 personas, atendiendo dicha cifra a los demandantes de empleo, es decir, 6.401 parados más que las cifras oficiales de «paro registrado». Según el PP, el 30% del paro de Asturias, y el 65% en el sector servicios local. Díaz pidió la dimisión de la edil responsable del área de Empleo del Consistorio, la socialista Begoña Fernández, porque sostiene que "no cumple sus compromisos" de generación de empleo.

Según la comparativa realizada por EL COMERCIO, un billete de ida y vuelta desde la terminal regional a la capital del país cuesta tres veces más caro que uno idéntico adquirido en Coruña; seis veces más caro que si se vuela desde Santander y siete veces más que si se opta por el aeropuerto de Santiago. El monopolio que ejerce Iberia en la región, tras la marcha de las compañías de bajo coste Spanair y Easyjet, es la razón para tal agravio comparativo.

Hoy es imposible encontrar un billete aéreo desde Asturias a Madrid, con salida a primera hora y regreso a última, por menos de 200 euros. Ni siquiera comprándolo con tres meses de antelación.

Claro que existe la posibilidad de desplazarse hasta Santander para adquirir por un euro el billete que ofrece Ryanair.A nadie se le escapa el déficit de comunicaciones que padece Asturias, aún pendiente de la conclusión de la Autovía del Cantábrico, con el trazado del AVE a Gijón totalmente paralizado, y con un peaje del Huerna que discrimina a los asturianos y que Zapatero, pese a prometerlo, ya ha dicho que no eliminará.

Este grave problema de comunicaciones, sumado a una crisis económica sin parangón, impide a Asturias levantar cabeza. Los asturianos necesitamos conexiones con Madrid a precios competitivos y es obligación y deber del Gobierno regional hacer todo lo posible para solucionarlo. Resulta paradójico que el Principado trate de promocionar la oferta turística de nuestra tierra y luego se haga más caro el desplazamiento hasta nuestra comunidad autónoma. Los empresarios, los turistas y todos los asturianos, en general, nos vemos afectados por esa falta de oferta de vuelos en la región. Un problema que perjudica especialmente a muchísimos jóvenes asturianos que han encontrado trabajo en Madrid y que podrían utilizar, en caso de que existieran, conexiones aéreas de bajo coste, para desplazarse los fines de semana a su casa. Una amplia oferta de vuelos es también un requisito clave en el ámbito de los negocios. Los empresarios asturianos se merecen un Gobierno capaz de dar facilidades para poder generar riqueza y empleo. Sin embargo, asistimos estupefactos a la total pasividad e intentos de camuflar la realidad por parte del Ejecutivo asturiano.

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía, dice que está negociando con Air Europa y que Iberia ha rebajado sus tarifas con billetes baratos. Respecto a lo primero, a la aerolínea de bajo coste, le pedimos al consejero celeridad y un compromiso firme. En cuanto a que Iberia ofrece billetes baratos, sí es verdad.

Cabe la posibilidad de viajar a Madrid desde 13 euros, pero del billete de vuelta ya no hablamos. Así es imposible que Asturias levante el vuelo.

«Una grave crisis ha hecho perder puestos de trabajo a veces a todos los miembros de una familia, y se ven obligados a acudir a las redes sociales a por lo más básico, especialmente alimentación», indicó.

Por ello, pide al Consistorio la creación de comedores sociales para parados, ante el incremento de ayudas sociales que son «una realidad constatada por las instituciones», especialmente Cáritas, la Cocina Económica y el Albergue de Covadonga. «Es una necesidad que debe ser atendida con carácter de urgencia y prioridad», aseveró.

También propone el PP incrementar dotaciones a las instituciones que prestan las ayudas y que este nuevo dispositivo social se ubique en distintas zonas de la ciudad para poder atender a todos los que lo soliciten.

La concejal puso como ejemplo del incremento que la Cocina Económica ofreció 93.112 prestaciones de desayunos, comida y cena en 2007, mientras que en 2008 llegaron a las 111.741.

Según afirmó, los demandantes son personas que antes tenían contratos precarios y a los que la crisis les hizo perder su trabajo, en muchos casos sin tener derecho a prestación por desempleo. «El Ayuntamiento tiene la obligación de hacerse eco de la solicitud, no puede mirar para otro lado. En Móstoles lo están haciendo y está siendo de gran ayuda. Ante la realidad hay que tomar medidas urgentes», concluyó la concejala.

Entre las cifras de reducción de ingresos, Pablo González citó los 2,8 millones de euros menos de los previstos por plusvalías, 3 millones de euros en el caso del impuesto de construcciones, 2,5 millones de euros en el impuesto de actividades económicas y 1,2 millones de euros menos por tasas municipales. Además, de los cinco millones de euros previstos de transferencia de las administraciones regional y estatal se pasó a 800.000 euros.

González especificó la ejecución del presupuesto muncipal por áreas, como muestra de las diferencias existentes con lo previsto en su día. En este sentido, aquéllas que gastaron por encima de la asignación presupuestaria fueron: Asesoría Jurídica (29%), Acuario (21%) y políticas de igualdad (25%).

Por contra, hay otras en las que se invirtió menos de lo previsto: innovación y mejora de la gestión, (14%); plan de movilidad (20%); políticas de fomento de la contratación (49%), es decir, 2,2 millones de euros que se han devuelto al no gastarse; educación física y deportes (22%); promoción económica (42%), lo que supone 6.129.000 euros menos; carreteras y vías públicas urbanas (33%). El edil destacó que en la partida presupuestaria de caminos vecinales y otros servicios rurales se dejaron sin gastar 340.000 euros, un 5% de lo presupuestado.

Eduardo Junquera indicó que «estamos en marzo de 2009 y no tenemos nada, a pesar del aumento del urbanismo sin planificación, una autovía cerca de núcleos, la autopista y el ferrocarril en el centro de la ciudad, y obras que nunca se sabe cuándo terminarán. Todo esto ha degradado acústicamente la ciudad, con unos niveles muy poco recomendables para la salud».

Datos aportados por el concejal popular indican que 360 días del año se superan en Gijón los 67 decibelios de ruido, muy lejos de los 55 establecidos como máximo legal en la legislación española y comunitaria. Esta circunstancia, en opinión de Junquera, «puede ocasionar un problema de salud importante, con daños en el oído, la aparición del estrés y afección al sistema inmunológico».

El Consistorio ha decidido celebrar la Semana Negra en una parcela anexa al campus de Viesques que permutó con el Principado, pero la Universidad mantiene que los terrenos son suyos y se opone al traslado. "Si sigue habiendo reticencias, se prometerá algo más", ha vaticinado el concejal.

Pecharromán ha recordado que la promesa de crear una residencia de estudiantes se remonta al programa electoral de la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, de 1999 y ha asegurado que un alumno de sexto de primaria que oyera el anuncio por entonces ya habrá culminado su formación universitaria.

Así, ha afirmado que se trata de la "décima" vez que se compromete el equipamiento y ha aludido a compromisos de la regidora del concejal de Hacienda, Santiago Martínez Argüelles -entonces vicerrector-, y de la que fuera ministra de Vivienda María Antonia Trujillo a lo largo de 2006 y 2007. El concejal ha recordado que en 2003, cuando gobernaba el PP en España, se entregaron cuatro millones de euros a la ciudad para la construcción de la residencia y aún se desconoce su uso.

Asimismo, indicó que no se cumplió el objetivo de que Gijón sea la ciudad base para conocer la región. En su opinión, esto es así porque las campañas turísticas son "siempre las mismas" y no hay novedades.  Además, exigió ver las conclusiones del Plan Estratégico para fomentar Gijón como un destino turístico, que costó 70.000 euros. A su juicio, estas conclusiones pueden ser clave para ver los fallos en la orientación de las campañas.  A esto unió el recorte del personal del servicio municipal de información turística de Gijón 'Infogijón', tras decidir la Sociedad Mixta de Turismo externalizarlo.

A este respecto, indicó que en el pliego de condiciones no está previsto personal para el punto de información turística de los Campinos, el único en el casco de la ciudad. Según la edil, esto influirá "negativamente".

Además, señaló que crisis afecta "gravemente" al sector de hostelería, como lo demuestran los cierres de estos establecimientos.

La diputada regional Elma Alonso y el concejal del Ayuntamiento de Gijón Manuel Pecharromán, ambos del Partido Popular (PP), denunciaron el sábado, en una conferencia de prensa, «el despilfarro de dinero público en Laboral, con el aplauso del PSOE y de sus socios de gobierno de IU». Alonso y Pecharromán esgrimieron, para cargar contra la empresa pública del Principado Recrea, encargada de la gestión de Laboral Escena y del Centro de Arte de Laboral Ciudad de la Cultura, las cuentas del año pasado de ambas. Así, Pecharromán afirmó que «los gijoneses vemos cómo el dinero se lleva a manos llenas» a «un chiringuito socialista donde se coloca a amigos», como definió el complejo cultural.

Por lo que respecta a Laboral Escena, con actividades en el rehabilitado teatro de la antigua Universidad Laboral, Elma Alonso y Manuel Pecharromán afirmaron que el año pasado, con un presupuesto de un millón de euros, se vendieron 5.493 entradas para todos los espectáculos celebrados, lo que reportó una recaudación de 52.422 euros, «con lo que no se llega ni al cinco por ciento del coste total, incluyendo el sueldo del responsable de la programación, Mateo Feijoo, que cobró 136.000 euros», indicó Elma Alonso. Citaron un ejemplo: «El espectáculo "Ertza", del 23 de octubre, que costó 4.434 euros y del que se vendieron tan sólo ocho entradas».

Por lo que respecta al Centro de Arte de Laboral, Manuel Pecharromán y Elma Alonso explicaron que en 2008 se gastaron 3.527.411,72 euros, «y se vendieron 63.105 entradas, que si somos generosos y las multiplicamos por cinco euros, que son las más caras, nos salen 315.000 euros de recaudación». Tras calificar el desfase económico como «una vergüenza», Manuel Pecharromán cifró en 4,5 millones de euros «lo que se gasta en el Centro de Arte y en Laboral Escena, cuando en Asturias ya hay 57.000 familias en situación de pobreza».

También criticó el concejal del Ayuntamiento de Gijón que en Laboral Escena no se haya contratado a ninguna compañía de teatro asturiana, «como se había prometido» y, por último, afirmó que en Laboral «se contrata a dedo».

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Gijón ha exigido hoy la constitución de una comisión de investigación para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades políticas y de otro tipo por la actuación del ex arquitecto jefe del Consistorio, Ovidio Blanco.Blanco, según han informado varios medios de comunicación, compró una parcela afectada por el Plan de Cabueñes por 20.434 euros y posteriormente la vendió por 600.000 euros.

Los terrenos fueron recalificados dos meses después de que el arquitecto abandonara su puesto por una excedencia, en diciembre de 2003 y pasaron de ser considerados de "interés" a residenciales.

La presidenta del PP de Gijón, Pilar Fernández Pardo, ha asegurado que Blanco participó "directamente" en la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y ha alertado de que los hechos "ponen en cuestión" todo el documento. Así, ha acusado al concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, de "mentir" al negar su participación en la redacción del citado plan y ha mostrado una foto de la presentación del documento en el que aparece el arquitecto.

Ha explicado que en octubre de 2003 -cuando Blanco aún estaba en el Consistorio- se presentó el nuevo planeamiento urbano y éste ya contenía información sobre el futuro de Cabueñes, en donde se construirán 600 viviendas.

Así, ha señalado que el funcionario "redactó y elaboró" el plan parcial de Cabueñes para la Junta de Compensación del entorno, de la cual forma parte Royal Urbis, empresa por la que abandonó su labor municipal. "Conocía de primera mano el PGOU porque era uno de sus máximos responsables", ha dicho Pardo, que ha subrayado que Blanco fue una persona de la "máxima confianza" tanto del ex alcalde y presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces como de su sucesora al frente de la Corporación, Paz Fernández Felgueroso.

La edil del PP ha señalado también que esta circunstancia se repite también con el actual concejal de Urbanismo, Jesús Sanjurjo, y con su antecesor, Jesús Morales, así como con el consejero de Medio Ambiente e Infraestructura, Francisco González Buendía, que preside además la Sociedad de Gestión del Suelo del Principado (SOGEPSA) en la que Blanco trabaja actualmente como técnico.

"Al menos todas las personas que hemos citado manejaban información privilegiada del suelo del municipio", ha asegurado Pardo.

Asimismo ha tildado los hechos de "gravísimos" y ha recordado que Blanco, que entró en el Ayuntamiento en 1979, compró la parcela en 1992, la vendió en 1998 para recomprarla en 2004 y deshacerse definitivamente de ella en 2006.

Así lo dijo en rueda de prensa en el Ayuntamiento, en la que recalcó que Blanco gozaba de la "plena confianza" del presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, quien fuera alcalde de Gijón hasta 1999, así como de la actual regidora, Paz Fernández Felgueroso, el consejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía, quien fue jefe del Servicio de Urbanismo en Gijón, y de los ediles anterior y actual de Urbanismo, Jesús Morales y Pedro Sanjurjo, respectivamente.

García se preguntó por las responsabilidades políticas que pudieran tener en el asunto todos ellos, ante la operación comercial realizada por Blanco. También recordó que este último trabaja para Sogepsa -como profesional autónomo-, organismo presidido por el consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Ordenación el Territorio, Francisco González Buendía, y del que el único representante del Ayuntamiento de Gijón es la alcaldesa. Para la concejala, este asunto es la "punta del iceberg" de 30 años de Gobierno socialista.  También señaló que en la opción de compra de la parcela firmada entre Blanco y su esposa con la inmobiliaria Urbis, cuya escritura pública es de fecha del 11 de julio de 2005 por importe de 90.150 euros, se pone como condicionante que la tramitación del PGOU se apruebe y la parcela quede incluida.

En este sentido, la edil apuntó que de no ser así Urbis podía cancelar la opción de compra. Como ejemplo, indicó que si en lugar de 600 se hubiera contemplado una edificabilidad de 500, el contrato hubiera sido cancelado, por lo que dijo que Blanco tenía que conocer cómo iba a quedar redactado el Plan Parcial de Cabueñes.

Asimismo, criticó las "contradicciones y falsedades" manifestadas por el equipo de Gobierno en torno al asunto y tildó del "inaceptable" que la alcaldesa telefoneara a la fiscal jefe de Gijón, Rosa Álvarez, una vez remitida la documentación para que investigaran del caso. "No queremos pensar que el Ayuntamiento quiera interferir en la investigación", dijo. Pese a ello, dijo no dudar de que la Fiscalía actuará "con absoluta independencia".

Por todo ello, García, acompañada del edil del PP Pablo Fernández, exigieron la constitución de la comisión de investigación --denominada de otra manera según el Reglamento municipal--, al considerar que no es el mismo ámbito que la de Urbanismo, donde sólo puede la oposición realizar tres preguntas, o el jurídico, con alusión a la Fiscalía.

En su opinión, el rechazo de Felgueroso a crea esta comisión, que entra dentro del ámbito político, es para "eludir" su responsabilidad. También puso en duda que el Ayuntamiento no conociera las transacciones de Blanco, ya que el notario debe remitir las escrituras al Consistorio para establecer las plusvalías. "No pasaría desapercibido", aseguró sobre las operaciones mercantiles de Blanco.

Con todo, la concejala no entró a valorar si existe o no delito, ya que eso, a su juicio, debe determinarlo la Fiscalía. García aseguró que el PP está a disposición de la Fiscalía y que entregarán la documentación que se les pida. "No somos nosotros los que no queremos investigar", añadió Fernández. El edil se preguntó por la relación de Blanco con la empresa Hoyant, a la que compró y vendió la parcela, y si existen más casos de compra-venta en la que haya participado el ex arquitecto jefe municipal. "Se tiene que crear esta comisión cuanto antes", apostilló. También enfatizó que Hoyant comprara el terreno a 4,5 euros el metro cuadrado para luego venderlo a Blanco perdiendo dinero.

Ovidio Blanco ganó nada menos que 600.000 euros con la reventa de una parcela, que se había revalorizado de forma extraordinaria porque él mismo había decidido incluirla en el plan urbanístico municipal. El ex arquitecto jefe del Ayuntamiento de Gijón conocía perfectamente y, sin lugar a dudas, cómo iba a quedar redactado el plan parcial de Cabueñes, una zona rural privilegiada, donde el equipo de gobierno pretende construir un gran muro formado por 600 viviendas distribuidas en 13 grandes bloques de hasta seis alturas, además de adosados, edificios para servicios y una gran vía de acceso de cuatro carriles.

Nada más trascender la noticia sobre este supuesto caso de corrupción urbanística, el concejal Pedro Sanjurjo aseguró que «Ovidio Blanco no tenía relación alguna con la tramitación del plan parcial de Cabueñes». Horas después, el equipo de gobierno anunciaba que llevaría el caso a la Fiscalía. Al margen de las contradicciones y mentiras en las que ha incurrido el concejal de Urbanismo, el Ministerio Fiscal es el órgano competente para aclarar si hubo o no delito en la actuación de Ovidio Blanco. Pero las responsabilidades políticas deben dirimirse en el seno de una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Gijón. El portavoz de la junta de gobierno, la propia alcaldesa y su socio de gobierno, Izquierda Unida, ya han mostrado su rechazo a esa investigación, imprescindible para que todos los ciudadanos conozcamos qué ha ocurrido y qué está ocurriendo en el ámbito de urbanismo del Ayuntamiento de esta ciudad. En toda España se habla ya de posible corrupción en el Ayuntamiento de Gijón, y sus gobernantes niegan una comisión de investigación. ¿Qué tienen que ocultar?

El Partido Popular de Gijón no puede dejar sin respuesta esas intolerables declaraciones. Estamos ante unas palabras que repugnan a cualquier persona que tenga un mínimo concepto de lo que supone ser ciudadano en un país libre y que pone en evidencia que Sariego es una persona que, a poco que se exprese, manifiesta unas convicciones radicalmente antidemocráticas.

Hoy, quizá más que nunca, su modo de ser y de entender la política han quedado a la luz. Para José Manuel Sariego, el que unos ciudadanos de Gijón se dirijan a ‘su Ayuntamiento’ y le expongan a ‘su concejal de Urbanismo’ lo que ha ocurrido con una finca en la que el responsable durante muchísimos años del Urbanismo municipal ha realizado sucesivas compraventas, con el resultado final de obtener un enorme beneficio, les convierte automáticamente en “malos ciudadanos y vecinos”.

Para Sariego son “malos ciudadanos” porque, además, acuden a los medios de comunicación y les transmiten los datos que poseen de las fincas de su parroquia que se encuentran dentro del espacio donde se pretenden construir edificios en altura que albergarán al menos 600 viviendas, algo que permite el Plan General de Ordenación Urbana de Gijón, en el que participó ese alto funcionario municipal, Ovidio Blanco.

El secretario general del PSOE de Gijón deja ver su verdadero rostro. Hay para él dos tipos de gijoneses, los buenos y los malos. Los buenos son los que nunca se atreverán, pase lo que pase y conozcan lo que conozcan de lo que sucede dentro del ámbito municipal, a decir nada. Los que no ejercerán nunca los derechos que las leyes les otorgan son, para Sariego, los buenos vecinos. Al contrario, los que hagan saber a los responsables de la política municipal, a los concejales, lo que para ellos puede perjudicar a la ciudad o ser ilegal, son los malos vecinos, según Sariego.

Esa distinción, que hace Sariego, entre ciudadanos buenos que “colaboran” con el aparato político, callando siempre, y los “malos”, que se atreven a hablar y que, además, se dirigen a los medios de comunicación, derecho esencial en un estado democrático y de opinión pública, es la propia de regímenes totalitarios, a los que con sus incalificables palabras el primer teniente de alcalde de Gijón demuestra añorar. Las sucesivas y contradictorias versiones que se están dando por los diversos concejales del equipo de gobierno sobre este escándalo dejan en evidencia un enfrentamiento, ajeno a cualquier interés ciudadano, entre las distintas ‘familias’ socialistas que pretenden medrar dentro de su partido y ocupar los puestos más destacados en las candidaturas electorales.

El secretario general de la formación, Luis Crego, anunció que su partido solicitará esta medida en la Comisión especial de Urbanismo convocada para este viernes. Además, tanto Crego como el edil Pedro Muñiz entregaron ayer a la fiscal de área de la ciudad, Rosa María Álvarez, todos los documentos registrales en los que se reflejan los continuos cambios de propiedad de la finca «La Llosina», que permitieron al ex arquitecto municipal Ovidio Blanco conseguir un beneficio de 609.907 euros.

«Pediremos, en función del artículo 127 de nuestro reglamento de pleno, que se cree una comisión no permanente para investigar la intervención municipal en todo este asunto desde, al menos, el año 1992», aseguró Crego en relación a la primera compra de la parcela por parte de Blanco y su esposa a Hoyant, S. L. Con esta medida, los populares pretenden depurar las posibles responsabilidades políticas que afectarán a los responsables de la concejalía de Urbanismo en relación con la reventa del terreno.

Crego y Muñiz acudieron durante la mañana de ayer a la fiscalía de Gijón para entregar todos los movimientos que aparecen recogidos en el Registro de la Propiedad en relación a la finca del ex arquitecto jefe hasta su venta definitiva en el año 2006 a la inmobiliaria Urbis. Además, solicitaron a la fiscal que el PP sea tenido en cuenta como parte en la investigación, dada «la trascendencia pública» del escándalo urbanístico.

Los populares decidieron llevar esta documentación ante el ministerio fiscal al entender que la entregada por el gobierno local es insuficiente. «La pretendida investigación que solicita la junta de gobierno se basa en datos claramente limitados», afirmó Crego.

El equipo de la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, llevó hace una semana ante la fiscalía toda la información publicada en el periódico madrileño que destapó el caso, así como datos aportados por otros medios de ámbito regional. También se puso a disposición de la investigación la grabación de las declaraciones públicas que el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, hizo el pasado día 16 de marzo.

En cuanto al rifirrafe político levantado a raíz del caso, Crego aseguró que la medida anunciada por parte de los socialistas de llevar al PP a los juzgados por aportar supuesta información falsa es «una cortina de humo» para no responder ante la opinión pública «de lo realmente importante». En este sentido, apuntó que «para el PSOE debemos ser malos ciudadanos», al ironizar sobre las declaraciones del primer teniente de alcalde, José Manuel Sariego, que tildó de esta forma a los vecinos de Cabueñes por no llevar el caso a la justicia. «Estas palabras son un ejercicio de totalitarismo»

El edil remarcó en rueda de prensa que Blanco gozó durante años de la "confianza" de Vicente Álvarez Areces cuando era alcalde de Gijón, posteriormente continuó con sus responsabilidad en el área de Urbanismo con la "confianza" de Paz Fernández Felgueroso y para disponer de un contrato con Sogepsa tuvo la "confianza" del consejero de Medio Ambiente, Ordenación de Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía y del presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces. Por ello, el PP considera que "no se puede admitir que todo recaiga sobre un funcionario que actuó solo" y que "pasó de ser apoyado a ser apartado" de los ámbitos municipal y autonómico. "Ahora el 'Arecismo' quiere convertirle en cabeza de turco de este escándalo", agregó.

Crego, que recordó que Blanco está siendo investigado por las actuaciones de compraventa de una parcela en la parroquia de Cabueñes de las que obtuvo unas plusvalías de 600.000 euros, incidió en la alta responsabilidad de la actividad profesional del arquitecto tanto en el Ayuntamiento como en Sogepsa.

Así, apuntó que además de sus labores en Gijón relacionadas con el Plan Parcial de Cabueñes, Blanco ha sido el encargado desde 2004 de efectuar las valoraciones por las que Sogepsa llevó a cabo expropiaciones de terrenos en la ciudad y por toda Asturias. "Sus servicios no eran unos cualquiera", reseñó. "Blanco tuvo la confianza del Ayuntamiento y del Principado", dijo.

Además, Luis Crego señaló que partiendo del Estatuto del Empleado Público las faltas cometidas por funcionarios prescriben tras un tiempo marcado y reflejado en dicho documento. Por ello, entiende que aun siendo considerada la actuación de Blanco una "falta grave" por parte de la Administración local, ésta prescribió tres años después de los hechos, mientras que hace cinco que Blanco se encuentra en situación de excedencia.

Por eso, el edil del PP entiende que el anuncio realizado por el equipo de Gobierno de que se abrirá un expediente disciplinario a Blanco con la intención de apartarlo del servicio, es "solo una cortina de humo", ya que si la falta prescribió "no tiene sentido el expediente".

Asimismo, pidió la dimisión del responsable de Urbanismo, el concejal Pedro Sanjurjo. "Es inadmisible que continúe en el puesto",dijo exigiendo responsabilidades políticas vinculadas al caso del ex arquitecto municipal Ovidio Blanco que obtuvo unas plusvalías de 600.000 euros con diversas acciones de compraventa de una parcela en Cabueñes. Asimismo, reclamó la retirada del Plan Parcial de Cabueñes ante "la sombra de duda" sobre el mismo y las "irregularidades" denunciadas por la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes.

Pardo argumentó que si el equipo de Gobierno hubiese querido una comisión "transparente" tendría que haber permitido el acceso a la sala a los vecinos de Cabueñes y a los medios de comunicación. De no haber sido posible, instó al Ejecutivo local a enviar a los medios de comunicación una copia de la grabación realizada para recoger todas las intervenciones de la sesión, que sí será enviada a la Fiscalía junto con la documentación recopilada por el Ayuntamiento relativa al proceso abierto.

La presidenta del PP de Gijón también reprochó las "contradicciones" de los miembros del Gobierno local durante los últimos días en relación con el caso e incidió en que Ovidio Blanco no es un funcionario cualquiera, sino que "gozó de la confianza" tanto del Ayuntamiento de Gijón como del Gobierno del Principado.

Por ello, reiteró la exigencia 'popular' de que ambos ejecutivos "asuman responsabilidades políticas", entre las que concretó la dimisión del actual responsable de Urbanismo en Gijón, Pedro Sanjurjo. "Se deben asumir responsabilidades políticas por acción o por omisión", dijo Pardo que considera grave que se conocieran las actuaciones de Blanco pero también reprobable que no se supiera lo que hacía.

Fernández Pardo recordó que los vecinos de Cabueñes se dirigieron en octubre de 2008 a los tres grupos del Ayuntamiento --PP, PSOE e IU-BA-Verdes-- para hacerles llegar sus averiguaciones sobre supuestas irregularidades en el Plan Parcial de Cabueñes.

"Los otros grupos despreciaron a los vecinos y se quedaron de brazos cruzados", dijo la concejal que defendió la actuación de su equipo. Asimismo, recriminó que "solo" la aparición del caso en un medio de tirada nacional hizo al equipo de Gobierno reaccionar aunque "no supieron hacerlo bien".

Para la portavoz de la oposición es "posible" que la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, "no se enterase de lo que pasa en el Ayuntamiento", pero dijo que "no es posible que no se enteren los clanes aspirantes a sustituirla", recriminó exigiendo responsabilidades políticas.

Por todo ello, Fernández Pardo reiteró la solicitud de su grupo de llevar a cabo una comisión de investigación para aclarar lo sucedido. Asimismo, apuntó la necesidad de que en ella comparezcan entre otras personas vinculadas al caso, el propio Ovidio Blanco; la abogada Victoria Couce Calvo; y el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía, también presidente de Sogepsa, sociedad pública con la que Blanco mantuvo relación contractual desde 2004 hasta el pasado miércoles 25 de marzo cuando se prescindió de sus servicios.

"Son demasiadas las sombras sobre el Ayuntamiento, los responsables municipales y algunos técnicos", dijo Pardo quien afirmó que la Comisión de Urbanismo de hoy "no ha aclarado nada". Para la portavoz del PP "no se puede consentir" que Ovidio Blanco se convierta en "cabeza de turco" de los acontecimientos al haber sido "personal de máxima confianza del arecismo", en referencia al presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, y a su equipo, en su etapa como alcalde de Gijón hasta 1999 y desde entonces en el Gobierno autonómico. Reclamó, además, la retirada del plan parcial de Cabueñes "por transparencia política".

Pues bien, estos vecinos, miembros de la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes, pusieron los hechos en conocimiento del equipo de gobierno el viernes 13 de marzo. El lunes, una vez publicada la noticia sobre el supuesto «pelotazo» urbanístico del ex arquitecto jefe del Ayuntamiento de Gijón, Ovidio Blanco, el concejal de Urbanismo compareció ante los medios de comunicación para desmentir la noticia y poner la mano en el fuego por Blanco.

Horas después, el gobierno municipal rectificaba, desautorizando al edil Pedro Sanjurjo, y anunciaba que llevaría el asunto a la fiscalía. Pero lo único que aportó fueron recortes de prensa. Ésa es su «gran» y única actuación para dar transparencia y claridad a este escandaloso caso.

Sólo después de que el Partido Popular acudiera a la fiscalía para trasladar documentación sobre este asunto, el equipo de gobierno anunció que también llevaría una serie de certificaciones. No se trata, en absoluto, de abrir una guerra de quién le aporta más información, pero lo que es evidente es que el gobierno municipal debería haber actuado con muchísima más celeridad y haber enviado a la fiscalía, nada más conocer estos hechos, el expediente del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el del plan parcial de Cabueñes, redactado, por cierto, por Ovidio Blanco, y el expediente referido a la actuación del concejal de Urbanismo en 1992 para que se efectuara la segregación y posterior venta de la finca, entre otros documentos.

Con sus mentiras, con sus contradicciones y con sus ridículas actuaciones, el equipo de gobierno demuestra día a día que no quiere llegar al final de este gravísimo asunto. Pretende convertir a Ovidio Blanco en «cabeza de turco» y único responsable de este oscuro caso, cuando este arquitecto tenía la máxima confianza política de quien le nombró jefe del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, el entonces alcalde y hoy presidente Vicente Álvarez Areces. Una confianza que se trasladó del ámbito local al regional. Blanco pidió una excedencia en el Ayuntamiento de Gijón para prestar sus servicios en Sogepsa. El presidente de esa sociedad y consejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía, concertó con él la actividad de fijar el precio del suelo, tanto residencial como industrial, de toda Asturias, incluido Gijón.

Blanco fijó, por ejemplo, el precio del suelo para las expropiaciones de Roces y del polígono de Lloreda. En cinco años, el ex arquitecto jefe ha fijado el precio de millones de metros cuadrados que han reportado millones de euros a Sogepsa y que han afectado a miles de personas. Desarrolló esta actividad gracias a la máxima confianza y al enorme poder que le otorgaron desde los ámbitos de gobierno del Ayuntamiento de Gijón y del Ejecutivo del Principado. Tienen que depurarse todas las responsabilidades políticas de este escándalo urbanístico, aunque el «arecismo» pretenda ahora que Ovidio Blanco sea el único «blanco» donde apuntar.

El concejal Pedro Muñiz fue muy crítico con todo el desarrollo del proyecto. Remitiéndose incluso a antes de que comenzara, porque Muñiz aseguró que La Ruta de El Molinón «tenía información privilegiada sobre el proyecto».

Basa su afirmación en el hecho de que la empresa «se creó tres o cuatro meses antes de que el Ayuntamiento sacara a concurso las obras, con el capital social mínimo y sin ninguna actividad anterior, antes de que nadie supiera cuáles eran las intenciones del Ayuntamiento. Era una cosa sospechosa». Y, a partir de ahí, dice Muñiz, todo han sido problemas y «fuertes sospechas de connivencia entre Ayuntamiento y empresa».

Habla de problemas porque recuerda que «ya en 2007 dijimos que sabíamos que La Ruta estaba intentando vender la concesión administrativa». Entonces les llovieron las críticas y «la empresa amenazó con acudir a los tribunales». Y connivencia porque, a juicio de los populares, «siempre ha habido un desfase de calendario. Lo normal es que el equipo de gobierno hubiera resuelto el contrato con La Ruta de El Molinón».

Con todo eso sobre la mesa, ni siquiera confían en Procoin. Primero, porque «no hay un estudio serio de las necesidades del estadio». Y en segundo lugar, porque «puede que empiece a echar números y a lo mejor resulta que no les salen y que hay que cambiar otra vez el proyecto, o el canon, o la inversión». Añade Muñiz las posibles dificultades para encontrar empresas interesadas en instalarse en los bajos del estadio.

En esto último están de acuerdo con las peñas sportinguistas. Los aficionados, los que acuden cada semana al campo y han comprobado las diferencias que existen con otros estadios, dicen no entender de acuerdos empresariales, pero sí saben una cosa: «Nos da un poco de vergüenza comparar». Así de claro se expresa José María Suárez Braña, presidente de la Federación de Peñas.

«Hay que recordar que algunas de ellas han sido recalificadas con un incremento considerable de la edificabilidad y, por tanto, del valor de las mismas», manifestó el PP de Gijón. A juicio de los populares, «hay motivos más que suficientes para cuestionar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)», cuya última revisión derivó en recalificaciones de suelo rural como la del escándalo en Cabueñes. Su presidenta y portavoz en el Ayuntamiento, Pilar Fernández Pardo, ha pedido la comparecencia pública de quienes han sido responsables políticos del área de Urbanismo durante los últimos doce años de Ovidio Blanco como arquitecto municipal.

Aunque, según advierte el Partido Popular, «el caso de la finca de Ovidio Blanco en Cabueñes representa un mínimo porcentaje de lo que, supuestamente, podría estar ocurriendo en el urbanismo gijonés, por lo que nuestro partido investiga ya todas las actuaciones tramitadas en el municipio». El equipo que encabeza Fernández Pardo insta, además, a que «todos los vecinos agraviados por las tasaciones de suelo realizadas por Ovidio Blanco en toda Asturias a través de Sogepsa (sociedad a la que presta servicios externos desde que salió en excedencia del Ayuntamiento)» se pongan en contacto con el PP.

El plan de Cabueñes permite la construcción de 655 viviendas entre el Hospital y la carretera de Villaviciosa. El de Granda, por su parte, supera los mil pisos. Y, en Castiello, está prevista la edificación de unas 4.000 viviendas más. Todos ellos se perfilaron al amparo de la última revisión del PGOU, que los vecinos de la zona rural rechazaron con más de 3.000 alegaciones y tres «marchas verdes». En cuanto al plan de Jove, aún está en proceso de gestación y su desarrollo exigirá cambios en el PGOU.

El edil incidió en que junto a las diversas partidas de ayudas y subvenciones que recibe el Teatro por parte del Ayuntamiento las pérdidas del año pasado ascienden a cuatro millones, hasta alcalzar "un agujero negro" de 10,8 millones de euros. "El Ayuntamiento podría solucionar muchos problemas de las familias gijonesas pero decide ponerlo en manos de los pésimos gestores del Jovellanos", lamentó. 

Por eso, desde el PP se recomienda a los gestores políticos que se den cuenta de que "la gestión no está a la altura de la ciudad, mientras que dicen a los gijonses que se aprieten el cinturón y suben los impuestos". "Por compromiso con la ciudad los gestores del Jovellanos deberían irse. Con el Jovellanos también se hace política y no es presentable en momentos de crisis", afirmó. 

González reprochó la "la deuda creciente" de cada año en el Teatro a pesar de que "se hayan doblado" las partidas desde 2007 a 2008. "Aun así sigue el agujero con más de 10 millones, y en 2008 se le regaló la Casa de la Palmera y se amplió el capital en 1,4 millones con ese regalo para que sigan perdiendo el dinero de los gijoneses a manos llenas", apuntilló. 

"Exigimos de verdad, y no es una pose política, que se depuren responsabilidades y se eche a estos gestores", remarcó. Además, incidió en que si se acuerda que el Jovellanos necesita dinero municipal para sostenerse, que se haga, pero parece lógico que se sepa a priori y no que se cubra con un cheque en blanco las pérdidas del Teatro", dijo. "No puede ser", añadió.

Por su parte, Juan Carlos Santos, ex concejal del PP y miembro del Consejo de Administración del Teatro Jovellanos, afirmó que el teatro "está en quiebra técnica y con causa de disolución". También dijo que desde el Consejo se reconoce esta situación según se hizo en reunión de ayer del organo de control. Apuntó al respecto, que no está de acuerdo con las cuentas presentadas y remarcó tanto en la reunión como en la rueda de prensa que la empresa pública del Teatro está en "causa de disolución". Además, incidió en que las empresas "no se hacen para perder fondos", como entiende que se hace en el Jovellanos. 

Para el ex edil, la situación contable del Jovellanos es "catastrófica" y cada año "peor". Así, dijo que las pérdidas son mayores que en 2007 mientras que sus ingresos en taquilla fueron menores y con menos público. "El señor Sariego por donde pasa arrasa", dijo Santos en referencia al teniente de alcalde y concejal de Festejos, José Manuel Sariago. "Lo que se necesita es reequilibrar la situación", apuntó. 

Al respecto, Pablo González incidió en un 80 por ciento de caída de expectadores en conciertos en el exterior. Por otra parte, el concejal dijo ver claro que el Ayuntamiento "pedirá dinero para pagar los pufos de los chiringuitos socialistas", en referencia a los más de 10 millones del Teatro y a los 7 millones de déficit de Emtusa. 

El PP entiende que hay servicios que tienen que ser deficitarios "pero no tanto", añadió en referencia a la Empresa Municipal de Transporte Urbano. Por eso pide que se lleve a cabo un plan de previsiones sobre los déficit.

Los concejales populares Gabriel Díaz Gutiérrez y Pablo González Menéndez, en una conferencia de prensa conjunta, volvieron a denunciar que el «agujero económico» del Teatro Jovellanos «es de 10,4 millones de euros» y el de Emtusa «de 15,6 millones», un dinero que, afirmaron, «sale de los bolsillos de todos los gijoneses».

Explicó Pablo González, respecto a la situación económica de la empresa pública Teatro Jovellanos, que «las pérdidas en el ejercicio 2008 se elevaron a 3.989.580 euros, a las que hay que sumar las pérdidas de otros años aún pendientes, de 1.082.417 euros, y los préstamos y las ayudas a fondo perdido».

En cuanto a Emtusa, Gabriel Díaz, tras calificar como «nefasta» la gestión de su presidente, el edil socialista Santiago Martínez Argüelles, señaló que «a las pérdidas de siete millones de euros el año pasado hay que sumar un préstamo de 6.100.000 euros del Ayuntamiento y las pérdidas de años anteriores que arrastra la empresa, que son 2,5 millones de euros».

Pablo González afirmó que «la trampa» que hace el equipo de gobierno es «dar préstamos a las empresas para que no estén en situación de quiebra técnica, pero esos préstamos nunca se devuelven». Por ello, los dos ediles del PP reclamaron la intervención de la Sindicatura de Cuentas, que les consta que ya está en ello, afirmaron.

Para el edil la incorporación al proyecto de dependencias del archivo municipal y zona de aparcamiento para residentes de la zona es "una nueva improvisación" del área de Urbanismo que considera un "intento de contentar a los vecinos".  Así, argumentó que en la presentación del proyecto hace dos meses no se incluían estas dotaciones, por lo que reprocha la "falta de transparencia y planificación", de la concejalía que dirige Pedro Sanjurjo. Entiende que es una "muestra más" de esa "improvisación" como lo ha sido el aparcamiento más tres millones euros y con retrasos, en las obras del Pozo de Tormentas. 

También criticó la construcción del nuevo estacionamiento en las instalaciones del nuevo Albergue Covadonga, cuando el aparcamiento del Pozo de Tormentas se encuentra a menos de 300 metros y el parking de Poniente a unos 500 metros. Al respecto, el edil instó al equipo de Gobierno local a que explique "qué estudios técnicos indican que hay necesidad de más aparcamientos en la zona". Asimismo, Fernández incidió en que hace dos meses el presupuesto de las obras del nuevo equipamiento era de cuatro millones, por lo que le parece "escandaloso" que ahora se sitúe en ocho millones por realizar 4.800 metros cuadrados en planta sótano que no se habían previsto.

En este sentido, apuntilló que según el Colegio Oficial de Arquitectos el precio de construcción de sótano está en 335 euros por metro, por lo que afirmó que las obras bajo rasante --donde se ubicarán instalaciones del archivo municipal y zona de aparcamiento--, debería costar 1,6 millones de euros. "Que salgan a explicar que pasar con esos 2,4 millones de euros de más", remarcó al tiempo que incidió en que el nuevo equipamiento debería costar 5,6 millones de euros y no ocho.

Además, apuntó que se sitúa en más de 1,8 millones de euros la actual valoración del edificio donde se ubica el Albergue. Así, reseñó que "el traslado va a costar casi 10 millones de euros a los gijoneses". "Parece que la actual ubicación, de estas entidades con gran valor para la ciudad, molesta al equipo de Gobierno para el desarrollo urbanístico de la ciudad", concluyó el edil apuntando los motivos del traslado.

Pilar Fernández Pardo arremetió ayer contra el Gobierno socialista que preside José Luis Rodríguez Zapatero por el devenir de las obras del metrotrén desde que Magdalena Álvarez asumió la cartera del Ministerio de Fomento. La portavoz municipal popular contrapuso los últimos cinco años a la etapa en que las obras del proyecto ferroviario fueron proyectadas y licitadas por el Ejecutivo central estando el PP al frente. «Entonces se fijaron plazos para la ejecución de esa obra y se fijó un trazado que se iniciaba en la estación intermodal, prevista en el Humedal, y que con estaciones intermedias finalizaba, en una primera fase, en Viesques», recapituló.

A partir del cambio ministerial, en opinión de la también diputada nacional, «para engañar a la opinión pública se empezaron a utilizar argumentos falaces como la necesidad de replantear partes del trazado subterráneo y la ubicación de una estación intermedia, para lo que era imprescindible encargar estudios técnicos a diversas ingenierías por parte del Ministerio». En el caso de la firma vasca Saitec, adjudicataria del proyecto de la estación más céntrica, debería haberse entregado hace dos años, según Pardo, quien acusó a la alcaldesa de «mentir» cada vez que se refiere al metrotrén.

Pardo explicó también que su partido «lleva mucho tiempo pidiendo, tanto en el Senado como en el Congreso, que se agilicen las obras» relacionadas con el metrotrén. «Pero los dirigentes socialistas no dan explicación alguna sobre esta situación de parálisis. Dan la callada y la evasión de datos por respuesta», criticó.

Pardo remarcó que ya preveía su partido que la financiación del sobrecoste de El Musel "corría peligro", aunque se mostró cauta hasta que se confirme el informe desfavorable. Para la portavoz del PP local, además de pedir responsabilidades a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, el Gobierno del Principado, la Autoridad Portuaria de Gijón y el Ayuntamiento, también exigirá depuración de responsabilidades dentro de la coalición de IU-BA-Verdes, ya que entiende que en buena medida la situación actual es "consecuencia" de la denuncia presentada en diciembre de 2007 por Los Verdes ante la UE.

Asimismo, incidió en que Los Verdes no fueron consecuentes con su responsabilidad dentro de los gobiernos del Ayuntamiento de Gijón y el Principado. "No queremos pensar que en próximos días se vaya a confirmar", dijo aunque recordó que el eurodiputado del PP Salvardor Garriga, lleva 15 meses sin recibir respuesta a sus preguntas sobre la situación de la financiación del puerto gijonés. "No hay en la UE pregunta que se demore tanto, algo raro ocurre", dijo.

La concejal y diputada del PP por Asturias, criticó que los responsables socialistas en este asunto hayan ido "de sobrados". "Les ha faltado transparencia", reprochó afirmando que "han hecho un juego que pone en peligro que la financiación se acabe". Además, lamentó que tuviera que llegar a financiarse el puerto con el "dinero de todos los españoles", algo que entiende que "si se hubiera hecho bien sería financiado con fondos europeos".

Para Pardo, "puede que aún surja un milagro poco probable y el informe sea favorable", aunque considera que sería más viable que la UE obligue a una corrección financiera de las obras. Asimismo, señaló que se comenta que hubo una "reunión urgente" de Puertos del Estado para abordar el tema.

"Si todo el mundo conoce que este informe dice, aunque no oficialmente, que el sobrecoste no será financiado, si se confirma, pediríamos responsabilidades a la ministra de Fomento y su comparecencia urgente, así como al Gobierno del Principado, a la Autoridad Portuaria y a la alcaldesa de Gijón, por alcaldesa y por miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria", apuntilló.

"Seguimos esperando un milagro y que la UE responda positivamente a la financiación de los sobrecostes de las obras de ampliación de El Musel, pero sino se exigirán responsabilidades", remarcó. Además, incidió en que las obras del puerto "tienen que construirse por ser una de las más importantes de Gijón y Asturias de los próximos años".

La crisis económica está golpeando con mayor dureza al sector de los servicios, que en el mes de marzo se disparó hasta los 18.419 desempleados en nuestra ciudad. Un sector que no se beneficia de las obras públicas directamente. Para el Partido Popular es muy preocupante que la falta de formación de las personas demandantes de empleo en Gijón. En esta situación se encuentran 23.512 personas, lo que supone el 81,7% del total de demandantes de empleo. Ello certifica el fracaso de las políticas de empleo del equipo de gobierno. La concejala de Empleo, Begoña Fernández, se ha limitado hoy a dar a conocer a los medios de comunicación datos estadísticos sobre el paro en Gijón, sin aportar ninguna solución nueva, que es lo que esperan los ciudadanos de esta ciudad, especialmente aquellos que están en el desempleo o con familiares o allegados en esta circunstancia. El PP reclama que haya un replanteamiento de las actuales políticas de empleo, que se están demostrando inoperantes y fracasadas.

Los asturianos no somos unos ignorantes, los asturianos queremos soluciones, alternativas y hechos que demuestren que nuestra comunidad está en condiciones de superar este complejo escenario económico. En vez de buscar propuestas eficaces, el Ejecutivo asturiano se ha quedado paralizado, atechado, y estamos asistiendo a movilizaciones de sectores como el transporte, la educación, la sanidad y el campo. ArcelorMittal, el gigante siderúrgico del que dependen miles de familias en Asturias, está meditando si paralizar uno de los hornos altos de Gijón mientras planea un expediente de regulación de empleo.

¿Dónde está Areces?, ¿dónde está el consejero de Industria, Graciano Torre? No se les ve ni se les escucha. Factorías Juliana, el único astillero que sobrevive en la bahía gijonesa tras el cierre de Naval Gijón, lleva un rumbo que, de no evitarlo, derivará también en el cierre del portón para siempre.

¿Dónde está Areces?, ¿dónde están Torre y la alcaldesa de Gijón?, ¿han emprendido algún tipo de actuación para salvar a Juliana?  La ampliación de El Musel, la obra pública de mayor volumen económico realizada jamán, no sólo en Gijón, sino en toda Asturias, corre el riesgo, cada vez más evidente, de quedarse sin los fondos europeos imprescindibles para financiar la conclusión de esta infraestructura. Y ello como consecuencia directa de una nefasta gestión y de denuncia política directa presentada ante los organismos competentes de Bruselas por Izquierda Unida-Bloque por Asturias-Los Verdes, que gobiernan en coalición en Gijón y en el Principado. 

Mientras Asturias sigue paralizada, sin alternativas reales ante una crisis de la que nadie se atreve a augurar su final, en Gijón, cuna del ‘Arecismo’, estamos asistiendo al espectáculo esperpéntico en que se ha convertido este ‘desgobierno’. El equipo liderado por Paz Felgueroso está demostrando su agotamiento ante unos hechos que le superan. Los clanes aspirantes a la sucesión están más cuestionados que nunca por sus actuaciones contradictorias y falsas ante el escándalo urbanístico despatado por los vecinos de Cabueñes.

Por otro lado, el gobierno municipal se ha enfrentado a la Universidad por defender la Semana Negra, que vuelve a ser polémica, un año más, por lo improvisado de su organización. Los estudiantes no la quieren en el Campus, y el Partido Popular estará siempre del lado de quienes verdaderamente hacen progresar a esta ciudad y a esta región. A todo ello se suman los ‘agujeros’ de las empresas municipales de Gijón, tales como Emtusa y el Teatro Jovellanos, en las que el gobierno municipal gasta el dinero de todos los gijoneses a manos llenas. Son demasiados los “trapicheos”, como el propio concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, definió el ‘caso Cabueñes’, y demasiados los frentes abiertos para el ‘Arecismo’, que ha extrapolado al Principado el modelo de funcionamiento del Ayuntamiento Gijón, ahora más cuestionado que nunca. A nadie puede extrañarle que los sindicatos, a excepción de UGT, la central ‘hermana’ del PSOE, haya elegido Gijón, cuna del ‘Arecismo’, insisto, para llevar a cabo movilizaciones.

Ante esta alarmante situación, que coloca a Juliana en una verdadera encrucijada, ¿qué está haciendo el grupo de trabajo constituido por el equipo de gobierno y el comité de empresa del astillero el pasado 18 de febrero? Ha transcurrido ya más de un mes desde la constitución de ese grupo de trabajo cuyo objetivo es, según anunció  el equipo de gobierno, “el seguimiento de la situación del astillero y favorecer las actuaciones necesarias encaminadas a evitar su cierre”.

Pues bien, el Partido Popular quiere conocer qué actuaciones está llevando a cabo y qué planes tiene para ‘salvar’ al único astillero que queda en nuestra ciudad. Porque hasta la fecha sólo ha habido un nuevo encuentro entre los representantes de los trabajadores y el gobierno municipal para acordar “una comunicación permanente” entre ambas partes. ¿Qué significa permanente?, ¿que esa comunicación no era antes permanente?

Pilar Fernández Pardo, en calidad de diputada nacional, solicitó la comparencia en el Congreso de los Diputados del presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez Robles, para que informe sobre la venta por parte de esa entidad pública de Izar Gijón (ahora Factorías Juliana) al grupo gallego Factorías Vulcano y sus consecuencias. El Partido Popular está aún a la espera de que se produzca tal comparecencia. Tras el cierre de Naval Gijón, está en peligro la supervivencia del único astillero que existe en la bahía gijonesa.

Las preguntas de por qué y cómo se llegó a la situación de cierre de Naval Gijón están aún sin respuesta. La actuación complica de todas las administraciones socialistas, Gobierno central, Principado y Ayuntamiento de Gijón, hizo que Naval Gijón haya cerrado sus puertas. Al Partido Popular le preocupa enormemente la situación en que se encuentra ahora Factorías Juliana y exige al equipo de gobierno que actúe antes de que sea demasiado tarde.

Pardo justificó esta segunda iniciativa del PP ante la fiscalía tras acusar al concejal de Urbanismo, el socialista Pedro Sanjurjo, de demorar la entrega de esa documentación: «Un día después de celebrar aquella comisión (la del 27 de marzo), se comprometió a acudir a la fiscalía y a hacer entrega de los documentos a los vecinos de Cabueñes; hoy (por ayer), hablé con Sanjurjo y me dijo que aún no la había entregado».

La portavoz del único grupo de la oposición subrayó que, además de ir al Juzgado, su grupo ha pedido la comparecencia del responsable de Urbanismo para que informe en el próximo Pleno municipal, previsto para el día 17 de este mes, sobre las medidas del gobierno que preside Paz Fernández Felgueroso «en la presunta corrupción urbanística ocurrida en el sector UZN-C1 y la actuación del anterior jefe del servicio técnico de Urbanismo, señor Ovidio Blanco».

Pardo denunció, además, una «supuesta manipulación» al destacar que el Gobierno de Felgueroso ha facilitado tres copias distintas con documentación referida a la finca que vendió Blanco. En la información facilitada al PP hay un encabezamiento y las firmas de tres funcionarios que, según la diputada, faltan, sin embargo, en el documento que se ha colgado en la web del Ayuntamiento y en el que se dio a los medios de comunicación. «Hay documentos alterados; cada vez hay más dudas», dijo.

La portavoz popular mostró su extrañeza por las «amputaciones» y «diferencias sustanciales» en la documentación. También porque dos documentos referidos al año 1996 están firmados por el actual arquitecto municipal, Javier Domingo, y no por el titular de entonces, Ovidio Blanco. «Vamos a exigir responsabilidades en favor de la transparencia; es un asunto gravísimo», resaltó.

Pardo hizo referencia a la fallida grabación de la Comisión de Urbanismo del pasado día 27, una pieza sonora que se iba a entregar a la fiscalía. «Soltronic (la empresa encargada de la grabación) ha dicho que hubo un fallo técnico; nosotros pedimos un informe exhaustivo: si existe una muestra de grabación anterior, el equipo que se utilizó y con qué técnicos se habló», detalló la portavoz del PP. Y añadió que sus consultas técnicas concluyen que «es muy raro que se produzca un fallo así, prácticamente excepcional». «Consideramos que estamos ante un gobierno de tramposos que no juega limpio», señaló, en otro momento, la diputada.

Pardo recordó que la Comisión de Urbanismo del pasado día 27 iba a ser grabada, para enviar la cinta al fiscal. Al final, la grabación no se pudo efectuar de manera íntegra porque el sistema de registro sonoro «falló precisamente al empezar a tratar el tema del plan parcial de Cabueñes», algo que la líder del PP tildó de «muy sospechoso». Pardo apuntó que la secretaria de la Comisión de Urbanismo, la funcionaria Teresa Valdés, apenas tomó notas en dicha comisión debido a que confiaba en que estaba siendo grabada.

Pese a que finalmente no se produjo tal grabación, la funcionaria redactó un acta de 13 páginas con las pocas notas que tomó, según Fernández Pardo. Esa acta aún no ha sido aprobada y se someterá a la consideración de los grupos políticos el próximo día 13 para que puedan solicitar las correcciones que estimen convenientes. Pese a que el acta no fue aprobada, el gobierno local la remitió a la fiscalía, lo que, a juicio de Pardo, supone una «manipulación del gobierno municipal» para engañar al fiscal.

El PP adelantó que votará en contra de la aprobación de esa acta en la reunión del próximo día 13. Un acta en la que echa en falta algunas de las cuestiones que apuntaron los representantes del PP en la comisión del día 27 y en la que se pueden leer cuestiones que, según los populares, no se llegaron a pronunciar en esa reunión: «Omite cuestiones que allí se hablaron y señala otras que son inciertas», resumió la dirigente popular, que se pregunta cómo pudo la funcionaria reflejar tan exhaustivamente lo tratado en una comisión en la que apenas tomó notas y cuya grabación resultó supuestamente fallida.

La líder de los populares gijoneses aprovechó su comparecencia pública de ayer para pedir a IU que apoye la propuesta que el PP va a llevar al próximo Pleno para que se cree una comisión de investigación en el Ayuntamiento sobre el «caso Blanco».

El «tinglado urbanístico» que el PP vincula con el arecismo tiene como protagonistas al consejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía; al gerente de la constructora pública Sedes, Santiago Caicoya; al viceconsejero de Promoción Cultural y Política Lingüística, Jorge Fernández León; al arquitecto Alejandro Alcázar, y al propio Ovidio Blanco, que lleva varias semanas en el ojo del huracán por la compraventa de una de las parcelas adscritas al plan urbanístico de Cabueñes. «Los mismos personajes confluyen en los mismos sitios. Y yo no creo en las casualidades», señaló Ramón García Cañal, antes de hacer un breve perfil de cada uno de ellos.

«Buendía fue uno de los máximos responsables de Urbanismo en el Ayuntamiento de Gijón y, tras las elecciones de 1999, pasó a ocupar la Dirección General de Urbanismo y, luego, la Consejería de Infraestructuras. Preside la CUOTA y Sogepsa, y la empresa Sedes está adscrita a su Consejería», empezó diciendo. En cuanto a Santiago Caicoya, «ha sido asesor del Ayuntamiento de Gijón con Areces (ahora presidente regional). En 2002, lo nombraron director general de la Agencia para el Desarrollo de Proyectos Culturales y, en 2004, gerente de Sedes».

El siguiente fue Jorge Fernández León: «Director de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón; asesor de Areces, primero en el Ayuntamiento y luego en el Principado; en 2003 le nombran director de la Agencia para el Desarrollo de Proyectos Culturales con rango de viceconsejero, que desarrolla fundamentalmente los proyectos de la Laboral; desde 2008 ocupa la Viceconsejería de Promoción Cultural y Política Lingüística». De Ovidio Blanco, el diputado popular destacó que «fue arquitecto jefe del Ayuntamiento hasta diciembre de 2003 y, tras pedir la excedencia, pasa a ser contratado por Sogepsa y también hace trabajos para Sedes».

Y, por último, Alejandro Alcázar. «Funcionario de la Mancomunidad del Nalón, accede en 2002 al puesto de jefe de servicio de la Unidad de Arquitectura de la Agencia para el Desarrollo de Proyectos Culturales, que dirigía Santiago Caicoya; fue necesario modificar la RPT (relación de puestos de trabajo) de la Consejería de Cultura para permitir que un funcionario de otra administración pudiera acceder al puesto», recordó. «En 2008 se descubre que, pese a ser incompatible con su cargo, el señor Alcázar ha trabajado copiosamente en proyectos privados. A veces para empresas sobre las que tenía que emitir informes para adjudicaciones de contratos de la Administración. Una de esas empresas ha sido Sedes», prosiguió García Cañal.

En este «círculo», los dirigentes del PP incluso han encontrado contrataciones en las que «Alejandro Alcázar y Ovidio Blanco coinciden como arquitectos». El diputado popular aportó documentos oficiales relativos, en concreto, al plan parcial del ámbito 3 de Lugones, cuyo desarrollo está promovido por Sedes, entre otras empresas. «Se están dando una serie de actuaciones que necesitan ser clarificadas. La Consejería de Buendía interviene en Sedes, la CUOTA, Sogepsa, la ZALIA, Gijón al Norte... ¿Qué controles hay en todo este entramado urbanístico?», planteó, por su parte, Ana Barrientos.

El Partido Popular está convencido de que «hay intermediarios del urbanismo asturiano protegidos por la Administración, arquitectos amigos con buena entrada en la CUOTA, que es donde acaban todos los proyectos; así de sencillo. Lo de Ovidio Blanco en Cabueñes no es aislado». El diputado Ramón García Cañal puso un ejemplo más: «Pero si en las obras de la Laboral pusieron a coordinar a las empresas contratadas a un funcionario que está condenado por certificar en falso en el Ayuntamiento de Corvera».

La encargada de poner sobre la mesa estos datos ha sido Inmaculada Gallart, concejala del grupo municipal del Partido Popular. «Hemos hablado con los comerciantes y los datos que nos han dado indican que la crisis afecta cada vez más a los comercios de barrio, aquellos que viven exclusivamente de su negocio», explica.

Las cuentas alarman aún más si los datos se extrapolan. Más de diez comercios bajan la persiana cada semana, es decir, más de uno al día. Con estas cifras, los populares aseguran que «vivimos la peor situación desde 1990». «Y lo peor está por venir, para abril se esperan peores datos», advierte Gallart. Un negro panorama que se achaca a la bajada de ventas que ha llegado a situarse en el 22 por ciento en el sector de la moda. «Algunos pequeños empresarios han tenido que alargar en exceso las rebajas hasta hace unos pocos días porque se ven ahogados», señaló la edil popular.

El problema viene de lejos aunque se agrava con el paso del tiempo. Gijón Tiendas ya advirtió en enero de que 99 de sus comercios se habían visto obligados a cerrar sus puertas durante el año 2008.

¿Las soluciones? Las de siempre para los populares. «Seguimos insistiendo en la necesidad de elaboración de un censo de los comercios que existen en la ciudad estructurados por sectores y en la puesta en marcha de un plan integral de formación. No sabemos por qué el gobierno no nos escucha», explica Gallart. Las medidas solicitadas por el PP deben combinarse con una publicidad adecuada y la puesta en marcha de un observatorio permanente del comercio de la ciudad.

Y es que las soluciones que puso sobre la mesa el Partido Socialista no gustan a la oposición. A su juicio la creación de una tarjeta de fidelidad para los negocios incluidos dentro de la Unión de Comerciantes «solo beneficia a algunos». Además la iniciativa ya la habían puesto en marcha muchos comercios «antes de que el Ayuntamiento lo hiciera». Para Gallart el gasto municipal ha sido exagerado: «Cuando la medida funcione a pleno rendimiento tocarán a unos 386 euros por comercio, pero el PP se pregunta ¿qué pasa con los que no están asociados? También ellos necesitan ayudas de otro tipo».

En el Ayuntamiento de Gijón han transcurrido 30 años de gobierno monocolor. Un tiempo en el que una plaga de termitas hubiera acabado con el edificio consistorial y parte de las inmediaciones de la plaza Mayor. En el terreno político estamos comenzando a ver las consecuencias de un poder sin alternancia. El «caso Cabueñes», destapado por los vecinos de la zona, es tan sólo la punta del iceberg de lo que podría estar ocurriendo en el urbanismo de la ciudad. Los dirigentes socialistas han ido mermando poco a poco el funcionamiento democrático y la transparencia, hoy cuestionados más que nunca. El rechazo público a la creación de una comisión de investigación por parte del PSOE e IU no puede interpretarse sino como su intención de ocultar la verdad de este supuesto caso de corrupción. Pero será en el Pleno del próximo día 17 de abril cuando demuestren, con sus votos, si quieren que se depuren las responsabilidades políticas en la comisión de investigación que viene solicitando el Partido Popular desde que se conoció este escándalo urbanístico. El concejal de Izquierda Unida Jesús Montes Estrada ha afirmado ante los medios de comunicación que debe llegarse al final de este asunto «caiga quien caiga». Pues bien, IU tendrá en ese Pleno una buena oportunidad para demostrar que realmente es partidario de la transparencia. De lo contrario, será cómplice de la actuación socialista y evidenciará que sólo se mantiene en el equipo de gobierno por sus prebendas. Desde el primer momento en que el «caso Cabueñes» se hizo público, el gobierno municipal ha incurrido en mentiras y contradicciones con el objetivo de tapar este oscuro asunto, cuyas ramificaciones, derivadas del «arecismo», se extienden por toda Asturias. Las grabaciones extrañamente fallidas y las falsedades del concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, han sembrado más dudas y sospechas, si cabe, en este caso. El Partido Popular está dispuesto a llegar hasta el final, porque los ciudadanos de Gijón y de Asturias tienen derecho a conocer toda la verdad. Estamos en tiempos de reflexión y penitencia. Nada mejor que estos días de Semana Santa para enmendar los pecados.

Este último capítulo de la polémica comenzó el pasado 27 de marzo. Ese día se celebró una comisión de Urbanismo en la que durante dos horas los grupos municipales debatieron sobre el asunto de Cabueñes. Aquella reunión debía grabarse para ser transcrita de forma literal, pero un fallo técnico lo impidió.

A partir de ahí, PSOE y PP no lograron ponerse de acuerdo sobre si había que repetir la reunión o no. Y, finalmente, la secretaria de la comisión redactó el acta basándose en sus propias notas. El documento fue remitido la semana pasada a la Fiscalía.

«Es una aberración, una auténtica barbaridad», concluyó Luis Crego, «y una actitud no propia de la Administración». Porque insisten en que el documento remitido a la Fiscalía por parte del equipo de gobierno «no tiene más valor que el papel que lo contiene». Lo ocurrido con esta polémica comisión y esta más que polémica acta es, a juicio del PP, «un paso más en el camino desafortunado del equipo de gobierno, que demuestra que en este asunto si algo impera es la anormalidad y el nerviosismo fuera de lo común, que les lleva a cometer estas irregularidades».

Además, los datos de la Cocina Económica, a los que tuvo acceso tras comunicarse con los responsables de la entidad, reflejan que en el primer trimestre de 2009 se dieron 31.909 comidas (desayuno, comida o cena), mientras que en el mismo periodo de 2008 habían sido 26.188. Dorinda García señaló que en la Cocina Económica le dijeron además que el perfil de las personas que atienden va cambiando, con más solicitantes que han perdido empleo, y antiguos usuarios que habían conseguido integrarse en la vida social activa, pero que se han quedado en el paro. Los datos, según Dorinda García son "preocupantes" y "alarmantes".

Así, la concejal del PP se preguntó "¿Dónde está la concejala de Servicios Sociales ante esta situación?", en relación a la titular en Gijón del departamento, María Esperanza Fernández Puerta. El PP recordó que en la Comisión de Políticas  Integrales del 18 de marzo, el PP preguntó a la concejala sobre las medidas a tomar y que la concejala de Servicios Sociales no contestó. Ayer se celebró de nuevo una Comisión, y Esperanza Fernández, según Dorinda García, comentó que piensa reunirse con Cáritas y Cocina Económica, y que se tomarían medidas en el futuro. "Es gravísimo que la responsable de dar soluciones reconozca que ni se han tomado medidas ni se ha reunido con nadie", expuso Dorinda García, que añadió que da la impresión de que al equipo de Gobierno no le importa la situación de las familias que están pasando apuros.

Recordó además que hace un mes que el PP pidió la creación de unos comedores sociales para parados, sin que haya habido hasta ahora ninguna respuesta. Por último, recordó que el Partido Popular instó el pasado mes al equipo de gobierno a crear comedores sociales para personas desempleadas, y dijo que, a día de hoy, no ha recibido respuesta alguna.

Aunque por lo visto ayer, muchos de ellos ya son unos voraces lectores. O por lo menos, atentos oyentes de cuentos. Ajenos en un primer momento a la presencia de la presidenta del Partido Popular de Gijón, los 31 alumnos fueron llegando del recreo para colocarse alrededor de Fernández Pardo. Una vez sentados, ya se percataron -aunque sin atinar- de quién les acompañaba en la clase. «¡Es la alcaldesa!», dijo una niña. «No, es quien la ayuda», le contestó un compañero. Casi. Fue un profesor el que les tuvo que explicar el trabajo de la portavoz del PP en el Ayuntamiento. Pese a los detalles, algunos rostros de los pequeños seguían reflejando señales de vacilación y duda.

Trabajo y premios

Unos valores reflejados en la hormiga y la tortuga, en contraposición a la pereza de la cigarra y a la prepotencia de la liebre. Y los niños -que escucharon con atención a Pilar Fernández Pardo durante toda la narración- captaron a la primera la moraleja de las dos fábulas. «Esfuerzo es hacer las cosas bien y trabajar», declaró un niño. «Y si trabajas mucho, consigues un premio», añadió otra niña. Sea cual sea la razón, «lo más importante es tener valores», concluyó la presidenta del Partido Popular gijonés.

Desde que los vecinos de Cabueñes destaparon este escándalo urbanístico, el equipo de gobierno ha ofrecido, día tras día, un espectáculo esperpéntico incurriendo en mentiras, contradicciones y actuaciones chapuceras. Todo les ha valido con tal de ocultar la verdad. Sospechosamente, la cinta que iba a recoger lo dicho y ocurrido en la Comisión de Urbanismo, donde se trató el asunto y que iba a ser llevada al Ministerio Fiscal, no grabó. ¡Qué casualidad! Posteriormente, el equipo de gobierno envió a la Fiscalía un acta sin aprobar y plagada de irregularidades. Con cada paso que ha ido dando, el gobierno municipal ha ido sembrando más dudas, más sospechas.

Vañó analizó la necesidad de la ley y sus carencias junto a la presidenta del PP de Gijón, portavoz municipal y diputada por Asturias, Pilar Fernández Pardo, con la que participó en la mesa redonda 'Aplicación de la Ley de Dependencia' que se celebró en la Bioblioteca Pública Jovellanos de Gijón.  Vañó hizo hincapié en que uno de los principales "tapones" de la Ley es su financiación, y recalcó que las mejoras sociales no son patrimonio de ninguna ideología.

Al respecto, recordó que durante la negociación del texto el PP tuvo "generosidad" y la ley se votó por mayoría en el Congreso. No obstante, reprochó el modo de aplicación en el que "el Estado invita y las comunidades pagan". Por ello, incidió en la necesidad de dotar el desarrollo de la Ley de mayor presupuesto, y recursos técnicos y humanos.

El diputado del PP afirmó que su grupo "cuenta" con los discapacitados para abordar los temas que les afecta, y un ejemplo de ello es la mesa coloquio en la que hoy participó para conocer las opiniones, dudas y necesidades de los asistentes.  Asimismo, dijo que el PP trabaja para "mejorar" la situación de la Ley, a la que se refirió como el cuarto pilar del Estado del Bienestar, junto a la Sanidad, la Educación y el Sistema de Pensiones. Para ello dijo que su partido promueve la autonomía personal de las personas con posibilidad de reducir su dependencia con la facilitación de recursos técnicos, junto con la asistencia para quienes son dependientes y no pueden mejorar su situación por si mismos. 

Por su parte, Fernández Pardo lamentó la falta de financiación suficiente para el desarrollo de la Ley. Además, recordó la importancia de que la Ley de Dependencia se contemple como factor de ponderación en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica para que se vea fortalecida y suponga un avance en su cumplimiento, con especial relevancia para el Principado de Asturias, dado el elevado número de población envejecida y de solicitantes de atención a la dependencia.  

Francisco Vañó es el único diputado del Congreso con discapacidad física, tras sufrir un accidente hace 37 años, y se ha convertido en "punta de lanza" de los derechos de los discapacitados y de la reivindicación de la accesibilidad en la Cámara a la que acude a trabajar en silla de ruedas. El diputado del PP afirmó, al respecto, que "la discapacidad ha entrado con fuerza en en Congreso y ya no se trata como algo raro". Así, recordando a otros profesionales que trabajan en el Congreso, apuntó algunas de las mejoras que en los últimos cinco años se han realizado en la Cámara como la eliminación de barreras arquitectónicas, el empleo del lenguaje de signos o la accesibilidad on-line. "La mayoría son pequeños detalles pero que son muy importantes", afirmó. Vañó comentó que sin querer se le considera el "diputado de los discapacitados", lo que le da una "dosis extra de responsabilidad" que trata de llevar con normalidad. Entre sus logros recordó cómo la Comisión No Permanente de Discapacidad, se convirtió en permante. "Me siento bien tratado", aseveró.

Francisco Vaño incidió en que el colectivo de personas con discapacidad estuvo marginado de forma involuntaria durante años sin aflorar a la luz pública. Por ello, valora los avances de integración realizados en los últimos años y la puesta en marcha de la Ley de Dependencia. No obstante, argumentó que el colectivo pasó, metafóricamente, "tanta hambre que si se promete un bocadillo y se llena a la gente de expectativas y luego no se cumple el compromiso supone una gran frustración". Por ello, instó al Gobierno a que la Ley se desarrolle con más agilidad.

El documento, hecho público ayer por el eurodiputado del Partido Popular (PP) Salvador Garriga, está fechado a 31 de enero de 2007 e insta a las autoridades españolas a no pedir fondos europeos para costear posibles modificaciones de contratos durante su ejecución. El PP anunció además ayer que El Musel podría no recibir parte de los 247,5 millones de euros correspondientes a los fondos de cohesión del período 2000-2006, ya que la negativa de la Dirección General de Política Regional de la CE a pagar el sobrecoste obliga a una corrección financiera de toda la obra.

El puerto desmintió horas después esta afirmación al desvelar que en febrero recibió una transferencia de 37 millones de euros, por lo que sólo faltarían por cobrar algo más de 10 millones además del 20 por ciento del saldo final. La circular interna emitida por Fondos Comunitarios advierte a todos los interesados en beneficiarse de fondos europeos que la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la CE -organismo que recientemente finalizó el informe contrario a sufragar el sobrecoste de El Musel- puso en conocimiento del Gobierno español el 12 de diciembre de 2006 que consideraba incorrecta la transposición de determinados aspectos sobre contratación pública de la directiva 2004/18 a la normativa nacional, muy especialmente «los relativos a la regulación de las modificaciones de contratos durante su ejecución».

Por ello, la CE solicita que las certificaciones de gastos dentro del programa de fondos de cohesión del período 2000-2006 no «deben incluir los que se deriven de modificaciones de contratos (...) cualquiera que sea el momento en que dichas modificaciones hayan sido aprobadas por la autoridad competente».

En el mismo informe también se aclara que el Gobierno español podrá «autorizar con carácter excepcional (...) la inclusión de gastos amparados en modificados». Unas excepciones que se cursarán «tras el análisis de una propuesta específica y razonada de los organismos beneficiados» y vendrán determinadas «por la verificación de conformidad de dichos modificados con la directiva en vigor». Una condición que, tras la decisión de la CE de denegar los fondos al Musel, no parecen haber cumplido las autoridades portuarios gijonesas, ya que no ajustaron su petición a la normativa europea 93/38 que regula la entrega de ayudas a los distintos estados miembros (actualizada por la directiva 2004/18).

«El modificado del contrato de El Musel es incompatible con lo que dicta Europa», aseguró ayer Garriga, acompañado por la diputada nacional y presidenta del PP de Gijón, Pilar Fernández Pardo, y los diputados regionales Agustín Cuervas-Mons y Ana Barrientos. Pero el europarlamentario fue más lejos y alertó de la posibilidad de que el puerto pierda los 102 millones de euros que aún no ha cobrado para pagar la ampliación. «Esta nueva situación nos lleva a una corrección financiera que podría afectar a las ayudas solicitadas en un primer momento», aseguró.

De estas ayudas, la CE ya ha entregado 145,5 millones de euros en concepto de un primer pago por adelantado (49,5 millones) y otro pago intermedio (96 millones). Sin embargo, según el PP, El Musel aún espera recibir otras dos partidas de 52,5 millones y de 49,5 millones de euros (ésta en concepto de saldo final). Según la versión popular, Bruselas podría dar marcha atrás y no abonar estas ayudas debido a supuestas deficiencias detectadas en la licitación de la obra.

El grupo de la oposición sacó a relucir facturas por importe de 327.406 euros, correspondientes a 2007, donde se incluyen gastos de alquiler de vehículos, mantenimiento de ascensores y escaleras, suministro eléctrico y de agua, mantenimiento de dominios de internet, suministro de carburante, tasa de ocupación de la vía pública, canon de saneamiento del Principado y honorarios.

Además, reiteró que desde el año siguiente a la apertura del Acuario, la firma francesa Coutant «ya no forma parte del accionariado» de la gestora a cuyo frente están Aguinaga y su mujer. Respecto a esta sociedad criticó que no realice auditorías al final de cada ejercicio, al considerar que las de la intervención municipal «no son suficientes».

«El Acuario se ha convertido en una piraña que devora las arcas municipales», dijo en referencia a la reciente adquisición de esta especie depredadora. Por ese motivo, anunció que su grupo municipal pedirá la convocatoria extraordinaria y urgente de la Comisión de Movilidad, Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente, así como la comparecencia en ella de Dulce Gallego.

“Nosotros (el Gobierno) les asesoraremos para que lo hagan, pero no somos los responsables de su situación. No podemos hacer otra cosa”, expuso Santero.  La diputada popular por Asturias aprovechó su comparecencia en la Comisión de Industria para reprochar al Gobierno que lleva un año esperando obtener respuesta a sus preguntas sobre el astillero gijonés, y recordó que también está a la espera de la comparecencia del presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de conocer los informes sobre la compra-venta de Juliana.En su intervención en la Comisión de Industria, la diputada del Partido Popular por Asturias calificó de fiasco el resultado de la privatización del astillero, y afirmó que cuando la empresa gallega Vulcano tomó las riendas de Juliana, la SEPI declaró públicamente que el astillero gijonés era “perfectamente viable y tenía futuro”.

Recordó que el Gobierno de Zapatero aprobó la segregación del Grupo Izar para privatizar algunos astilleros, entre ellos Juliana (antes Izar Gijón), y facilitar la creación del grupo Navantia, “que goza de buena salud”. En cambio, según apuntó, “desde la venta de Juliana todo son malas noticias para el astillero gijonés, y los responsables socialistas, desde el Gobierno de la Nación, el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Gijón, le están dando la espalda y ahora podría verse abocado al cierre”.

Fernández Pardo no pasó por alto que Factorías Juliana es el único astillero que sobrevive en la bahía de Gijón tras el cierre de Naval Gijón. “Cierre del que alguien tendrá que dar explicaciones algún día. Pero esa es otra historia que no procede hoy, aunque tiene vinculaciones con Juliana, porque 44 trabajadores de Naval Gijón están esperando su recolocación en el astillero gijonés de Vulcano”, dijo.Dado el “complicado escenario” que dibujó Teresa Santero respecto a la situación de Factorías Juliana, la diputada popular le planteó a la responsable de Industria la posibilidad de que el Gobierno “recupere Factorías Juliana para el sector público de la construcción naval”, dado que fue la SEPI la responsable de su venta y que no se encargó de velar por el cumplimiento de los acuerdos de la compraventa. La secretaria general de Industria dijo “no ser partidaria de hacer público algo que se ha privatizado”. “La empresa Juliana tiene una mala situación, pero el Gobierno no es responsable”, agregó.

 Al finalizar su intervención, Fernández Pardo aseguró que “en Asturias, desde el Partido Popular vamos a luchar para que el astillero Juliana tenga el protagonismo y especialización que siempre ha tenido, algo a lo que no se comprometen los responsables socialistas”.

Asimismo, apuntó que la intención de ampliar la gestión de las empresas públicas y su número es reducir el "control" de la oposición.  Para el concejal del PP ese incremento del gasto es un dato "suficientemente preocupante", que debe hacer replantearse las fórmulas de gestión de los servicios públicos. González pidió que haya "más ayuntamiento y menos descontrol y reinos de taifas", para "no duplicar la estructura administrativa". "Las empresas pueden seguir existiendo pero con la gestión centralizada en el Ayuntamiento", recomendó. Además dijo que del total del presupuesto municipal,  una tercera parte, unos 150 millones de euros, "se mueven a través de empresas públicas y fundaciones, es decir estructuras de muchos gastos, de favores políticos e ineficientes", resaltó diciendo que se trata de una "mala gestión" del dinero público.

"Cada concejal del PSOE que está de presidente de una empresa municipal hace miniayuntamentos", reprochó. "Los concejales quieren ser minialcaldes y quieren gestionar su grupo de asesores, publicidad, contratar a sus personas de confianza", criticó remarcando que "por eso hay ocho miniayuntamientos cuando debería haber solo uno". El concejal dijo que el informe del PP sobre la evolución de presupuestos de las principales empresas municipales de Gijón, "no incluye las inversiones de dichas empresas, sino sólo gastos de funcionamiento general como publicidad, suministros, gastos de oficina o personal", gastos de funcionamiento en general".

Al respecto, concretó que la Empresa Municipal de Aguas (EMA) incrementó sus gastos un 161 por ciento, al pasar de 9,8 millones en 1999 a 25,7 millones en 2009; la Empresa Municipal de Limpieza (Emulsa) un 104 por ciento, al pasar de 17,2 a 35,08 millones de euros; la Empresa Municipal de Transporte (Emtusa) un aumento de 91 por ciento, al pasar de 11,4 millones a 21,9 millones de euros; y el Jovellanos un 90 por ciento, al pasar de 3,8 millones a 7,3 millones de euros.

Por ello, se preguntó "si merece la pena" y "si se reciben el doble de servicios o el doble de mejor que hace una década". En este sentido, incidió en que eso "no es así", ya que "cuando se analizan quejas y sugerencias de los ciudadanos se ve que se incrementan".

El PP de Gijón celebró el pasado sábado un Foro sobre Política Deportiva en el Centro Municipal de Pumarín Sur. La jornada comenzó a las 9.30 de la mañana con la presentación a cargo de la presidenta del Partido Popular de Gijón, Pilar Fernández Pardo. A continuación se celebraron tres mesas redondas. La primera trató sobre el deporte base y en ella participaron Vicente Sánchez Vázquez, presidente del Club Azabache; Joaquín Álvarez, responsable de EMI-Voleibol de Gijón, y Benjamín Rodríguez Cabañas, presidente de la Federación de Kárate disciplina Asociada. La segunda mesa se centró en los gimnasios privados e intervinieron los empresarios Jorge Raga Díaz e Isabel Tejero Bermejo y el concejal del Ayuntamiento de Gijón, Pedro Muñiz García. En la tercera y última mesa sobre el deporte profesional participaron Juan Manuel Cuesta Fernández, deportista, escritor y periodista; Juan del Valle Morán, campeón del mundo del Boxeo y Full Contact, y los deportistas Juan Carlos Ablanedo (Fútbol) y Carlos Robles Ania (Voleibol).

Según indicaron, Junquera se dirigía a por su coche para desplazarse a Oviedo a su trabajo en un hospital del Sespa, cuando se encontró con Emilio Noval, Eva María Illán y Luis Prado D'Almeida, en el aparcamiento donde guarda su vehículo. Crego apuntó que mientras que Noval agredió física y verbalmente a Junquera, éste mantuvo una conducta "intachable" y "ausente" de toda reacción, "como se verá en el proceso penal que se abra", remarcó. Al respecto, Crego indicó que las agresiones al concejal Eduardo Junquera pueden considerarse "delito de atentado contra la autoridad" aunque remarcó que en la denuncia no se califica el tipo de delito, sino que será el juez en su momento el que lo determine.

 Asimismo, Crego afirmó que siempre que el PP pueda personarse en el proceso penal en apoyo a Junquera lo hará, tanto frente a Emilio Noval como a las personas que estaban con él si es necesario, dijo en referencia a Luis Prado y Eva María Illán que se encontraban con Noval en el momento de los hechos denunciados. No obstante, aclaró que la denuncia de Junquera se dirige solo a Noval aunque hace también referencia a los otros dos miembros del sector crítico.

 Según dijo Luis Crego la declaración y la denuncia de Emilio Noval son "falsas", y por tanto si el proceso lo permite también será denunciado por ello. Además, afirmó que existen testigos --los empleados del aparcamiento y un viandante-- y pruebas documentales, dijo apuntando a un video pero sin decirlo explicitamente, que "acreditan" la declaración de Eduardo Junquera sobre la "gravísima agresión".

Por su parte, Fernando Goñi remarcó que el PP "siempre defenderá a sus cargos públicos" y que por tanto apoyará a Junquera en su denuncia contra Noval. Asimismo, reseñó que en el PP deciden los afiliados primero con sus avales, luego con su suscripción y finalmente con sus votos.

Goñi asoció la agresión a Junquera con el proceso de congresos locales del PP. "Qué casualidad", dijo en relación a la proximidad en el tiempo del altercado y la cita congresual. El secretario general del PP felicitó a la Junta local del PP gijonés y a la Comisión por su trabajo que es de una "legalidad sin precedentes en la historia del partido". Asimismo, dijo que el PP "no va a consentir" que nadie perjudique los intereses del partido ni a sus miembros. "En el PP no existen corrientes internas, puede haber distintas opiniones", apuntó señalando que las descalificaciones personales sobre cargos públicos y compañeros de partido durante el proceso congresual "tendrá sus consecuencias" y se llevará si es necesario al Comité de Derechos y Garantías del PP de Asturias.

Desde el Partido Popular de Gijón, de Asturias y desde Bruselas, con nuestro eurodiputado Salvador Garriga, llevamos muchos meses expresando nuestra preocupación acerca del riesgo en el que incurrían la Autoridad Portuaria y el Ministerio de Fomento al confiar a los fondos de la UE la financiación de la obra pública de mayor volumen económico realizada jamás, no sólo en Gijón, sino en toda Asturias. Dijimos repetidamente que los modificados en los contratos de obra original no constituían para las autoridades comunitarias, en ningún caso, causa suficiente para una financiación suplementaria proveniente de dichos fondos de cohesión. Esa información obraba desde el primer momento en manos de las autoridades.

En toda la historia del sobrecoste del puerto de El Musel en el Partido Popular nos hemos limitado, desde el primer momento, a contar las cosas como eran y como al parecer están resultando. Mucho nos tememos que todo esto desemboque en más impuestos para poder finalizar, con dinero de todos los españoles en vez de con fondos comunitarios, una obra que es fundamental para el desarrollo económico de nuestra región.

Por mucho que los dirigentes socialistas pretendan confundir con sus mentiras a la opinión pública, los hechos son muy claros. Gijón perderá la aportación de los fondos europeos por una pésima gestión e incapacidad manifiesta y, tras una denuncia de naturaleza únicamente política presentada por Izquierda Unida ante los organismos competentes de Bruselas. IU sostuvo en esa denuncia que la obra de El Musel era «faraónica» e «innecesaria», y que vulneraba las normas que regulan la concesión de estos fondos para obras públicas por parte de la Unión Europea. Ello, contra el criterio favorable de la propia Autoridad Portuaria de Gijón, donde está presente la alcaldesa Paz Fernández Felgueroso, la Administración del Estado, el Ministerio de Fomento, el Gobierno del Principado y la Abogacía del Estado, que defendían la legalidad de las ayudas comunitarias, determinantes para que las obras pudieran continuar.

Todos estos responsables socialistas de este gravísimo hecho no pueden quedar impunes ante la pérdida de esa fundamental aportación de fondos de la Unión Europea. Desde el Partido Popular exigimos responsabilidades, que han de pasar ineludiblemente por el abandono de sus funciones de los causantes de tan flagrante, y no sabemos si irreparable, daño para Gijón y para Asturias. Tienen que dar la cara y no escurrir este enorme bulto.

En un escrito, Menéndez Rexach responde a Fernández Pardo que “no tiene la cualidad de interesada en el procedimiento”, lo que lleva a denegarle el acceso a los documentos e informaciones integrantes del mismo. Esta negativa deja en evidencia, una vez más, el ánimo de los responsables de la Autoridad Portuaria de impedir que se conozca lo ocurrido en esta obra fundamental para Gijón y para Asturias. Infraestructura que ha dado lugar a una decisión sin predecentes por parte de las autoridades de la Unión Europea , en la que dejan patente la actuación irregular e irresponsable de quienes contrataron y están gestionando la ampliación de El Musel.

La Dirección de Política Regional de la Comisión Europea ha denegado la concesión de los fondos (135 millones de euros) que se habían solicitado para sufragar el inmenso e injustificado sobrecoste de las obras del puerto gijonés. Hay que recordar que en el órgano de dirección de la Autoridad Portuaria de Gijón está representado nuestro Ayuntamiento, a través del concejal José María Pérez y de la propia alcaldesa Paz Fernández Felgueroso y que ambos son también partícipes de lo ocurrido y responsables de las consecuencias que pueda tener la gestión realizada en relación con esta obra.   Intentar ocultar la verdad, como se hizo desde el primer día en que fue conocida la brutal desviación presupuestaria, no sirve para nada y no hace sino aumentar la responsabilidad en la que incurren cuantos son responsables de este gravísimo hecho.  

Esta respuesta por parte de la Autoridad Portuaria de Gijón no impedirá que el Partido Popular, en todos los ámbitos en que se encuentra presente, continúe trabajando para el esclarecimiento de estos hechos y de las responsabilidades que de ellos se puedan derivar.  

Muñiz recordó que hasta la fecha «no se ha avanzado absolutamente nada», a excepción de la intervención en los vestuarios que incluyó la instalación de varias estructuras modulares en la calle de Luis Adaro. «Más que vestuarios parecen casetas de obra, y no hacen más que ocupar espacio e impedir transitar con normalidad por esa calle a la gente que va al partido».

Según aseguró el concejal, su grupo advirtió «desde el principio» de que «no nos parecía que la empresa tuviera ni experiencia, ni solvencia técnica, ni solvencia económica y financiera para cumplir el contrato». Más allá, retomó sus acusaciones sobre la posible existencia de un caso de información privilegiada al asegurar que «siempre nos ha mosqueado que Ruta de El Molinón, con ese nombre tan curioso, se constuituyera sólo dos meses antes de que el Ayuntamiento hiciera público que iba a convocar el concurso para la reforma del estadio y el alquiler de los bajos».

Muñiz añadió que «en 2007 ya dijimos que la empresa estaba intentando vender la concesión, y ahora todo indica, prueba de ello es la entrada en accionariado de Procoin, que no íbamos descaminados». El concejal se refirió también al conflicto abierto con la constructora Cisa, que reclama 500.000 euros para abandonar la obra después de que Ruta de El Molinón pusiera fin al contrato entre ambas sociedades. «El Ayuntamiento se está metiendo, indirectamente, en un problema de juicios entre la concesionaria y la empresa que contrató para hacer la obra».

Ante el parón que sufre la obra, Pedro Muñiz consideró que «si queremos que El Molinón esté algún día acabado hay que empezar inmediatamente una rescisión del contrato con Ruta de El Molinón, porque lo único que está trayendo hasta ahora son retrasos tras retrasos». El PP pidió además que se saque nuevamente a concurso la reforma, pero con un contrato de obra. «La solución es que, al igual que se hace con la grada Norte, el Ayuntamiento asuma la construcción de los bajos y que los alquile directamente, sin que exista una concesión como la que hay con el contrato actual».

Así, el edil propuso que las competencias sobre las fiestas de 'prau' vuelvan a depender de la Concejalía de Festejos y del Teatro Jovellanos, a cargo de José Manuel Sariego, y que se amplíe la partida presupuestaria para estas actividades, así como que el Consistorio asuma el seguro de responsabilidad civil de las fiestas --hasta ahora asumido por la Federación de Asociaciones de Vecinos-- y mejore las condiciones de limpieza y seguridad.

Cubiella criticó que la partida destinada a fiestas de 'prau' sea este año de 67.000 euros para todas, y que el seguro de responsabilidad civil asumido por la Federación ascendiera en 2008 a 14.700 euros. En este sentido, dijo que los problemas económicos y técnicos de las fiestas tradicionales, tienen "responsables políticos". En concreto se refirió al concejal de Cultura Tradicional, Jesús Montes Estrada, a quien reprochó que "no está haciendo nada por estas fiestas". Se preguntó qué entiende el concejal responsable del área por "cultura tradicional para no apoyar las fiestas". "Qué hay más tradicional en Gijón que las fiestas de prau. La cultura tradicional es más que fomentar el asturiano", apuntilló. 

Asimismo, lamentó que Sariego trasladase las fiestas a Participación Ciudadana, y criticó que su responsable, la concejal Pilar Pintos "crea problemas donde no los había". "Lo que toca deja de funcionar", apuntilló. Por eso, instó a Sariego a que "tome las riendas de este asunto" para que "no desaparezcan" las fiestas de prau. Desde el PP proponen para solucionar la crisis en las romerías tradicionales, se devuelvan las competencias al Jovellanos y el Ayuntamiento atienda la limpieza, la siega de prados particulares,  el desbroce efectivo de los caminos, amplíe el número de contenedores de limpieza para que sean suficientes y se pongan baños portátiles. En materia de seguridad, solicitó coordinación de la Policía Local con la Policía Nacional y la Guardia Civil, que se incrementen los efectivos suficientes para solventar problemas, una mayor presencia de Protección Civil y un apoyo sanitario suficiente.

   Además, instó a los responsables municipales a que retomen las reuniones anuales con las comisiones de fiestas y las asociaciones de vecinos para mejorar la situación de las romerías. Para Cubiella es necesario un apoyo político a las fiestas, como el que ofrece el PP, debido al importante número de personas que asisten a estas celebraciones. "No es un complemento sino una parte más de las fiestas de verano que hace distinguirse a Gijón de otras ciudades del Norte", afirmó diciendo que contribuyen a "potenciar el turismo en la ciudad".

 "Han prometido, pero no han cumplido". Menéndez dijo haber contactado con responsables del sector hostelero y de la Federación de Asociaciones de Vecinos, colectivos que, al igual que el Patido Popular, están interesados en consensuar esa reforma.

Además resaltó que Gallego recriminó el formato de las preguntas, lo que dijo que se demuestra que el equipo de gobierno "no quiere que continúe la labor de fiscalización en el Ayuntamiento". No obstante, Menéndez apuntó que la solicitud de comparecencia de Dulce Gallego era para abordar la mala gestión del Acuario por parte de la empresa, por lo que afirmó que el Partido Popular va a "seguir investigando".

La edil remarcó que el PP considera muy importante el Acuario, "pero no a cualquier precio". Asimismo, dijo que ha quedado claro que la empresa Coutant ha salido del accionariado de Equipamientos Acuariológicos, con lo que "se ha incumplido el contrato". "Hay fraude porque se han ido modificando las condiciones y el Ayuntamiento es negligente al no exigir el cumplimiento estricto del contrato y tiene que asumir responsabilidades", apuntilló.

De este modo, el PP exige la "rescisión del contrato" entre Ayuntamiento y la empresa, y sostiene que el hecho de que no haya respondido, les "ha dado la razón, de forma indirecta". También remarcó que cuando la concejala de Medio Ambiente y la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso dijeron que en 2010 la gestión "será por concesión" de algún modo "reconocen que la gestión actual no está funcionando".

Según apuntó el edil, el actual plan de protección no recoge sanciones para los padres que "no cumplen la obligación de educar a sus hijos", algo que considera "necesario" para paliar las situaciones de absentismo. Así, reseñó que en otras comunidades se hace, e incluso cabe la posibilidad de retirar las ayudas sociales a los padres que no cumplan con dicha obligación, lo que entiende que serviría para "evitar" la pasividad de algunas familias respecto a los menores en edad escolar que se ausentan de las clases. El concejal remarcó que el absentismo empieza a evidenciarse a partir de los 14 años y reprochó que después de los 16 años "no se hace nada" por parte de la Administración, remarcando el "absentismo elevado que se registra en Bachillerato". Por ello, el edil del PP aboga por tratar los casos desde antes, ya que sostiene que la mayoría de estas actuaciones están vinculadas al fracaso escolar. En este sentido, criticó la actitud de la Consejería de Educación y Ciencia "de retirar recursos para las actuaciones de apoyo". Además, Pecharromán apostó por desarrollar un plan de centros prioritarios, y un plan de prevención específico del absentismo para potenciar la "reinclusión social" de estos menores. También considera necesario reforzar la Escuela de Segunda Oportunidad que "no funcionó este año" y que va a volver a retomarse; y la Escuela de Adultos que "funciona bastante bien pero cuenta con pocos recursos materiales y humanos".

 El concejal del PP remarcó que la mayoría de los estudiantes absentistas son "niños con elevado riesgo de exclusión social" por lo que lamentó que mientras que en España se llevan realizando planes contra esta situación hace 30 años, en Gijón solo tengan seis años de trayectoria que además calificó de "absoluto fracaso". Para Pecharromán el plan funciona "bien" en el inicio, pero "no" en sus desarrollos posteriores. Así recriminó que la Comisión de Seguimiento de los casos que integra a responsables locales, autonómicos y cuerpos de seguridad, se haya reunido solo una vez en siete meses cuando el carácter de sus encuentros debiera ser mensual. El edil valoró, no obstante, las nuevas medidas propuestas por el equipo de Gobierno y apuntó que el concejal de Educación y Cultura, Justo Vilabrille "siempre que rectifica acierta". En concreto se refirió a la consideración de absentista cuando se supera el 20 por ciento de faltas de asistencia frente al 25 por ciento que se computaba hasta ahora; y a la incorporación de la educación concertada que antes quedaba fuera del plan y que supone un tercio de los centros educativos de la ciudad. "Por fin va a haber un coordinador del plan", añadió Pecharromán remarcando que se trata de medidas que el PP "lleva años solicitando" aunque se mostró dudoso sobre las mejoras que los cambios vayan a implicar ya que "llevan seis años de retraso".

-¿Cuáles son las bases del acuerdo con los socialistas para apoyar a Patxi López como lendakari? 

-Hay un documento político con dos claves fundamentales: lograr que en el País Vasco haya normalidad, como en Asturias, y que las ideas políticas no te cuesten la vida, es decir, que no se cuestione la vasquidad de unos u otros ciudadanos, y, por otro lado, acabar con el terrorismo. Ahí incluimos un mayor trabajo de la Ertzaintza, una mejora en la educación y prestigiar las leyes. En esa línea, apoyaremos a Patxi López los cuatro años, arrimaremos el hombro y respaldaremos al Gobierno socialista. Y es que estamos en una situación predemocrática, por lo que no cabe mirar los asuntos de partido y sí los generales.

-¿Los pasos que ha dado Patxi López son los que esperaba?

-A él le toca elegir su Gobierno y ejecutar aquello que hemos acordado, y creo que ésa es la línea en la que se va. Además, él tiene que tener un margen de confianza para poder cumplir el espíritu de lo que hemos firmado. Lo van a hacer bien porque saben lo importante que es que el País Vasco logre ser un lugar de convivencia.

-¿La posición de Antonio Basagoiti es entendida por el conjunto del PP vasco o aún hay suspicacias?

-Yo creo que mi posición es absolutamente compartida. Mis votantes me cuentan que brindarán con champán el día 5 (por mañana, martes) por el Gobierno de Patxi López y es que son conscientes de lo necesario que es el cambio en el País Vasco, que llevemos una línea alejada de la exclusión, de la independencia, de la separación o de la de tener miramientos con Batasuna y el mundo de ETA. Mis votantes son conscientes de la necesidad de ese cambio para dar la puntilla al terrorismo, y como son conscientes de esa realidad, pues están de acuerdo con esa propuesta. Cuando acabemos con ETA, y yo creo que se puede acabar, llegará el momento de que discutamos el centro y la izquierda o liberales y progresistas. Ahora estamos en la fase previa, que es la de lograr vivir en paz.

-Quizás en el resto de España se entienda mal ese acuerdo si se pone el foco en la estrategia de Rajoy frente a Zapatero. ¿El País Vasco es una excepción en la política española?

-Es una excepción porque es un territorio donde hay una banda terrorista, se sigue matando al rival político, donde ha habido un Gobierno que no ha hecho lo que debía frente a la falta de libertad y porque hay ciudadanos que no pueden elegir la lengua en la que estudian sus hijos. Todo eso requiere decisiones políticas que igual no son entendidas en el resto del país. Pero yo defiendo que el PSOE y el PP vayamos hacia una dinámica de mayor acuerdo en toda España. La crisis económica, la política internacional y la educación, por ejemplo, son asuntos trascendentales. No quiero ser subjetivo, pero si hay un enfrentamiento tan grande entre mi partido y el PSOE, es porque Zapatero puso encima de la mesa un esquema para destruir al PP. Esperemos que cambie. Me gustaría que el acuerdo del País Vasco sirva para crear otra dinámica en la política española: la del interés general.

-¿Por qué con Patxi López sí y con Zapatero no?

-Porque la situación del País Vasco es predemocrática, insisto, y quiero que ese acuerdo permita abrir puertas. No es que crea que sean muy distintos uno del otro, sino que lo hecho en el País Vasco sirva de ejemplo.

-¿Patxi López encontrará resistencias profundas en la Administración vasca después de treinta años de gobierno del PNV?

-Va a encontrar zancadillas. Y es que el PNV se considera el dueño del país; opina que el PP y el PSOE somos «okupas». Pero creo que saldrá adelante, porque lo que dice la dirección del PNV y sus altos cargos no es lo que piensa la calle. La rabieta del PNV ha servido para que mucha gente piense que no es bueno que el PNV siga gobernando. La gente cambia: en el País Vasco, cuando murió Franco, había muchos franquistas; ahora, en cambio, hay mucha gente del PNV, y cuando todo esto pase, ya veremos...

-¿La crisis abierta por la dimisión de María San Gil está ya cerrada?

-Yo creo que sí. Hubo un congreso en el que salí elegido y unas elecciones que me he currado y en las que, con todo el viento en contra, hemos dejado clara nuestra posición.

En este sentido, el líder de los populares vascos defendió especialmente la necesidad del AVE del Cantábrico, una infraestructura que "sí se apoya en el País Vasco" y en el que "si una comunidad lo hace mal lo pagan todas", ya que "en la medida en que una se queda atrás, el resto también". Basagoiti confió en que el gobierno del Principado recapacite a este respecto, ya que "la no previsión del AVE nos deja fuera a todos". En su opinión, tanto la alta velocidad como las buenas carreteras son "elementos importantes" para mejorar la competitividad del tejido empresarial e industrial, por lo que además de la construcción del AVE consideró como fundamental finalizar la autovía del Cantábrico para acabar con el "aislamiento" del Principado.

El líder de los populares vascos mantuvo el domingo una reunión de trabajo en Gijón con representantes del PP regional y local, entre los que estaban el secretario general del PP de Asturias, Fernando Goñi, y la presidenta de este partido en Gijón, Pilar Fernández Pardo. En el encuentro también abordaron otros temas que afectan a ambas comunidades autónomas, entre los que destacaron las infraestructuras portuarias, las industrias comunes o la situación de los astilleros de una y otra región, donde "constatamos las diferencias entre el de Sestao y el de Gijón, que está abocado al cierre", indicó Fernández Pardo.

Basagoiti, que se refirió a sus vínculos personales con Asturias ya que su abuela era gijonesa y es pariente del pintor Evaristo Valle, también reclamó al PSOE asturiano que "se deje ayudar" por el PP regional, como ha ocurrido entre ambos partidos en el País Vasco. En opinión de presidente del PP vasco, los populares asturianos son un partido que "propone y da alternativas", por lo que, al igual que en muchas otras comunidades autónomas, el "futuro" es llegar a acuerdos entre ambas formaciones aunque ellos "prefieran una Izquierda Unida radical a la que da coches y visas oro aunque nosotros no pidamos nada". Por eso, se mostró esperanzado en "un cambio de dinámica dentro del gobierno asturiano para poder estar en los primeros proyectos de Europa".

Según Fernández, el concejal de Urbanismo dijo hoy en la Comisión del área que desconoce si por parte de la Consejería de Cultura se pidió algún tipo de licencia o autorización para dicha actuación, por lo que el edil del PP reprochó la "falta de control" o la "falta de transparencia" en el supuesto de que lo sepa "pero no quiera informar" a la oposición.Así, resaltó que en dicha actuación debería cumplirse con los criterios apuntados la ficha del Catálogo Urbanístico de Gijón, donde se indica que las intervenciones "deberán mantener los elementos decorativos y constructivos originales significativos conservados en los interiores".

"A los ciudadanos se les aplica con todo rigor el catálogo pero no es así cuando se trata del Principado y de la consejera de Cultura, Mercedes Alvarez", dijo recordando que fue también concejala del mismo área en Gijón. Por su parte, Pecharromán señaló que el PP ha registrado tanto en el Ayuntamiento como en la Junta General preguntas sobre quién autorizó esa intervención para "conocer responsabilidades", a la vez que apuntó como responsables a Sanjurjo por la "falta de control", al concejal de Educación y Cultura, Justo Vilabrille, y a la consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Alvarez.Además, criticó la forma de llevar a cabo la actuación en un edificio que calificó de "emblemático" para la ciudad y que por tanto cuenta con una "protección integral", es decir del máximo nivel.

Así, considera que el caso de los mármoles es "un ejemplo más" de la actuación de los gobiernos autonómico y local en el "cortijo socialista".El edil explicó que al tratarse de un bien protegido, para ejecutar una actuación tiene que pedirse una licencia al Ayuntamiento y éste enviar una comunicación a la Consejería de Cultura para que confirme que se puede hacer. "Es paradójico que la Consejería protagonice esta situación", lamentó preguntándose "qué ejemplo se da a los ciudadanos si se puede hacer desde la propia Administración sin autorización". Por ello, instó a la Administración a que las actuaciones se realicen siempre con "especial mimo y cuidado para velar por La Laboral".

Junto a las deficiencias en el alicatado o la presencia de agujeros en las paredes «por los que entran hasta ratones», Crego destacó la situación del garaje del bloque de viviendas «que no se ha utilizado desde la construcción del edificio porque no reúne las condiciones para ser utilizado como tal». Según el edil, este abandono, y el hecho de que ningún vecino tenga las llaves del portón de entrada al mismo, lleva a que esta construcción en el subsuelo del edificio «se convierta en un foco de residuos y de roedores, con los consecuentes problemas de salubridad». Aseguró, además, que los vecinos tampoco tienen llaves del ascensor «y si alguien se queda atrapado en el interior, no se le puede ayudar».

Los concejales criticaron que «para solucionar cualquier asunto o hacer cualquier reclamación» los inquilinos tengan que desplazarse a Oviedo, por lo que pidieron que se abra «de forma inmediata» una delegación de Vipasa en Gijón. No obstante, plantean esta solicitud como una medida provisional, ya que en su opinión debería ser el Ayuntamiento el que se ocupe de gestionar las viviendas promovidas por Vipasa «como en su momento propuso la propia Izquierda Unida, pero con la boca pequeña y sin que lo haya llevado a la práctica».

Según explicó el concejal en rueda de prensa, en el mes de abril "tradicionalmente" había un repunte del empleo o una bajada significativa del paro al ser una época asociada con la actividad de Semana Santa. Por ello, para el edil del Partido Popular el descenso registrado en el pasado mes de abril significa que hay una "crisis profunda" en la que el sector "más perjudicado" es el de los servicios, mientras que otros sectores como la construcción están más estabilizados.

 Al respecto, Gabriel Díaz remarcó que en el sector de los servicios se ha registrado un incremento interanual del paro del 68 por ciento y que aumenta el "paro psicológico", al que se refirió en relación con la reducción del gasto y el temor de los trabajadores al conocer los despidos de compañeros. Gabriel Díaz aprovechó también para reclamar a la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, el cumplimiento de su compromiso de generar 10.000 puestos de trabajo en la ciudad.

"Cuando se hace una promesa y luego no se cumple, se tendría que cambiar de políticas y personas. Pero nada ha cambiado este equipo de gobierno", comentó. Por ello, reiteró su exigencia de creación de empleo y cifró "la deuda de la alcaldesa" con Gijón en 13.900 puestos de trabajo.

Además, reprochó que Gijón sea el único ayuntamiento de Asturias que no ayuda al Banco de Alimentos. Así, en relación con la Comisión de Políticas Integrales en la que compareció hoy la concejala del área, Esperanza Fernández, a petición del Partido Popular, la edil del PP señaló que Fernández confirmó el aumento de un 25% para las partidas destinadas a estas entidades pero "no presentó ninguna propuesta". Por ello, García instó al Ejecutivo local a ser más proactivo y "tener iniciativas". Recordó que el PP había propuesto comedores para desempleados, y señaló que si al equipo de Gobierno no le gusta esa idea que ofrezca vales de comida o lleve a cabo alguna otra actuación que permita mitigar la difícil situación de muchas familias gijonesas. Además, apuntilló que el Grupo Popular lleva tiempo pidiendo que no se reduzcan las ayudas a las mujeres con hijos a su cargo y que sean complementarias del Salario Social Básico. En este sentido, reprochó la "contradicción" de Esperanza Fernández al afirmar públicamente que estas mujeres son una de las prioridades de su Concejalía y "al mismo tiempo recortar el presupuesto" de esas ayudas.